El verdadero problema de la vivienda

Durante las últimas semanas la okupación de viviendas ha propiciado un tenso debate sobre el derecho de propiedad. De momento se ha traducido en un refuerzo de la actuación de los fiscales en defensa de las víctimas y en contra las acciones ilegales. La okupación de viviendas, acentuada por la pandemia de la covid-19, es un dramático reflejo de las condiciones explosivas en que se encuentran cientos de miles de familias que carecen de vivienda o medios para mantenerla.

El problema de la okupación no se puede abordar sin ir a la raíz de fondo: la abrumadora falta de viviendas sociales. Las reformas legales han suavizado las normas sobre los desahucios pero no ha solucionado la escasez de pisos. La mayoría de las 370.000 familias que perdieron su casa durante la última década sobreviven como pueden. Unas con viviendas sociales de los Ayuntamientos, otras con las cedidas por los bancos y otras en la desesperación no han encontrado otra alternativa que la okupación para proteger a sus hijos. No es cuestión de justificar ni criminalizar este fenómeno, sino analizar sus raíces. Las mafias sólo existen si hay una desesperante realidad social.

Un reciente estudio del Parlamento Europeo, Policies to Ensure Access to Affordable Housing (Políticas para garantizar el acceso a viviendas asequibles), proporciona un valioso diagnóstico y recomendaciones sobre el problema. Revela el penoso déficit que padece España. Por una parte, las viviendas sociales representan menos del 4% del total, frente a más del 35% en Holanda, más del 20% en Dinamarca y Austria y más del 15% en Francia y el Reino Unido. Nuestro país también es de los que menos gasto público destina a la vivienda (0,2% del PIB), frente al Reino Unido (1,4%) o Francia (1,3%).

El estudio lamenta la reducción del gasto público en vivienda en Europa que ha pasado de 48.200 millones a 27.500 millones de euros entre 2009 y 2015. Y alerta sobre la creciente “financiarización” de la vivienda, que define como “la transformación de la vivienda en un activo financiero o mercancía para una inversión y la obtención de beneficios seguros, en lugar de un bien social o derecho humano”. La financiarización ha sido muy intensa en España con la indecente venta de los pisos de los desahuciados a fondos especulativos al 5% de su valor en lugar de adjudicarlas a los propietarios desposeídos dispuestos a pagar más.

El estudio propone utilizar los fondos de Next Generation EU de 750.000 millones de euros para fomentar la vivienda social y las cooperativas y responder así a la covid-19. Considera que “la inversión en vivienda social puede percibirse simultáneamente como una carga para el presupuesto público y como una forma de impulsar la demanda”. Hay respuestas públicas encomiables. El Ayuntamiento de Barcelona desarrolla un plan para proporcionar 14.039 viviendas sociales hasta 2025. El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado la construcción de 20.876 viviendas sociales. Este es el camino seguro para acabar con las okupaciones.