La empresa que paralizó la mina de Aznalcóllar suma conflictos en cuatro comunidades autónomas

Las sombras de la sospecha planean sobre Emerita Resources, la empresa de matriz canadiense que paralizó la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), al ser admitida a trámite la denuncia de cohecho que presentó contra los miembros de la mesa de contratación y cargos directivos de la Junta de Andalucía tras no lograr su concesión en 2015. La investigación del caso, reabierto por la Audiencia Provincial el pasado octubre tras haber sido cerrado dos veces, ha descubierto una operativa que pone en tela de juicio a la compañía, que también arrastra conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logró la adjudicación de explotaciones que luego no ha desarrollado. Los informes de auditoría revelan, además, que carece de capacidad para afrontar las inversiones a las que se había comprometido, según se ha desvelado durante el proceso judicial.

Emerita Resources es una empresa minera canadiense que cotiza en el mercado bursátil de Toronto para firmas mineras de pequeña dimensión dedicadas a la exploración y explotación de materias primas. La filial española tiene su sede en Sevilla y su cara visible es el geólogo Joaquín Merino, quien ganó notoriedad por la denuncia que presentó en 2015 contra la adjudicación por la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar al gigante minero Grupo México. La denuncia ha sido reabierta dos veces por la sala séptima de la Audiencia Provincial, que preside la juez Mercedes Alaya, tras prosperar los recursos presentados por Emerita. La juez, que cobró popularidad por instruir el caso de los ERE, consideró que quedaban asuntos por investigar y ordenó reabrir el caso en octubre.

Ante eso, la juez titular del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, volvió a llamar a los imputados, que mantuvieron sus declaraciones anteriores. Entre ellos figura Vicente Fernández, quien era secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta cuando se realizó la adjudicación y que tuvo que dimitir de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta circunstancia. Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se remitió al informe realizado en las investigaciones anteriores, durante las cuales salió a la luz el modus operandi del grupo minero. Ahora, una vez terminada la instrucción, se está a la espera de que la juez Fernández dicte el auto que se presume definitivo.

Todo se remonta al concurso celebrado en 2015. En contra de lo que estimó la mesa de contratación a la que acusa de cohecho, Emerita considera que es “el único licitador cualificado restante en el concurso de Aznalcóllar y que, de acuerdo con la legislación española, debería adjudicársele el proyecto”. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada porque no contaba con la solvencia económica ni técnica que se exigía en el concurso, según se apreció entonces. En las bases del citado concurso se establecían, entre otros requisitos, unos fondos propios de al menos el 30% del importe del proyecto (es decir, 196 millones de euros) y una cifra global de negocios en los últimos tres años superior al triple del importe del presupuesto del anteproyecto.

Exigencias que, según calificó la mesa, no cumplía Emerita España: en el ejercicio 2015 tuvo unas pérdidas de 402.889 euros, que se acumulaban a las de años anteriores, y su patrimonio neto era negativo en 1,7 millones. En años posteriores siguió obteniendo pérdidas que obligaron a la sociedad a realizar ajustes contables y saneamientos. La matriz también acumula pérdidas (casi 17 millones de dólares canadienses, unos 10,9 millones de euros, en el último trimestre) con un alto nivel de endeudamiento que hace necesario obtener financiación para continuar con su actividad, según sus informes de gestión.

Inversiones que no llegan

El proceso judicial ha permitido desvelar que los informes de auditoría de sus cuentas, realizados por la firma McGovern Hurley, incluyen una advertencia expresa que pone en duda la “capacidad de la empresa para continuar sus actividades” y llega a afirmar que, con los estados financieros de 31 de diciembre de 2019, “Emerita Resources Corp. y sus filiales no cumplen con el requisito exigido por la Bolsa de Valores de Toronto de disponer de recursos financieros suficientes para el desarrollo de su actividad”. Según estos, se pone en duda la propia viabilidad de la compañía. Y subraya que no tenía solvencia para llevar a cabo las millonarias inversiones anunciadas en diferentes explotaciones en España. Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de la empresa.

