La subida salarial de los funcionarios costará unos 1.500 millones entre todas las administraciones

El anuncio de que el Gobierno contempla una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha generado discrepancias tanto en aquellos que se beneficiarán del incremento ―porque lo consideran insuficiente―, como entre los que opinan que la coyuntura pandémica actual no invita a ampliar la partida presupuestaria en esta dirección, sino a otros sectores más castigados, como el fomento del empleo privado o la contratación de personal médico.

Esta línea de presión que se ejerce desde uno de los extremos de la cuerda ―en el que, curiosamente, no existe un acuerdo entre sindicatos y algunos economistas, sino más bien todo lo contrario― choca, en cierta manera, con los planes del Gobierno de llevar a cabo una política expansiva y contracíclica, que permita, también, recuperar el poder adquisitivo de un colectivo de tres millones de trabajadores que viene reclamándolo desde que comenzaran los recortes derivados de la anterior crisis económica de 2008. En un contexto europeo propicio al gasto, algo que no ocurrió en la anterior recesión, el incremento de casi un punto en los salarios de los funcionarios supone, aproximadamente, entre 1.120 y 1.500 millones de euros en la partida presupuestaria, según las distintas fuentes consultadas. Un aumento, que si bien no resulta desorbitado, sí que puede comprometer los recursos en otras materias, como denuncian los críticos con esta medida.

Según recoge el proyecto de los Presupuestos presentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, los gastos de personal de la Administración Central serán de 18.559 millones de euros ―en los del 2020 eran de 17.844 millones―, y una variación del 4,2%.

“No me parece que sea una medida acertada; hay una cuestión discutible, que es que la política fiscal tiene que ser expansiva, está claro, pero ahora mismo el coste de oportunidad de los recursos públicos no demanda una medida como esta”, señala Ignacio Conde-Ruiz, economista y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Su análisis resuelve que la incertidumbre económica y sanitaria por la que atraviesa el país no genera el escenario propicio para dirigir los esfuerzos en esta dirección, algo que choca frontalmente con la opinión de los sindicatos. “Los empleados públicos han estado durante la pandemia en primera línea de fuego. Es verdad que en sectores privados también, pero seguir abundando en la pérdida de poder adquisitivo de un colectivo tan importante y reducir su capacidad de compra también tiene un efecto sobre el crecimiento económico que habría que constatar", apunta Paco García, coordinador del Área Pública de CC OO, el sindicato con mayor apoyo en la Función Pública.

Los tres sindicatos con mayor representación en la Administración Pública, CC OO, UGT y CSIF, acudieron este lunes a la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que, según reconocen algunos de los asistentes, se les trasladó directamente una resolución que no se llevó a negociación. Unas formas que denuncian como improcedentes, y que han generado un enorme malestar. “Lamentamos las formas, porque ponen en entredicho cualquier espíritu razonable de diálogo social”, asegura Julio Lapuerta, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. “El Gobierno, por prisas e improvisación, ha perdido la oportunidad de dejarse acompañar con un grado de comprensión mayor que el que hubo ayer [por este lunes] en la mesa, por hacerlo mal y no dar las explicaciones”, añade Lapuerta, que asegura, sin embargo, ser consciente del esfuerzo que supone para el Ejecutivo determinar esta subida. “No se nos escapa, formamos parte de esta sociedad, conocemos la situación de nuestro país y del estado de la economía por culpa de la pandemia”, remacha el representante de UGT.

Sin embargo, este punto, el que tiene que ver con que un aumento de recursos ―por pequeño que sea― generará una mayor actividad económica, también es otro aspecto polémico. “Si tres millones de personas siguieran viendo mermada su capacidad adquisitiva esto tendría un impacto económico visible”, señala García, de CC OO. Pero Conde Ruiz, discrepa/contrapone: “Lo lógico es que [ese incremento] lo acaben ahorrando. En situaciones así la gente no lo gasta, lo ahorra, por lo que no vas a tener el efecto multiplicador del gasto con estas partidas. En otro tipo de crisis quizás sería distinto”. La tesis de los sindicatos es compartida por muchos otros economistas, como el exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, partidario de llevar a cabo políticas contracíclicas que vayan en contra de los recortes y la contención habituales en anteriores crisis financieras, y que, en su opinión, se mostraron ineficientes.

Gasto consolidado, no variable

La revalorización del sueldo de los empleados públicos, caballo de batalla de Unidas Podemos dentro del seno del Gobierno de coalición finalmente admitido por el PSOE, se sitúa en línea con la subida de las pensiones, que también será del 0,9%, según el borrador que trasladó el Gobierno a Bruselas la semana pasada. Sumados estos dos porcentajes, su peso final sería, en opinión de los economistas, de entre 4.000 y 5.000 millones de euros entre todas las Administraciones Públicas. Una cantidad excesiva para algunos de ellos. “Es una cantidad que le metes al gasto de los presupuestos para siempre. Quizás habría que haberlo hecho en vía variable, que no consolide. Una medida que sea solo de apoyo. Es verdad que es un año en el que no van a ponerte problemas desde Bruselas, pero cada euro que vas a gastar ahí no lo vas a poder gastar en otras partidas que son más justas que estas”, advierte Conde-Ruiz.

Aun así, esta subida conjunta no es para algunos sindicatos una buena medida en su totalidad, ya que no añade, en el caso de los funcionarios, una de las excepciones que sí contemplan las pensiones, la de que habrá una revisión en función de la recuperación económica para garantizarlas. “Se ha quedado muy cerca de decir que las expectativas para los años venideros de una recuperación rápida, cuando la pandemia deje vivir y trabajar, garantice a los funcionarios, de la misma manera que hace con los pensionistas, la no pérdida del poder adquisitivo por culpa de la pandemia”, amplía Lapuerta.

Después de que se llevase a cabo la anterior subida del 2%, los representantes de los trabajadores públicos estiman que el porcentaje de pérdida de poder adquisitivo se ha bajado hasta el 8% en la última década. Un baremo que consideran que ha de remediarse con la aprobación de una nueva mejora para los próximos tres años. “Es de justicia reconocer el esfuerzo que se hace desde los servicios públicos para estar a la altura de las circunstancias, como el que están haciendo los médicos, los docentes, los empleados de la Seguridad Social, los que han estado gestionando los ERTE... Parece que en los servicios públicos no se hubiera perdido empleo, pero la realidad no es esa. Durante los años de la crisis se perdió empleo público de forma considerable y todavía no hemos recuperado esos niveles previos a los recortes”, lamenta García.

La batalla por ajustar esa subida y su ecosistema no ha terminado para los representantes de los trabajadores. “Durante todo el trámite parlamentario del Gobierno vamos a ver qué vías de mejora podemos ofrecer. Pero en estos momentos el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de reivindicar lo público, de salir en defensa de lo público, de su reputación y de su necesidad”, suscribe Lapuerta.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que alcanza un total de 28.055 plazas, de las cuales 20.658 se aprueban para la Administración Pública Estatal, que se suman a las 7.397 ya aprobadas: 5.540 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y 1.857 para las Fuerzas Armadas (FFAA). 18.323 de estas plazas son para la Administración General del Estado, de las que 9.327 serán de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, siendo esta última cifra la mayor convocada en la historia de la Administración General del Estado.