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Funcionarios y pensionistas ganan poder adquisitivo por la caída de precios

Con la tasa de inflación en negativo desde abril, los empleados públicos ganan más de dos puntos y medio de capacidad de compra

Protesta en defensa de las pensiones en Bilbao el pasado 21 de diciembre.
Protesta en defensa de las pensiones en Bilbao el pasado 21 de diciembre.H.Bilbao (Europa Press)
Manuel V. Gómez

Los precios están bajo cero desde abril. Se tome la inflación media del año o la comparación con la situación de hace 12 meses, el índice de precios al consumo (IPC) mira hacia abajo. En diciembre, la tasa de inflación se situó en el -0,5%, dejando la media anual en el -0,3%. Esta situación —tan preocupante económicamente por su intenso flirteo con la deflación— ha permitido que al menos unos 13 millones de personas ganen poder de compra. Son los pensionistas, cerca de 10 millones, y los 3,3 millones de trabajadores públicos. A los primeros, las prestaciones les subieron un 0,9% en enero; a los segundos, los sueldos, un 2%, que puede llegar hasta el 2,3%, si se confirma lo anunciado este mes por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.

Tanto los pensionistas como los funcionarios llevan más de un año aumentando su poder adquisitivo. Estos últimos, en realidad, ya recuperaron en 2018 parte de lo perdido durante la crisis anterior tras el pacto salarial —y de empleo— alcanzado con el entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Ese año el incremento de las remuneraciones en las plantillas públicas fue del 1,95% y el siguiente, del 2,5%. En ambos ejercicios, la media de la inflación durante el ejercicio quedó por debajo, como ha sucedido en 2020.

Los pensionistas, por su parte, ya vieron cómo sus prestaciones se revalorizaban en 2019. El aumento de las pensiones a comienzos de año fue del 1,6% (porcentaje pactado por el Gobierno del PP y el PNV para sacar adelante los presupuestos de 2018) y el IPC, por su parte, cerró el año con una subida media del 0,7%. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido una de las recomendaciones más contundentes del Pacto de Toledo y está ahora en la mesa de negociación entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales. Para asegurarlo y, al mismo tiempo, evitar estas situaciones de mayor subida de prestaciones que de precios, el Gobierno baraja algún mecanismo de compensación, con la limitación de que las pensiones no puedan bajar aunque el IPC sea negativo.

Estos avances son menores si en lugar de tomar los datos del IPC general se utilizaran los de la inflación subyacente, en la que se eliminan del índice la evolución de los carburantes y de los alimentos frescos no elaborados, mucho más volátiles. Esta última no ha incurrido en terreno negativo durante todo el año, aunque sí que ha ido perdiendo fuerza conforme pasaban los meses, pasando del entorno del 1% en que se movía desde comienzos de 2019 a un exiguo 0,2% en noviembre. Esto se debe, principalmente, a los precios de los combustibles, que hasta noviembre (último dato detallado) mostraban desplomes que superaban el 13%.

Para los pensionistas —no así con los funcionarios—, la situación se invertiría, es decir, perderían poder de compra, si, en lugar de los medidores más clásicos de los precios (IPC general y subyacente), se acudiera a la evolución de uno de los índices que ha elaborado el INE para los productos más consumidos durante la pandemia. El llamado índice de “bienes covid-19”, que toma alimentos, bebidas, tabaco, productos de limpieza del hogar y comida para animales, registra un aumento medio en el último año del 1,8% y uno interanual en diciembre del 0,8%, el dato más bajo del año.

En cambio, si se utiliza otro de esos índices puestos en marcha por el INE en estos meses, las ganancias de poder adquisitivo se acentúan. El indicador “servicios covid-19” (luz, alquiler, calefacción, agua, teléfono, música, seguros o TV de pago) lleva más de un año completo por debajo de cero: su media de los últimos 12 meses es de -2,6%.

Junto a los pensionistas y a los funcionarios, es muy probable que haya también un importante grupo de asalariados del sector privado que vaya a ganar poder adquisitivo. Esto se aprecia en las cifras brutas de la negociación colectiva, que registran un aumento medio del sueldo pactado en convenio del 1,9%. No obstante, el volumen concreto de este grupo es mucho más difícil de cuantificar, tanto por la gran destrucción de empleo que hubo en los primeros compases de la pandemia (casi un millón de empleos) como por los ERTE (cuando alguien está afectado por este tipo de ajustes, y llegó a haber 3,4 millones de asalariados, percibe una prestación que equivale al 70% de su sueldo). Estos dos fenómenos han tenido un impacto muy grande sobre las rentas de los trabajadores del sector privado. Esto se ve en las previsiones del Ministerio de Economía, que en sus pronósticos para el mercado laboral este mismo año señala que la remuneración agregada de todos los asalariados caería un 5,5%.

El IPC modera su caída en diciembre

La tasa de inflación frenó un tanto su caída en diciembre y se situó en el -0,5%, tres décimas por encima de la de noviembre, por el aumento de precio de la electricidad y los carburantes, según ha adelantado este miércoles el INE. El índice permanece por noveno mes consecutivo en terreno negativo, al que cayó en abril por el impacto de la pandemia, pero recupera pulso al después de dos meses en el -0,8%.

Según el instituto estadístico, la mejora de la tasa se debe a la subida de los precios de la electricidad, alza que además compara con la rebaja experimentada en diciembre del año pasado. También empuja hacia arriba el índice la evolución de los precios de los carburantes y combustibles, que subieron en diciembre más de lo que lo hicieron en diciembre de 2019. No obstante, el INE no especifica las subidas de los distintos productos y servicios de la cesta con la que elabora el índice, al tratarse del dato adelantado, que se confirmará el próximo 15 de enero.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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