“La Administración necesita manos y estamos de brazos cruzados”

“Cuando me saqué la oposición en julio creía que los problemas económicos se iban a acabar”. De momento, sin embargo, la situación de Borja González sigue igual, a la espera de que la Administración del Estado le asigne la plaza que ganó en una convocatoria pública de empleo. Esas pruebas se convirtieron hace dos años en su única ocupación laboral. Hizo un plan con el dinero que tenía ahorrado ―“creía que llegaría a tiempo”, explica― para centrarse en la academia y estudiar. Sus previsiones de entonces marcaban enero de 2020 como el momento en el que empezaría a tener un sueldo. Pero los sucesivos retrasos en las convocatorias de exámenes y en la asignación de plazas han tirado por tierra sus previsiones y sigue sin ocupación ni ingresos.

Con 45 años, separado y con dos hijos, ha tenido que abandonar su apartamento para vivir en un piso compartido y asegura que ahora su horizonte no va mucho más allá “de unos meses”. Espera poder cobrar cuanto antes los entre 1.100 euros y 1.250 de euros que, según sus cálculos, le podría ofrecer de entrada el empleo público, que espera que le toque en Badajoz gracias a que solo tiene cuatro opositores con mejor nota que él en su ciudad natal.

La madrileña María del Saz (31 años) sufre una situación similar. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, abandonó su trabajo hace un año para enrolarse en una academia y preparar las pruebas. “He aprobado y tendría que estar tranquila, pero no. Esto se está alargando hasta el infinito”, dice. Hace un año que no cobra el paro y ahora no tiene ingreso alguno. Vive con su pareja, de los ingresos de este y de los ahorros que todavía le quedan. Pero empiezan a agotarse. “Si en enero no estoy trabajando tendré que pedir a mis padres o a quien sea. Es desesperante. Quiero trabajar de lo que haga falta”, dice de su situación.

Más allá del contexto personal, la historia de González y Del Saz muestran la desesperación de otras casi 4.000 personas que superaron las oposiciones de administrativos y auxiliares administrativos que se celebraron el pasado verano y que están a la espera de una plaza. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública aseguran que las resoluciones definitivas de aprobados se publicaron en junio y julio y que tras las tramitaciones y las consultas a los diferentes ministerios y organismos públicos “la fase de solicitud de plazas por las personas que han superado los procesos se llevará a cabo, previsiblemente, en el último trimestre de 2020”. Esgrimen tres motivos para explicar el retraso. Por un lado, la complejidad de validación de la documentación y el hecho de que las oposiciones cayeran justo al inicio de andadura del Gobierno. Pero destacan sobre todo el impacto que ha tenido la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, que llegó a paralizar los trámites administrativos y a ralentizar todo el procedimiento.

Los argumentos ofrecidos por el Gobierno no acaban de convencer a los afectados, que esgrimen de la necesidad de personal ante el bloqueo que están sufriendo organismos como el SEPE para tramitar los millares de regulaciones temporales de empleo (ERTE) o el ingreso mínimo vital y ponen sobre la mesa que algunos organismos estén acudiendo a la empresa pública Tragsa para cubrir esas vacantes. CC OO denuncia que en los últimos 10 años se han perdido 43.000 plazas públicas en España y que las 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 “no avanzan”, pese a que la mitad de las oposiciones ya cuenta con los aspirantes que han superado las pruebas selectivas.

“El argumento de la covid nos parece una excusa, porque la tramitación de plaza podría hacerse de forma telemática. Nos ofrecemos a ayudar en la actual situación”, explica Mar Rodríguez Nogueira, una gallega de 34 años que el año pasado abandonó su empleo para sacarse las oposiciones.

“La situación para muchos es de desesperación”, relata Héctor Delgado. Su último trabajo lo tuvo hace medio año, como interino en la Inspección del Trabajo de Murcia. Ahora no tiene ingresos, “he buscado trabajo y no he encontrado nada”. Pero le molesta otra cosa: la incertidumbre de no poder saber si la plaza se la darán en Murcia o en Madrid. “Nos gustaría saberlo, imagina que nos dicen que tengo que ir a Madrid y tengo que buscar piso en Navidades”.

“El servicio público siempre me ha gustado, pero yo quería mejorar mis expectativas de vida y tener unas condiciones laborales estables”, explica Gregorio Fernández sobre el motivo de decidirse a luchar por un empleo público. Ahora no le queda otra que esperar que la Administración publique las ofertas de destino y que luego le puedan asignar plaza. “Habitualmente es más rápido. El problema es que se está publicando en todos lados que la Administración necesita manos para sacar todas las tramitaciones adelante y a nosotros nos tienen de brazos cruzados”, afirma este murciano que se autodefine como “el típico joven de la crisis”. Sin trabajo y sin subsidio, no se esconde en reconocer que consigue algunos ingresos de la economía sumergida, trabajando embolsando prendas que fabrica la industria textil murciana mientras espera que le dejen planificar su vida.