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Las discrepancias en el Ejecutivo impiden extender la prohibición de cortar suministros básicos en los hogares

En contrapartida, el Gobierno reformará el bono social eléctrico para dar cabida a los usuarios afectados por la crisis del coronavirus

José Luis Aranda
Pobreza energetica manifestacion
Manifestación contra la pobreza energética, el pasado febrero en Barcelona.massimiliano minocri

El Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la extensión de varias medidas de calado social que se pusieron en marcha como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero entre las mismas no figurará la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los hogares. Fuentes de Unidas Podemos, una de las dos patas del Gobierno de coalición, señalan que su intención “hasta el último momento” ha sido que ese asunto estuviera sobre la mesa, pero la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo lo ha impedido. En contrapartida, añaden esas fuentes, se ha consensuado “una medida intermedia” que consiste en reformar el bono social eléctrico para ampliarlo a más beneficiarios.

Para ello, el Gobierno cambiará los requisitos que permiten acogerse a esa ayuda que ofrece descuentos en la factura de la luz de entre el 25% y el 50%. El cambio consistirá en que para su concesión se tengan en cuenta los ingresos del mes anterior a la fecha de solicitud. Actualmente, para pedir la bonificación se utiliza como baremo la última declaración de renta. Esto haría que, ante la crisis sobrevenida, muchas personas tuvieran que esperar hasta el año que viene, cuando presenten la declaración de este 2020, para que les concedan el bono.

Con la nueva regla, en cambio, podrán acogerse a la ayuda inmediatamente las personas que acrediten estar en situación de vulnerabilidad por la crisis. El criterio que ha seguido hasta ahora el Ejecutivo, tal como fijó en un decreto el pasado 31 de marzo, es que para ello tiene que haber una variación en la situación laboral desde el origen de la crisis sanitaria —como haber sido despedido o estar afectado por un ERTE—, haberse reducido la jornada para cuidado de personas al cargo o, en el caso de autónomos y empresarios, acreditar una pérdida sustancial de facturación o ingresos. Un segundo requisito es que los ingresos de la unidad familiar no superen determinados umbrales.

La medida se aprobará este martes en la misma reunión en la que el Gobierno tiene previsto prolongar algunas de las medidas que puso en marcha al inicio de la pandemia, como las ayudas a autónomos, la moratoria de los desahucios a inquilinos o la extensión obligatoria de los contratos de alquiler que expiren durante la pandemia. La decisión llega in extremis: la mayoría de esas medidas tenían como fecha de caducidad este miércoles.

Lo que sí tiene las horas contadas es la prohibición de cortar suministros básicos (luz, agua y gas) a los consumidores vulnerables. Aprobada el pasado 17 de marzo, con el respaldo de las compañías energéticas, la medida se iba a aplicar inicialmente durante un mes. La medida se extendió en dos ocasiones, quedando fijada como fecha límite el 30 de septiembre. Aunque la intención de Unidas Podemos era prorrogarla de nuevo, no se ha alcanzado un consenso. Tampoco se espera ninguna novedad respecto a otra de las reivindicaciones de la formación de Pablo Iglesias: la extensión de la moratoria del pago de créditos hipotecarios y no hipotecarios que expira este mismo martes.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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