El decreto prohíbe cortar la luz, el agua y el gas a los consumidores vulnerables durante un mes

El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias prohíbe durante un mes, prorrogable, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. La medida cuenta con el respaldo de las empresas energéticas, muchas de las cuales ya han anunciado la posibilidad de fraccionar o aplazar el pago para ciudadanos y pymes. El Ministerio para la Transición Ecológica ya está en contacto con los proveedores de los tres servicios para hacer efectiva la medida.

Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.

La norma también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban. Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.

El suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados.

Con carácter general, tiene esta condición cualquier beneficiario del bono social eléctrico. El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.

Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto Ley aprobado este martes prórroga de forma automática el plazo de los bonos hasta el 15 de septiembre de 2020. A finales de febrero tenían el bono social 1.290.550 unidades familiares. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.

En cuanto a los gases licuados y el petróleo envasado la medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso.

La revisión de los precios de GLP se realiza cada dos meses y el Real Decreto-Ley la suspende para los siguientes tres bimestres. En el caso de la TUR de gas natural, la revisión es trimestral y su suspensión se prorroga seis meses.