Política fiscal e incertidumbre

En su Teoría General, Keynes describió la trampa de liquidez, un punto en el que la política monetaria deja de ser eficaz y recomendaba hacer políticas fiscales expansivas. El paradigma, entonces, era el equilibrio presupuestario cada año. El objetivo del maestro era reventar ese paradigma y pasar al equilibrio a lo largo de todo el ciclo económico. Eso permite aumentar el déficit en las fases recesivas y reducir la volatilidad del PIB y el empleo y la incertidumbre de los agentes privados.

Eso es lo que hizo la Comisión Europea al dejar en suspenso el Pacto de Estabilidad en 2020 y lo acaba de prorrogar para 2021. La política fiscal ha funcionado para parar el impacto de la pandemia sobre la economía. El BCE ha sido determinante ya que ha permitido financiar emisiones récord de todos los países a tipos próximos al 0%. Si estas dos decisiones se hubieran tomado en 1929, seguramente John Steinbeck no habría escrito Las Uvas de la Ira.

Pero la política fiscal tiene problemas que el maestro Keynes obvió para conseguir su loable objetivo. El principal, la inconsistencia temporal. Los planes fiscales tardan en diseñarse, aprobarse e implementarse y cuando los gobiernos llegan, o el incendio está descontrolado o ya ha arrasado el bosque y se ha extinguido. Otro problema es que, en las recesiones, la urgencia te aleja de la senda de estabilidad de la deuda a largo plazo. Cuando pasa la crisis, al país le cuesta sangre, sudor y lágrimas volver a la misma.

En marzo, el diagnóstico del Gobierno fue que la crisis sería transitoria y de mínimo impacto. Luego fue que sería intensa, pero corta. Ahora ya sabemos que ha sido profunda y duradera, y en breve conoceremos el nuevo diagnóstico que el Gobierno enviará a Bruselas.

En marzo, en esta columna, propuse aumentar la regla de gasto, transitoriamente en 2020, a los Ayuntamientos con remanente, condicionada a los planes de inversión del Green Deal europeo. Habría creado empleo, ya estarían preparados los planes para el nuevo fondo europeo y sin aumentar la presión sobre las emisiones de deuda pública. La opción del Ministerio de Hacienda fue apropiarse de sus remanentes para financiar el déficit.

Seis meses después, tras el rechazo mayoritario del Parlamento a esa medida, el Gobierno da un giro de 180 grados y anuncia eliminar las reglas de gasto en 2020 y en 2021 sin detallar qué tipo de gasto estará permitido y si será transitorio o estructural. Algún día, la Comisión volverá a exigir cumplir el mecanismo preventivo y el Gobierno de España tendrá que presentar un plan para llegar al déficit cero estructural a medio plazo.

Si el aumento de gasto en 2020 y 2021 ha sido estructural, exigirá recortes futuros en Ayuntamientos y comunidades. Rajoy lo tuvo que hacer con mayoría absoluta y fue un caos. En esta ocasión, con 120 escaños, pondrá en riesgo nuestra capacidad para financiar la deuda y amplificará la crisis social e institucional. Como sentenció Keynes “a largo plazo, todos muertos”.