El Pacto de Toledo aprueba su informe para la reforma de pensiones con un contundente respaldo político

El Pacto de Toledo dio este martes un paso de gigante con la intención de reforzar el sistema público de pensiones y su sostenibilidad financiera en el tiempo. Tras cuatro años de trabajo, salpicado por parones obligados por las sucesivas convocatorias de elecciones, la comisión aprobó por fin el texto que servirá de guía para la próxima reforma de las pensiones que tendrá que afrontar el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Y lo ha conseguido con un amplio respaldo entre los grupos parlamentarios: solo contó con las abstenciones de EH Bildu y ERC y el voto en contra de Vox.

La aprobación de las recomendaciones —han pasado casi 10 años desde que se aprobaron las últimas— supone un hito, especialmente por los apoyos recabados de la mayoría de formaciones. “Es muy importante este acuerdo y se ha conseguido en un momento difícil, en medio de la pandemia”, destacó la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio. El texto sumó 30 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

En este caso, se recogen una serie de consejos: al no ser una comisión legislativa, solo emite informes. La semana pasada, la mesa y portavoces pactaron el documento casi definitivo que se aprobó este martes con ligeras modificaciones finales. Todavía puede sufrir nuevos cambios antes de que se vote en las próximas semanas en el pleno del Congreso que, en principio y dado el apoyo conseguido en la comisión, se aprobará con holgura. Y luego ver en qué forma recoge estas sugerencias y cómo las desarrolla el Ejecutivo. En concreto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien tendrá que negociar su traducción en la Ley General de Seguridad Social con los agentes sociales.

“Estas recomendaciones marcan el camino. Mantener la revalorización de las pensiones con el IPC es un logro de los pensionistas que lo han reclamado, no nuestro. Ahora toca hacer seguimiento de los acuerdos y afrontar los nuevos retos que surjan”, aseguró Mercè Perea, portavoz socialista. Por parte del PP, que anunció el lunes que se sumaría al acuerdo, Tomás Cabezón destacó la importancia del pacto: “Se garantizan las pensiones y afrontamos políticas a largo plazo para lograr el equilibro del sistema. Todos estamos de acuerdo en que hay que defender nuestro sistema público de pensiones”.

Entre los puntos recogidos destacan los que tienen el objetivo de cerrar el déficit que arrastra el sistema desde 2011, así como los ajustes para afrontar la próxima jubilación de la generación del baby boom y el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Según los cálculos de la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en 2050 —uno de los momentos que se espera que haya mayor población jubilada— el gasto en pensiones rondaría el 14,2% del PIB, 3,3 puntos por encima del esfuerzo actual. Aunque, apunta la Airef, si se tocan varios parámetros (por ejemplo, retrasar la edad de jubilación real y ampliar el cómputo de la pensión a 35 años) se podría contener el gasto en casi un punto de PIB.

Por ello, como apuntaron diferentes portavoces en sus intervenciones, para la sostenibilidad del sistema es clave la separación de la financiación entre las pensiones contributivas y los gastos impropios que se incluyen en el sistema, que los deberá asumir el Estado vía Presupuestos Generales. Algo que también ayudaría a contener el gasto en pensiones.

Líneas de reforma

Las recomendaciones recogen asimismo la intención de acercar la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal. Así como que se vuelva a fijar la revalorización de las pensiones basándose en el IPC, una reivindicación de los colectivos de pensionistas desde la última reforma del PP en 2013. También se contempla un cambio en el régimen de cotización de los autónomos para que cotice de acuerdo con los ingresos que tiene y no con una base escogida por el propio trabajador, independientemente de lo que facture, como sucede ahora.

Además, el Pacto de Toledo plantea el desarrollo del ahorro privado (fondos de pensiones) como complemento a las pensiones públicas. No obstante, en esta edición hay una apuesta decidida por los planes colectivos de empleo, los que se negocian en el seno de empresas y sectores por empresarios y trabajadores y no los sistemas individuales, así como la creación de un superfondo de pensiones de promoción pública, como avanzó El Mundo.

Los portavoces parlamentarios elogiaron durante la mañana el esfuerzo realizado para alcanzar un acuerdo en un ambiente bastante distendido, algo poco habitual en el Congreso en los últimos tiempos. Por parte de Unidas Podemos destacaron como fundamental que este acuerdo “blinda el sistema público de pensiones”, dijo Aïna Vidal. A lo que añadió Meri Pita que “se descargará por fin a la Seguridad Social de los gastos impropios del sistema”.

La mayoría de portavoces insistieron asimismo en el espaldarazo que supone el pacto para dar certidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones. Votaron a favor los partidos del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), PP, Ciudadanos, PNV, Junts Per Catalunya y Coalición Canaria. Las abstenciones fueron de EH Bildu y ERC, que optaron por este voto a pesar de reconocer el avance conseguido. No se han sumado, dicen, porque el texto se queda corto.

Vox, por su parte, se quedó solo en el no. Fue el único partido que no se sumó al acuerdo. “No resuelve los problemas de sostenibilidad y el déficit de las cuentas públicas, sino que se traspasa a otro sitio. Esto es un engaño sobre la sostenibilidad del sistema”, defendió Pablo Sáez, de Vox.

Fuera del Congreso, los sindicatos elogiaron el pacto. Comisiones Obreras, por ejemplo, alabó la aprobación del documento con un amplio consenso tras una década sin resultados en el marco del Pacto de Toledo. “Estas recomendaciones tienen que ir seguidas de un proceso efectivo, sincero y eficaz que ha de pilotar el Gobierno con los interlocutores sociales para alcanzar un acuerdo y volver a establecer las condiciones del sistema de pensiones y su equilibrio financiero”, ha reclamado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.