El déficit público se dispara al 6,46% del PIB en el primer semestre por la pandemia

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en el 6,5% del PIB hasta el mes de julio, mientras que el del Estado escaló al 5,4% hasta agosto, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, que muestran el impacto de la pandemia en las cuentas públicas.

En concreto, hasta julio el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Por su parte, en los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado se situó en 60.295 millones, lo que equivale al 5,39% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,02% del PIB.

Precisamente hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidos a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

La evolución del déficit del Estado hasta agosto se explica por una bajada de los ingresos del 13,9% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que las medidas para paliar dicha crisis han provocado un aumento del gasto del 18,9%,hasta los 170.775 millones. Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, según destaca Hacienda. Además, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7), de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones.

Los ingresos de impuestos caen un 16%

Los ingresos no financieros se situaron hasta agosto en 110.480 millones de euros, lo que supone una disminución del 13,9% respecto a 2019. Dentro de ellos, los recursos impositivos, que representan el 81% del total, se situaron en 89.463 millones, lo que supone una disminución del 16,1%.

En concreto, destaca el descenso del 13,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 15,6%, hasta los 40.455 millones. Este comportamiento del IVA se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y también a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.

En cualquier caso, Hacienda indica que la reducción de la recaudación del IVA es inferior a la experimentada en meses anteriores. Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden en un 20,4%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 7,1%, mientras que la recaudación por el IRPF se desploma un 27,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades autónomas de la liquidación definitiva de 2018, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 60,3% y las cotizaciones sociales, un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

El gasto crece casi un 20%

Por el lado de los gastos, hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 170.775 millones de euros, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social. Además, a este aumento del gasto hay que sumar el pago de 6.000 millones a las comunidades del primer tramo del Fondo Covid-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

Los consumos intermedios se incrementaron hasta agosto en un 18,3%, crecimiento en el que inciden los 836 millones de gastos derivados de la covid-19; mientras que la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,7% debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Igualmente, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la cooperación internacional corriente, que se incrementa en un 2,3%. Destaca también el incremento de la inversión en un 55%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP-4 y AP-7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso del 10,6% de los intereses, por una menor aportación a la UE (basada en el IVA y la renta nacional bruta) en 745 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones.

Por su parte, hasta julio de 2020 el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 73.026 millones de euros, es decir, el 6,53% del PIB.

Superávit de las Comunidades Autónomas

Dentro del déficit público, las comunidades autónomas han registrado un superávit de 3.062 millones de euros, lo que supone el 0,27% del PIB, frente al déficit del 0,26% del PIB registrado hace un año. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la covid-19.

En concreto, las comunidades han recibido 6.000 millones correspondientes al primer tramo del Fondo Covid-19, 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; y se ha adelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone 447 millones; entre otros. De esta manera, todos los territorios, salvo Navarra y País Vasco, registran hasta julio un comportamiento más positivo que hace un año. Además, a excepción de estas dos regiones y Murcia, el resto están en situación de superávit.

En cuanto al impacto de la covid-19 en sus cuentas, de acuerdo con la información transmitida por las comunidades, dicho impacto alcanza los 4.089 millones en gasto en sanidad.

Finalmente, también se han publicado este miércoles los datos de ejecución de las corporaciones locales en términos de contabilidad nacional correspondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, las corporaciones locales registraron un déficit del 0,26% del PIB. Este resultado, destaca Hacienda, se debe al contexto de crisis sanitaria, social y económica en el que se ha desarrollado la actividad de este subsector desde el mes de marzo, que ha provocado un descenso de los ingresos del 5,3%, mientras que los gastos han crecido en un 1,7%.