La Autoridad Fiscal ensombrece su previsión del gasto de las pensiones

Hay que empezar a estudiar a y debatir nuevas opciones que garanticen la sostenibilidad de las pensiones. Esta es la recomendación que ha lanzado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que prevé que el gasto destinado a esta partida aumente en 3,3 puntos en 2050 hasta situarse en el 14,2% del PIB. Por ello, y ante la posibilidad de que se concreten escenarios más adversos, el organismo mantiene en pie sus propuestas de alargar la edad efectiva de jubilación y aumentar el periodo de cómputo para el retiro.

La Airef ha revisado sus previsiones sobre el gasto del sistema de pensiones hasta 2050 y los parámetros que lo determinan. Entre estos últimos está la esperanza de vida, que es un factor clave. El organismo que preside Cristina Herrero prevé que la covid-19 la reduzca casi un año en 2020, tanto para hombres (de 80,7 años a 79,8) como para mujeres (de 86,1 años a 85,3). No es su primer retroceso, pero sí el mayor de la serie que registra el INE desde 1975.

No obstante, esta caída quedaría restringida a 2020. Al año que viene se retornaría a la senda habitual, normalmente ascendente. Esta, como otras consecuencias de la covid-19, no ha sido considerada estructural a la hora de hacer las previsiones sobre el futuro del sistema, según explicó Herrero en la presentación del informe, que en esta edición ha elevado algo más el gasto en pensiones previsto para 2050, hasta el 14,2% del PIB del 10,9% actual.

Ese gasto se plantea en un escenario en que se aplica plenamente la reforma de 2011 —que retrasa la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027— y en el que entra en vigor en 2023 el factor de sostenibilidad, que ajustaría la paga inicial de los pensionistas a la esperanza de vida en el momento de jubilarse. No obstante, la Airef señala que para resolver el reto de las pensiones a medio y largo plazo hacen falta más reformas: su opción es “profundizar” en el camino abierto en 2011.

Herrero explicó que esto se traduce en explorar el incremento de años cotizados que se toman para calcular la pensión. En 2022, por la misma reforma de 2011, se llegará a los 25 años: Herrero habló de 35. También contempló el retraso de la edad efectiva de jubilación, una apuesta que también defendió su antecesor en el cargo y ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Elevarla hasta los 66 años ahorraría 1,4 puntos de PIB.

La presidenta de la Airef también señaló que hay que alentar el ahorro privado, aunque no le otorgó un papel clave a la hora de resolver el futuro de las pensiones. “No podemos pretender que esta sea una solución decisiva [...]ni lo sería en términos de equidad”, apuntó.

Como viene diciendo desde hace tiempo, y como se apunta en el Pacto de Toledo, la Airef defiende una mayor transferencia de fondos procedentes de impuestos para pagar las pensiones, de tal forma que al final el déficit no se anote en la cuenta de la Seguridad Social sino en el conjunto del Estado. Justifica esta posición como una herramienta para reducir la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y que los trabajadores tomen sus decisiones con más tranquilidad. También porque en el conjunto de la Administración hay más margen de actuación que en el seno del instituto público. Para hacer ese trasvase, el organismo propone que se paguen con impuestos políticas que ahora se financian con cotizaciones, o que se destine a pensiones parte de las cuotas que se recaudan para desempleo.