A ello hay que añadir que Emerita, una empresa creada en 2009 y presente en España desde 2012, no contaba con experiencia en la explotación minera a la que se enfrentaba, según consideró la mesa de contratación. En el sector es conocido que, además de este episodio judicial que ha paralizado durante cinco años la actividad en Aznalcóllar, apenas ha desarrollado ningún trabajo de investigación o de extracción de minerales a las que se había comprometido en otras tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria), donde ganó adjudicaciones que posteriormente no ejecutó, dejando inactivas las comarcas mineras que se habían esperanzado con las inversiones prometidas.

En el caso de Cantabria, Emerita desembarcó en 2017 anunciando que reabriría la mina de zinc existente en el municipio de Reocín, cerca de Torrelavega, que explotó durante décadas Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo canadiense, en una joint venture con la constructora Aldesa, anunciaron la creación de más de 2.000 empleos y una inversión superior a los 600 millones de euros. Tras ganar la adjudicación que sacó a concurso el Gobierno regional frente a otros seis candidatos y conseguir los oportunos permisos, aseguró que realizaría 145 sondeos mediante la inversión de los primeros 17 millones. Sin embargo, solo consumó seis que, al no dar los resultados esperados, frenaron los siguientes experimentos. El flagrante incumplimiento de los compromisos llevó a la Administración regional a denegar la prórroga de los permisos, que se habían concedido por un periodo de 13 meses, en febrero de este año. Tres años perdidos para la posible reanudación de la explotación minera, que había creado expectativas además en municipios vecinos (Alfoz de Lloredo y Udías) con explotaciones cerradas.

Llovía sobre mojado. En Asturias, en 2015, Emerita había dejado de ejecutar uno de los permisos de investigación otorgado por el Gobierno del Principado al no afrontar el pago de la fianza de algo más de 12.000 euros que exigía la legislación minera. Todavía es más significativo que desde 2017 hasta el pasado 31 de julio, la filial española de la empresa canadiense haya dejado de investigar los recursos mineros de oro y cobre existentes en 2.600 hectáreas de Pola de Allande, en el occidente asturiano, donde también han visto desvanecerse las expectativas.

En Extremadura, por su parte, fue el fondo Forbes & Manhattan el que solicitó el permiso para investigar yacimientos de oro en los municipios de Casas de Don Pedro y Talarrubias y luego se los cedió a Emerita que, sin embargo, no desarrolló ninguna actividad. El pasado enero la Junta de Extremadura resolvió cancelar su relación por el incumplimiento de plazos y condiciones tras varios requerimientos ocho años después de la concesión de los permisos mineros que había concedido.

Mismo patrón

En los tres casos los cánones de actuación siguen el mismo patrón. La empresa —respaldada por el citado fondo de inversión también canadiense Forbes & Manhattan, cuya existencia al igual que la Emerita fueron verificadas por las autoridades autonómicas antes de la concesión— presenta un proyecto en el que se compromete a investigar los recursos mineros. Sin embargo, una vez obtenidos los correspondientes permisos, entra en una situación de impasse, mientras especula en el mercado bursátil de empresas mineras junior existente en Toronto para multiplicar su valor. Fuentes relacionadas con el caso refieren, además, que en la página web de la empresa y en la información ofrecida a la Bolsa de Toronto la empresa afirma que continúa ostentando derechos mineros que ya le han sido caducados. Así, por ejemplo, continúa simulando, apoyándose en fotografías y presentaciones corporativas, que ostenta los permisos de investigación del mineral de zinc que el Gobierno de Cantabria le retiró en febrero de este año.

Este comportamiento, en el que se mantiene la cotización de sus acciones, puede significar la comisión de un presunto delito de fraude tipificado en el Código Penal, pues ofrece a los pequeños inversores la apariencia de ostentar derechos mineros que les fueron retirados por las Administraciones públicas ante la completa parálisis en que habían sumido a los territorios donde decían que estaban investigando el mineral.

En todo caso, la operativa es motivo de preocupación de las administraciones mineras, que subrayan que las resoluciones de las Administraciones autonómicas que han expulsado a Emerita de sus territorios no siempre está al alcance de todos los potenciales inversores, quienes pueden, en cambio, confiar en la apariencia de solvencia de esta clase de empresas. Puede dar fe de ello el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien el pasado 10 de febrero afirmó contundentemente: “Nosotros no sabemos de minería, son ellos [Emerita Resources] los que dijeron que había unas buenas perspectivas”.