Funcionarios y pensionistas ganan poder adquisitivo por la caída de precios

Los precios están bajo cero desde abril. Se tome la inflación media del año o la comparación con la situación de hace 12 meses, el índice de precios al consumo (IPC) mira hacia abajo. En diciembre, la tasa de inflación se situó en el -0,5%, dejando la media anual en el -0,3%. Esta situación —tan preocupante económicamente por su intenso flirteo con la deflación— ha permitido que al menos unos 13 millones de personas ganen poder de compra. Son los pensionistas, cerca de 10 millones, y los 3,3 millones de trabajadores públicos. A los primeros, las prestaciones les subieron un 0,9% en enero; a los segundos, los sueldos, un 2%, que puede llegar hasta el 2,3%, si se confirma lo anunciado este mes por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.

Tanto los pensionistas como los funcionarios llevan más de un año aumentando su poder adquisitivo. Estos últimos, en realidad, ya recuperaron en 2018 parte de lo perdido durante la crisis anterior tras el pacto salarial —y de empleo— alcanzado con el entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Ese año el incremento de las remuneraciones en las plantillas públicas fue del 1,95% y el siguiente, del 2,5%. En ambos ejercicios, la media de la inflación durante el ejercicio quedó por debajo, como ha sucedido en 2020.

Los pensionistas, por su parte, ya vieron cómo sus prestaciones se revalorizaban en 2019. El aumento de las pensiones a comienzos de año fue del 1,6% (porcentaje pactado por el Gobierno del PP y el PNV para sacar adelante los presupuestos de 2018) y el IPC, por su parte, cerró el año con una subida media del 0,7%. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido una de las recomendaciones más contundentes del Pacto de Toledo y está ahora en la mesa de negociación entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales. Para asegurarlo y, al mismo tiempo, evitar estas situaciones de mayor subida de prestaciones que de precios, el Gobierno baraja algún mecanismo de compensación, con la limitación de que las pensiones no puedan bajar aunque el IPC sea negativo.

Estos avances son menores si en lugar de tomar los datos del IPC general se utilizaran los de la inflación subyacente, en la que se eliminan del índice la evolución de los carburantes y de los alimentos frescos no elaborados, mucho más volátiles. Esta última no ha incurrido en terreno negativo durante todo el año, aunque sí que ha ido perdiendo fuerza conforme pasaban los meses, pasando del entorno del 1% en que se movía desde comienzos de 2019 a un exiguo 0,2% en noviembre. Esto se debe, principalmente, a los precios de los combustibles, que hasta noviembre (último dato detallado) mostraban desplomes que superaban el 13%.

Para los pensionistas —no así con los funcionarios—, la situación se invertiría, es decir, perderían poder de compra, si, en lugar de los medidores más clásicos de los precios (IPC general y subyacente), se acudiera a la evolución de uno de los índices que ha elaborado el INE para los productos más consumidos durante la pandemia. El llamado índice de “bienes covid-19”, que toma alimentos, bebidas, tabaco, productos de limpieza del hogar y comida para animales, registra un aumento medio en el último año del 1,8% y uno interanual en diciembre del 0,8%, el dato más bajo del año.

En cambio, si se utiliza otro de esos índices puestos en marcha por el INE en estos meses, las ganancias de poder adquisitivo se acentúan. El indicador “servicios covid-19” (luz, alquiler, calefacción, agua, teléfono, música, seguros o TV de pago) lleva más de un año completo por debajo de cero: su media de los últimos 12 meses es de -2,6%.

Junto a los pensionistas y a los funcionarios, es muy probable que haya también un importante grupo de asalariados del sector privado que vaya a ganar poder adquisitivo. Esto se aprecia en las cifras brutas de la negociación colectiva, que registran un aumento medio del sueldo pactado en convenio del 1,9%. No obstante, el volumen concreto de este grupo es mucho más difícil de cuantificar, tanto por la gran destrucción de empleo que hubo en los primeros compases de la pandemia (casi un millón de empleos) como por los ERTE (cuando alguien está afectado por este tipo de ajustes, y llegó a haber 3,4 millones de asalariados, percibe una prestación que equivale al 70% de su sueldo). Estos dos fenómenos han tenido un impacto muy grande sobre las rentas de los trabajadores del sector privado. Esto se ve en las previsiones del Ministerio de Economía, que en sus pronósticos para el mercado laboral este mismo año señala que la remuneración agregada de todos los asalariados caería un 5,5%.