Hacienda confirma que hay una “demanda creciente” para investigar cambios ficticios de domicilio

En plena tormenta sobre la armonización de los tributos autonómicos, la Agencia Tributaria (AEAT) ha confirmado que hay una “demanda creciente” por parte de las regiones para investigar cambios ficticios de domicilio fiscal. Así lo ha asegurado el director de la AEAT, Jesús Gascón, en la clausura del XXX Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, que se ha celebrado este jueves de forma virtual.

Aunque esta tarea no aparezca de forma explícita en el último plan estratégico de la Agencia, Gascón ha asegurado que “todos los años hay un apartado de las directrices del plan de control dedicado a la colaboración con las comunidades autónomas, en el que se menciona expresamente el procedimiento de control de domicilios fiscales”. Estos controles tienen el objetivo de detectar cambios fraudulentos de domicilio de una región a otra con impuestos más bajos, normalmente los que gravan el patrimonio y las herencias y donaciones, que están totalmente cedidos a las autonomías.

Las palabras de Gascón llegan en un momento en el que hay fuego cruzado entre la comunidad de Madrid y el Gobierno central, ante la enmienda de ERC a los Presupuestos para elevar la imposición sobre el patrimonio y la intención de Hacienda de armonizar los tributos cedidos ―algo que estaba contemplado desde hace tiempo―. La región de la capital es la única que bonifica al 100% el impuesto sobre el patrimonio ―y aplica generosos descuentos a tributo sobre herencias y donaciones―, razón por la cual otras autonomías la acusan de competencia desleal aunque la ley otorgue a las comunidades plena capacidad normativas sobre los gravámenes que tienen cedidos.

Entrada en domicilios

Gascón ha hecho también referencia a otro asunto que ha levantado ampollas en las últimas semanas: la entrada de los inspectores en los domicilios (residencia o empresa) de los contribuyentes para realizar comprobaciones cuando hay sospechas de fraude. “Queda claro que necesitamos un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación de la inspección”, ha señalado. “Estamos en análisis y a ver qué sucede”.

La controversia nació por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que Hacienda no puede realizar el registro sin notificarlo de manera previa al declarante, ya que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional. Pocas semanas después, al ser preguntado en el Congreso de los Diputados sobre el fallo, Gascón defendió el efecto sorpresa de las inspecciones en los domicilios, alegando que un aviso previo no parece “muy efectivo cuando existe la posibilidad de destrucción de pruebas”.

“El Supremo se pronuncia sobre un caso concreto, y dice que la actuación no estaba lo suficientemente motivada para la entrada judicial. Sobre eso tenemos poco que decir, no hay debate”, ha insistido Gascón este jueves. “Lo que también dice el Supremo, que creo que es lo que hay que analizar, es que para realizar la entrada en un negocio es necesario haber comunicado previamente el inicio actividad inspectora. Mi reflexión en el Parlamento es que así va a ser muy poco eficaz, y dije que habíamos abierto un debate interno y que podía llegar hasta el Parlamento”.

Gascón ha recordado que el 97% de las actuaciones se dirige a personas jurídicas, no físicas, y que hay poca conflictividad. El importe medio liquidado gracias a estas actuaciones, ha señalado, es de unos 500.000 euros. “El porcentaje de ingresos en el periodo voluntario es más alto que lo habitual, y el comportamiento después es mejor”.