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Bruselas retoma la batalla legal para obligar a Apple a devolver 13.000 millones por sus ventajas fiscales

La Comisión Europea ha recurrido la decisión judicial que exime a la multinacional de entregar el dinero a Irlanda

La comisaria de Competencia Margrethe Vestager, en Berlín, el pasado 7 de septiembre.
La comisaria de Competencia Margrethe Vestager, en Berlín, el pasado 7 de septiembre.POOL (Reuters)

La Comisión Europea ha decidido este viernes no darse por vencida en su batalla contra Apple. Bruselas ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que dio la razón a la tecnológica en julio, liberándola así de devolver 13.100 millones de euros en impuestos a Irlanda. El varapalo tumbó una decisión de la Comisión de 2016 que obligaba al fabricante del iPhone a reintegrar la multimillonaria suma (más otros 1.200 millones en intereses) por considerar que se trataban de ayudas de Estado percibidas ilegalmente, fruto de acuerdos hechos a la medida de la compañía de la manzana para reducir su factura fiscal.

La sentencia de este verano supuso un severo correctivo a las políticas de la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, embarcada en una cruenta guerra para acabar con la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales, cuyos ahorros de impuestos por beneficios obtenidos en Europa suman cifras estratosféricas. Y pese a que el fallo señaló lo contrario, Bruselas estima que había motivos para reclamar el dinero a Apple. “La Comisión considera que el Tribunal General comete una serie de errores legales en su sentencia”, ha afirmado Vestager en un comunicado publicado este viernes.

En medio de los vaivenes judiciales, Apple incluso llegó a ingresar en un depósito bloqueado por Dublín la cantidad que se le exigía. Una cifra mareante para casi cualquiera, pero muy asumible para un gigante con unas ventas de 59.700 millones de dólares (unos 51.500 millones de euros) solo entre abril y junio de este año. “Tenemos que seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que las empresas paguen su parte justa de impuestos. De lo contrario, el erario público y los ciudadanos se ven privados de fondos para inversiones muy necesarias, cuya necesidad es aún más aguda ahora para apoyar la recuperación económica de Europa”, insistió la política danesa.

Paradójicamente, pese a que el dinero pasaría a engordar las arcas públicas de Irlanda, el país fue uno de los grandes opositores de la decisión de la Comisión Europea. Dublín considera que si se probaran las acusaciones, su imagen quedaría dañada al ser señalada internacionalmente como paraíso fiscal para multinacionales. Y perdería posiciones como destino atractivo fiscalmente para que las grandes empresas establezcan allí su sede, lo que a largo plazo puede hacerle perder inversiones y empleo.

La visión de Bruselas difiere mucho. “Si los Estados miembros conceden a algunas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, están dañando la competencia en la Unión Europea y violando las reglas sobre ayudas públicas”, ha dicho Vestager en referencia a Irlanda.

Las cuentas de la Comisión Europea dicen que Apple dejó de tributar esos 13.000 millones de euros gracias al acuerdo preferente con Irlanda establecido en dos tax rulings en 1991 y 2007. Los tax rulings son acuerdos entre empresas y autoridades fiscales que permiten a las multinacionales hacer transferencias entre filiales del mismo grupo que pueden estar establecidas en otros países en condiciones ventajosas. Para ello, se fijan precios de transferencia entre esas filiales en condiciones de mercado. Pero la Comisión ha constatado que algunos Gobiernos emplean mal dichos sistemas o permiten a las empresas prácticas de las que otras compañías no se benefician, alterando la libre competencia.

Ello supuso que en la práctica Apple pagara solo el 1% en impuestos por sus beneficios de 2003, una tasa que fue reduciéndose hasta el 0,005% de 2014. Al año siguiente, ya bajo la lupa de Bruselas, Apple modificó su estructura, pero ya era tarde para esquivar la denuncia del Ejecutivo comunitario. Cuatro años después, el choque promete prolongarse todavía. Al menos durante varios meses.

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