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Bruselas considera que el Gobierno hincha en 1.000 millones los ingresos por las nuevas tasas y la lucha contra el fraude

La Comisión pide un “seguimiento más detenido” al “impacto fiscal” de la subida de las pensiones y los sueldos de los funcionarios

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombroviskis.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombroviskis.Delmi Álvarez (EL PAÍS)
Lluís Pellicer

España no ha tenido que sudar este año para que su borrador de Presupuestos pase el examen de Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea ha vuelto a exhibir sus diferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez por la recaudación fiscal. El Ejecutivo comunitario cree que las cuentas hinchan en un 60%, unos 1.000 millones de euros, los ingresos fiscales en tres grandes partidas: la llamada tasa Google, el tributo sobre las transacciones financieras y los fondos que se pretende aflorar mediante la lucha contra el fraude fiscal.

El Gobierno espera la mayor recaudación de impuestos de la historia en 2021 a pesar del batacazo económico. La Hacienda española cuenta con ingresar 222.107 millones de euros, superando con creces la cifra de 2019. El borrador presupuestario estimó que las nuevas figuras fiscales que incluye el Presupuesto equivalen al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), pero la Comisión lo rebaja al 0,1% del PIB en el documento de trabajo que acompaña la opinión sobre el Presupuesto de España, publicados este miércoles.

Esa diferencia, que otros años hubiera sido clave en el veredicto sobre las cuentas, se explica por “las incertidumbres” sobre la “implementación” y el “rendimiento” que darán esos impuestos y porque algunos no habían sido formalmente anunciados o detallados en el borrador. Tal y como ha sucedido en ejercicios anteriores, la brecha entre Bruselas y Madrid está sobre todo en la tasa digital y la de transacciones financieras. En ambos casos, la Comisión cree que el gobierno ha sobreestimado la recaudación.

El documento remitido por el gobierno a Bruselas indica que el gobierno espera ingresar 850 millones de euros por la tasa Tobin, que gravará con un 0,2% la adquisición de acciones de las mayores compañías españolas. Sin embargo, teniendo en cuenta el funcionamiento de ese tributo en otros países, la Comisión cree que la recaudación será la mitad: 425 millones de euros.

Tendencia ascendente del gasto

También hay diferencias respecto a la tasa Google, aunque la brecha no es tan amplia. El gobierno prevé que obtendrá 968 millones de euros al gravar el negocio de los gigantes tecnológicos en los ámbitos de la publicidad, la intermediación y los datos. Bruselas estima que solo logrará unos 800 millones, de acuerdo también a lo observado en otros países. La Comisión, además, vuelve a tener dudas sobre la capacidad del plan contra el fraude fiscal para levantar 828 millones de euros. Las incertidumbres respecto a esas medidas, que van desde la limitación de pagos en efectivo al control sobre paraísos fiscales, llevan al Ejecutivo comunitario a reducir el rendimiento esperado a 425 millones. La Comisión no ha valorado, en cambio, otros tributos como la imposición verde, el incremento del IVA en bebidas azucaradas o el impuesto sobre el plástico.

Por otro lado, Bruselas también examina el gasto del sector público, otro de los frentes que en otro contexto hubiera ahondado en las diferencias entre la Comisión y el gobierno. La Comisión considera que se mantiene la tendencia del Ejecutivo de gastar por encima de su crecimiento potencial. El documento de trabajo señala, además, que la vinculación de las pensiones y el incremento salarial de los funcionarios deben ser vigiladas. “El impacto fiscal de la (continua) revalorización de las pensiones con la inflación esperada de los aumentos de los salarios públicos merecen un seguimiento más detenido”, señala el documento. Aun así, el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis no se manifestó preocupado por esas medidas, sino más bien por la sostenibilidad financiera de España a medio y largo plazo.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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