Tribuna
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Hay vacuna contra la pobreza

Solamente se han aprobado el 14% del millón de solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital que se tramitaron desde el mes de junio

Mensajeros de la Paz inaugura la primera descarga para La Gran Recogida de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid en la iglesia de San Antón, el 20 de noviembre.
Mensajeros de la Paz inaugura la primera descarga para La Gran Recogida de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid en la iglesia de San Antón, el 20 de noviembre.J.J. Guill�n (EFE)

Vivimos en una sociedad que se ha instalado en la emergencia social, en un escenario de precariedad y falta de oportunidades. En España, más de doce millones de personas malviven en la pobreza. La pobreza estructural, la precariedad, el incremento de las desigualdades y la ausencia de movilidad social son rasgos del ADN de un nuevo modelo de sociedad en el que ya nos encontramos. El Ingreso Mínimo Vital debe ser la vacuna más eficaz contra la pobreza. La pobreza se resuelve con recursos económicos (bien a través del empleo o de prestaciones públicas).

Pobreza energética, insolvencia alimentaria, pobreza habitacional, pobreza infantil, feminización de la pobreza… = POBREZA. Solo son manifestaciones de un mismo problema. Por eso son tan poco eficaces las ayudas específicas que son un auténtico limosnero, burocratizado y que estigmatiza y denigra a quienes deben solicitarlas. Las colas del hambre son el fracaso estrepitoso de las políticas públicas y la justicia social. Para paliar la carencia de rentas es preciso implementar el derecho de ciudadanía que se ha aprobado, simplificando los procedimientos burocráticos.

La tozudez del ministro Escrivá ha generado la frustración y el desasosiego de 647.133 familias que se encuentran atrapadas en el laberinto burocrático de una ley esperanzadora con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables. Decía Piketty: “el carácter más o menos sostenible de la desigualdad tan extrema depende no solo de la eficacia del aparato represivo, sino también –y tal vez, sobre todo– de la eficacia del aparato de justificación”

Solamente se han aprobado el 14% del millón de solicitudes que se tramitaron desde el mes de junio pasado, y los requisitos establecidos deniegan casi el 60% de las solicitudes. De consolidarse esta tendencia, el Ingreso Mínimo Vital apenas se aprobará para unos 400.000 solicitantes. Ni siquiera la mitad de los 850.000 cacareados por el gobierno y solo a un 10% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España.

Pobreza no es necesariamente exclusión. Pero si estas situaciones se prolongan, incluso en nuevas generaciones que crecen entre privaciones y falta de oportunidades, pueden suponer el paso a la exclusión, en una diabólica espiral de la que cada vez van a tener más difícil salir. La exclusión suele ser desmotivación, ruptura con la sociedad, aislamiento… en ocasiones puede derivar en situaciones conflictivas y conductas asociales.

Si la exclusión se concentra en determinados colectivos o territorios, será una grave amenaza para la convivencia. Todo tiene un límite, y una vez traspasado, será muy difícil recomponer los modelos de convivencia positiva de los que aún disfrutamos. Por eso es una gran irresponsabilidad no intervenir cuando aún estamos a tiempo.

Le solicitamos al ministro que ponga en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las Comunidades Autónomas, que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas se orienten a la garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral. Esta es la segunda dosis de la vacuna para combatir la exclusión social.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

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