Estos son los absueltos por la salida a Bolsa de Bankia

Exconsejero ejecutivo de Bankia, era el hombre de confianza de Rato y uno de los cuatro que integraban la cúpula de la entidad. Fue secretario de Estado de Comercio con el PP. En el juicio alegó que “no pintaba nada” en la elaboración de las cuentas ni en la salida a Bolsa de la entidad. La Fiscalía le pedía la segunda pena más alta: seis años de cárcel por estafa a los inversores y falsedad contable.

Fue presidente de la Generalitat Valenciana durante menos de un año, el tiempo que pasó desde que Eduardo Zaplana dejó el cargo porque fue nombrado ministro y hasta que salió elegido su sucesor oficial, Francisco Camps, en 2003. Olivas ocupó la presidencia de la caja valenciana Bancaja de 2004 a 2012. También fue presidente de Banco de Valencia, vinculado a Bancaja, hasta octubre de 2011. Un mes después el Banco de España lo intervino, lo que provocó su dimisión como vicepresidente de Bankia y BFA. La Fiscalía pedía para él cinco años de prisión por estafa a los inversores.

Exdirector financiero y de riesgos de Bankia, un cargo que también ocupó en Caja Madrid, fue mano derecha de Miguel Blesa en esa entidad, donde se encargó de la gestión de las 'tarjetas black'. Fue el que más gastó con ese tipo de tarjetas opacas entre todos los que fueron condenados, más de 575.000 euros, y recibió una pena de dos años y medio por apropiación indebida y cómplice del delito de apropiación indebida. En el juicio por la salida de Bankia a Bolsa se negó a declarar. La Fiscalía solicitaba una pena de cárcel de dos años y medio como cooperador necesario de un delito de estafa a los inversores.

Socio auditor de Deloitte, una gran mayoría de encausados le acusaron de no haberles advertido de que había problemas con las cuentas de Bankia de 2011. Él negó esa versión durante el juicio y defendió que nunca pudo entregar ni un informe ni un borrador del mismo porque la cúpula del banco no le facilitó algunos datos que le faltaban. La Fiscalía pedía para él dos años de prisión como cooperador necesario de un delito de estafa a los inversores. Además quería que, junto a Rato, Olivas, Fernández Norniella y Sánchez Barcoj; indemnizasen solidariamente a los inversores minoristas personados en el procedimiento.

Fue nombrado consejero delegado de Bankia en mayo de 2011, poco antes de la salida a Bolsa (julio 2011), y ocupó el cargo hasta julio de 2012. Es el cuarto de los miembros de la cúpula de Bankia encausados (junto con Rato, Olivas y Fernández Norniella). Con una reconocida trayectoria previa en el sector financiero, alegó que la operación ya estaba prácticamente organizada cuando él llegó y se fio de los informes que le entregaron. Se le reconoce como uno de los que se opusieron al uso de 'tarjetas black' en Bankia. La Fiscalía le eximió finalmente del delito de estafa y solicitaba un año y medio de cárcel por falsedad contable.

Ministro en diversas carteras durante los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004), llegó a ocupar la Secretaría General del PP en la primera etapa de Rajoy al frente del partido. Fue miembro del consejo de administración y presidente del comité de auditoría de BFA, la matriz de Bankia. La Fiscalía pedía para él una pena de año y medio de prisión por falsedad contable.

Fue interventor de Bankia, a la que se incorporó en verano de 2011 después de la salida a Bolsa. Para la Fiscalía, participó de la “carrera de obstáculos” que la entidad puso al auditor para evitar entregar los datos que necesitaba para emitir su informe sobre las cuentas. Le pedía una pena de dos años como cooperador necesario de un delito de falsedad contable.

Exdirector de auditoría interna de Bankia. Como Sánchez Barcoj, salió del banco cuando José Ignacio Goirigolzarri tomó las riendas. La Fiscalía lo considera el otro responsable de la “carrera de obstáculos” que Bankia puso al auditor Francisco Celma para que no entregara su informe sobre las cuentas de 2011, que se entregaron tarde en la CNMV y con un beneficio de 309 millones y que más tarde se reformularon con pérdidas de más de 3.000 millones. La Fiscalía pedía para él una pena de dos años de cárcel como cooperador necesario en un delito de falsedad contable.

Miembro del consejo de administración de Bankia, donde llegó procedente de Caja Madrid. Dimitió en 2012 porque, según dijo en el juicio, el entonces Ministro de Economía, Luis de Guindos, quería hacer “tabla rasa” en la entidad. La Fiscalía solicitaba un año y medio de cárcel por falsedad contable.

Exconsejera de Bankia entre junio de 2011 y mayo de 2012 y miembro del comité de auditoría. Es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitad de Valencia. La Fiscalía pedía para ella una pena de un año de cárcel sustituible por multa por falsedad contable.

Exconsejero de BFA y miembro del comité de auditoría. También fue consejero de Caja Madrid a propuesta del sindicato CC OO y se vio involucrado en el 'caso de las tarjetas black', por el que fue condenado a un año y tres meses de prisión. La Fiscalía pedía para él pena de un año de prisión sustituible por multa por falsedad contable.

Exconsejero de BFA y miembro del comité de auditoría. También fue presidente de la comisión de control de Bancaja, donde llegó tras ocupar cargos políticas de distinta responsabilidad en el PP valenciano. Entre 1996 y 1999 fue senador. La Fiscalía pedía un año de prisión sustituible por multa por falsedad contable.

Además de los citados anteriormente, la Fiscalía solicitaba la absolución de 17 encausados (no así una acusación particular, que sí pedía condenas para ellos). Son exconsejeros de BFA y Bankia que llegaron a través de las diferentes cajas que se fusionaron, pero no formaron parte de los comités de control y auditoría de la nueva entidad. Muchos son viejos conocidos de la política y algunos, procedentes de Caja Madrid, fueron condenados en el 'caso de las tarjetas black'. Se trata de: Francisco Pons Alcoy (expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios), Francisco Baquero Noriega (exconsejero de Caja Madrid a propuesta de CC OO), Rafael Ferrando Giner (expresidente de la patronal valenciana Cierval y exvicepresidente de Bancaja), Jorge Gómez Moreno (exconsejero de Caja Madrid a propuesta de PSOE), Agustín González González (expresidente de la Diputación de Ávila con el PP), Jesús Pedroche Nieto (expresidente de la Asamblea de Madrid con el PP), José María de la Riva Amez (exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE), Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca (exsecretario de Estado de Hacienda en época de Aznar), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (exsecretario general del PP de Madrid), Juan Manuel Suárez del Toro Rivero (consejero de Bankia en representación de Caja Insular de Canarias y expresidente de Cruz Roja Española), Ángel Daniel Villanueva Pareja (exsecretario del consejo de Bancaja), Arturo Fernández Álvarez (expresidente de la patronal madrileña y exconsejero de Caja Madrid a propuesta de esa organización), Francisco Javier López Madrid (exconsejero de Caja Madrid también a propuesta de la patronal madrileña), José Antonio Moral Santín (exconsejero de Caja Madrid a propuesta de IU), Francisco Juan Ros García (empresario valenciano, llegó a Bankia de la mano de Olivas sin pasar por Bancaja), José Manuel Serra Peris (exsecretario de Estado de Industria y Energía con Aznar), y Antonio Tirado Jiménez (exalcalde de Castellón con el PSOE y luego consejero de Bancaja a propuesta del PP). La Fiscalía también solicitaba la absolución de Bankia, BFA y Deloitte como personas jurídicas.