El retraso en los trámites aboca a la prórroga de los Presupuestos de 2018

La inestabilidad política y la crisis de la covid-19 amenazan con una nueva prórroga, al menos temporal, de los Presupuestos. El Gobierno aún no ha presentado una nueva senda de déficit, ni el techo de gasto, primer paso para elaborar las cuentas de 2021. Los números en el Congreso tampoco auguran una aprobación exprés de los Presupuestos que permita recortar los tiempos de una tramitación parlamentaria que se prolonga durante tres meses. Por eso, España se verá abocada a arrancar el año con unas cuentas prorrogadas por quinto año consecutivo, lo que evidencia la inestabilidad política del país en los últimos años. Los Presupuestos elaborados por Cristóbal Montoro (PP) para 2018, los más longevos de la historia, volverán a arrancar en 2021.

El calendario aprieta y el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no logra desencallar las cuentas de 2021. Y estas solo llegarán cuando haya comenzado el próximo año, a la luz del retraso en la tramitación. Cuando solo faltan dos semanas para que venza el plazo legal para que presente el proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo aún no tiene cerradas las grandes cifras sobre las que empezar a construirlos. La negociación política que escenifica con los diferentes grupos políticos es muy preliminar y se desarrolla a partir de compromisos políticos, pero sin ninguna cifra o partida presupuestaria concreta.

A pesar de todo, fuentes de La Moncloa aseguran que el objetivo del Gobierno es aprobar las cuentas públicas de 2021 “en tiempo y forma”. Pero las hojas del calendario van cayendo y la fragmentación parlamentaria complica cuadrar el círculo en los plazos legales que fija la Constitución.

La Carta Magna establece que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 30 de septiembre. A día de hoy, el Ejecutivo de coalición ni siquiera ha presentado la senda de déficit y el objetivo de gasto, primer paso para diseñar las cuentas y cuya aprobación en el Congreso suele demorarse alrededor de un mes. Después viene el iter legislativo para que la ley de Presupuestos tenga luz verde, que implica otros tres meses de tramitación.

“Es evidente que el interés que tiene este Gobierno es que sea lo antes posible”, subrayó este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero no ofreció ninguna fecha concreta, más allá que avanzar que en las “próximas semanas” se dará el pistoletazo de salida para diseñar los Presupuestos. “En cualquier caso nuestra intención es traer en las próximas semanas el objetivo de estabilidad para el año 2021, que nos permita formular esas nuevas cuentas públicas. El siguiente hito está el 15 de octubre, con la remisión del plan nacional de reformas” a Bruselas. Montero alegó algo que ya ni es un secreto a voces: máxima “prudencia” en los mensajes sobre las negociaciones de los Presupuestos.

La debilidad numérica del primer Gobierno de coalición de la historia de España precisa que los apoyos se midan con precisión quirúrgica, y lo único que parece claro es que el PSOE no dará ningún paso sin tenerlos bien atados. De momento, el presidente Pedro Sánchez sigue recortando las diferencias con su mismo socio de Gobierno, Unidas Podemos. La formación morada ha reculado sobre los cambios fiscales que exigía introducir en los Presupuestos de 2021 —a cambio de aumentar el gasto público gracias a los 140.000 millones que España recibirá del fondo de reconstrucción de la UE— y ha levantado el veto a negociar con Ciudadanos tras las dificultades en llegar a un acuerdo con ERC por la delicada situación en Cataluña. “Por ahora seguimos trabajando en el marco de la definición del proyecto de Presupuestos que aprueba el Gobierno, y luego empezaremos las reuniones formales con todos los grupos para poder recabar su apoyo”, detalló este martes Montero.

La ministra de Hacienda es precisamente la única, junto con el secretario de Estado de Economía Social, Nacho Álvarez (Unidas Podemos), que maneja las cifras presupuestarias. Ambos mantienen intensas conversaciones para tratar de cerrar un acuerdo que sirva de punto de partida para las negociaciones con el resto de grupos. Fuentes gubernamentales reconocen que las diferencias entre los dos grupos del Gobierno son importantes. Y cada partido querrá mostrar su impronta en las cuentas y eso, explican, va a retrasar todo el proceso de aprobación.

Proyecto de Montoro

La portavoz añadió que los planes en materia tributaria contenidos en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos siguen encima de la mesa, pero tendrán que adecuarse al momento económico. “Eso significa que algunas de las intenciones que teníamos con algunas de las figuras fiscales habrá que posponerlas durante esta legislatura al año en donde la capacidad económica de nuestro país así lo aconseje”.

Por eso, 2021 se estrenará con el proyecto de Cristóbal Montoro. La normativa establece que si las nuevas cuentas no están listas para el 1 de enero, las anteriores se prorrogan de manera automática. Ahora falta por saber durante cuánto tiempo se extenderán los Presupuestos que siguen en vigor: los diseñados en 2018 por el exministro de Hacienda del PP.

El año que viene no será, sin embargo, el primero que arranque con unos Presupuestos prorrogados, sino el quinto consecutivo, síntoma de la creciente inestabilidad política del país. La racha empezó en 2017, que arrancó con la extensión de las cuentas del año anterior por las dificultades de Rajoy para formar Gobierno. Al año siguiente, el procedimiento legislativo empezó igualmente con retraso por la escalada de la tensión en Cataluña. Finalmente, fue el Ejecutivo en funciones de Sánchez quien aprobó las cuentas elaboradas por el PP tras desalojar a Rajoy del Gobierno gracias a la moción de censura.

La estabilidad política no mejoró después. Un breve resumen de la historia reciente lo deja al descubierto: dos repeticiones electorales en tan solo un año, la enmienda a la totalidad que tumbó el proyecto de Presupuestos del PSOE en febrero de 2019 —solo hubo un antecedente histórico similar, en 1995—, y la actual dificultad para negociar unas nuevas cuentas debido a las tensas relaciones entre los partidos que conforman el bloque de investidura. A ello, se ha añadido el pasado marzo una variable exógena que nadie preveía y que cambió el orden de todas las prioridades: la pandemia del coronavirus.

Nada más estallar la emergencia sanitaria el Gobierno empezó a asumir que no sería capaz de aprobar unas nuevas cuentas para 2020 —que ya iban con retraso—, ya que el diseño de un plan para frenar los contagios y mantener a flote la economía durante el confinamiento se convirtió en la primera prioridad de los poderes públicos. Pronto ganó fuerza la opción de tramitar directamente las cuentas de 2021, unos Presupuestos de reconstrucción con amplio consenso que se estrellaron con la realidad política de estos tiempos.