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El sector agroalimentario presiona para que se eliminen los aranceles de EE UU

Gobierno de España y UE esperan que se retiren los impuestos en la negociación tras la autorización de la OMC para gravar productos de Estados Unidos

Hugo Gutiérrez
Recolección de aceitunas en una finca del Aljarafe sevillano.
Recolección de aceitunas en una finca del Aljarafe sevillano.PACO PUENTES (EL PAÍS)

El sector agroalimentario se muestra satisfecho por la reciente decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que autoriza a la Unión Europea para imponer un golpe arancelario a Estados Unidos por importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) por las ayudas ilegales concedidas a Boeing. Las principales organizaciones agrarias presionan para que esta baza negociadora desencalle la situación y elimine los aranceles de la Administración de Donald Trump que penalizan a productos españoles como la aceituna de mesa, el aceite o los vinos.

Estos impuestos añadidos han asestado un duro golpe a los productores desde finales del año pasado. A lo que también se ha sumado, por si fuera poco, el impacto de la pandemia. Entre noviembre y mayo se dejaron de exportar unos 200 millones de euros de las mercancías sancionadas si se compara con el volumen del ejercicio anterior, según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura. Cifra similar a la que ofrece la Plataforma de afectados por los Aranceles, con información proporcionada por FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas). Y la factura continúa creciendo por cada mes que se mantienen: al ritmo actual, se dejarán de ingresar unos 400 millones en un año. Es decir, arrasará casi la mitad de lo que se exportó de estos productos en 2018.

Por ello, las organizaciones agrarias de España meten presión y coinciden en su postura tras la decisión del martes de la OMC: el plan debe ser eliminar los aranceles o, si no se consigue, habrá que contratacar. “Creo que puede ayudar para firmar la paz y acabar con la guerra comercial injusta para el sector agroalimentario. Esperemos que se retiren todos los aranceles”, asegura Miguel Blanco, secretario general de COAG. Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), se suma a esta valoración, a la que añade: “Si no se consigue, no quedará otra alternativa que imponer aranceles a productos de Estados Unidos”.

Todas estas palabras se repiten desde cada una de las organizaciones agrarias, así como desde el Gobierno de España. Además, todas las fuentes consultadas coinciden en que existe un factor incontrolable por el momento que puede cambiar el proceso o, al menos, retrasar la negociación. “Queremos que acabe la guerra arancelaria cuanto antes, aunque las elecciones de Estados Unidos en noviembre no ayudarán”, reconoce Pedro Barato, presidente de Asaja.

El Gobierno de España, por su parte, valoró positivamente la decisión de la OMC. Tanto el Ministerio de Agricultura como el de Comercio esperan que no llegue la sangre al río y recogen el guante de las organizaciones del campo. Es decir, apuestan por alcanzar algún tipo de acuerdo entre la Comisión Europea y Estados Unidos que entierre los aranceles. “Esto nos da ventaja en la negociación para eliminar los impuestos aprobados hace casi un año por Estados Unidos”, reconocen fuentes del Ministerio de Agricultura. A lo que añade el ministro del ramo, Luis Planas, en redes sociales: “La Unión Europea debe utilizar con firmeza e inteligencia los medios a su alcance para eliminar los aranceles que pesan, injustamente, sobre el sector agroalimentario”.

Vuelta a la mesa de negociación

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo coincide en esta lectura. De hecho, la ministra Reyes Maroto aseguró el mismo martes que espera el reinicio de las negociaciones para evitar que la UE aplique los aranceles. “Las medidas adoptadas por Estados Unidos han penalizado de forma desproporcionada e injusta a la industria agroalimentaria española, sector que es ajeno al conflicto”, insistió la titular de Comercio.

Cabe recordar que Washington aplicó sanciones a productos europeos por un importe de casi el doble al que se autoriza ahora a la UE: 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) por las ayudas a Airbus. Desde Bruselas se entiende que esta es la última oportunidad para pactar con la Administración de Donald Trump y ofreció renunciar a las represalias si retira sus aranceles. Eso sí, advirtió que en caso de fallar —de nuevo— en su intento actuará para defender sus intereses. En resumen, o hay acuerdo o se produce una escalada de la guerra comercial que perjudicará a ambos lados del Atlántico. De hecho, Maroto adelantó este jueves en TVE que se publicará el listado de artículos con aranceles. “En los próximos días se publicará la lista de los productos que vamos a gravar”. Es decir, Bruselas también se prepara para el peor escenario.

“En ausencia de solución negociada, y de no eliminarse las contramedidas por parte de EE UU, la Unión Europea se verá obligada a ejercer sus derechos a imponer las contramedidas arancelarias oportunas”, afirmó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su comunicado, en línea con lo expresado por Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, nada más conocer la decisión de la OMC. Queda por ver si esta vez Bruselas consigue su objetivo.

La Administración Trump, mientras tanto, recibió la decisión de la OMC de forma tibia: el titular de Comercio, Robert Lighthizer, entiende que Europa no tiene ningún aval para aplicar represalias porque Boeing dejó de obtener ayudas del Estado de Washington, las únicas reconocidas por la Administración Trump. Aunque este jueves la UE confirmó que ya ha recibido una oferta de EE UU para resolver la disputa. Por primera vez. La partida de ajedrez continúa.

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Sobre la firma

Hugo Gutiérrez
Es periodista de la sección de Economía, especializado en banca. Antes escribió sobre turismo, distribución y gran consumo. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS tras pasar por el diario gaditano Europa Sur. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Máster de periodismo de EL PAÍS y Especialista en información económica de la UIMP.

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