La crisis de la covid amenaza con duplicar el agujero de las pensiones

El Pacto de Toledo ha retomado la reforma de las pensiones bajo la presión de la pandemia. Las cuentas sobre el golpe que propina la covid se pueden hacer en una servilleta de papel: según las propias previsiones del Gobierno, los ingresos no se recuperarán hasta 2023, momento en el que la economía recobrará su nivel prepandemia. Mientras tanto, el gasto en pensiones seguirá al alza: lo hace porque cada año hay más pensionistas, porque los nuevos jubilados cobran prestaciones más altas y por las revalorizaciones. En los últimos tiempos el gasto ha subido en unos 7.000 millones de euros al año. Si en 2019 ya existía un agujero de 18.452 millones, el déficit podría alcanzar entre 30.000 y 40.000 millones en 2023 al añadir entre 5.000 y 7.000 millones por año dependiendo de las actualizaciones.

Y ese desfase será complicado bajarlo a medio plazo sin hacer nada. Difícilmente podría disminuir cuando además a partir de 2023 empieza a retirarse la generación del baby boom y el número de pensionistas aumentará con más intensidad cada año hasta alcanzar los 15 millones en 2048 frente a los 10 millones de la actualidad. Además, en ausencia de reformas estructurales de verdadero calado, el PIB potencial de la economía no subiría con la covid para ayudar a compensar con el tiempo ese déficit. Si acaso más bien parece lo contrario. De hecho, tanto la Autoridad Fiscal como el Banco de España han alertado del riesgo que supone la pandemia para el mercado de trabajo y, por tanto, para la afiliación a la Seguridad Social. La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, advirtió al Pacto de Toledo de que todas sus previsiones sobre pensiones se basan en que el paro estructural se situará en una media del 7%. Las consecuencias del coronavirus amenazan con poner en peligro esa previsión y que el empleo evolucione mucho peor y, por tanto, las estimaciones de ingresos por cotizaciones.

En cualquier caso, aunque la crisis económica de la covid solo fuese algo coyuntural, el agujero de las pensiones se elevará durante unos años engordando la deuda. El déficit se colocaría en 2023 en el entorno del 2,5% del PIB en lugar del 1,5% de 2019, según cálculos de expertos consultados. Y la teoría dice que se iría compensando más adelante con crecimientos del PIB mayores, suponiendo que los efectos de la covid no sean estructurales. Pero aun así, hasta que se corrija el desfase creado por el coronavirus en las cuentas, ese déficit añadido agravará cualquier reforma. Tras la pandemia el reto se antoja todavía mayor.

Para 2050 se espera que el déficit del sistema sume el 1,5% de 2019 a los tres o cuatro puntos de PIB que subirá el gasto por la evolución demográfica, según previsiones de la Autoridad Fiscal, que utilizan una evolución de la población favorable. Si no se hace nada, el déficit del sistema se colocaría en 2048 en torno al 4% del PIB, lo que supondría alrededor de un tercio del gasto en pensiones incluidas clases pasivas. En euros de hoy serían unos 48.000 millones, casi lo que se gasta en educación y más de la mitad de lo que se desembolsa en sanidad.

Con este morlaco se enfrenta la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, que en estos días ha comenzado una nueva ronda para tratar de cerrar unas recomendaciones de reforma de las pensiones. El PSOE quiere agilizarlo para tenerlas cuanto antes, este mismo mes si es posible, y llevarlo como un acuerdo a Bruselas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que comparecerá esta semana ante el Pacto de Toledo, intentará legislar sobre estas recomendaciones para enero. La base de las medidas que estudia son aquellas que ya presentó cuando era presidente de la Autoridad Fiscal.

Medidas de Escrivá

Parte de su propuesta consistía en trasladar poco a poco el déficit de las pensiones de 2019 al Presupuesto del Estado. Esto es: unos 20.000 millones de euros. Se traspasarían a Hacienda los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, las reducciones a la cotización o las subvenciones específicas a regímenes especiales como el agrario. Para llegar a esa cifra de cerca de 20.000 millones también se quitaría a Trabajo unos 10.000 millones en cotizaciones, que se destinan a desempleo de trabajadores y que pasarían a sufragar pensiones. Según distintas fuentes, todo esto está provocando tensiones con Hacienda.

La otra pata de la reforma se anclaría en medidas para hacer efectiva la edad de jubilación legal de 67 años porque muchos trabajadores se retiran antes. En la propuesta de la Autoridad Fiscal también se mencionaba ampliar el periodo que se toma para hacer el cálculo de la prestación, ahora fijado en un periodo transitorio hasta 25 años en 2023. El ministerio está analizando además la posibilidad de compensar las revalorizaciones a periodos como cinco años para así recoger el impacto de los años de IPC negativo.

Según los cálculos que barajaba la Autoridad Fiscal, el incremento de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cómputo para la pensión bajarían en 1,2 puntos de PIB el gasto en pensiones. Los expertos consultados valoran ya como un gran avance estas medidas. Sin embargo, quedarían tres partes sin resolver.

Por un lado, como señaló el gobernador del Banco de España y certificó la presidenta de la Autoridad Fiscal, traspasar el déficit al Presupuesto del Estado no soluciona el problema, tan solo lo cambia de sitio, dejándolo en unas cuentas públicas que ya en 2019 soportaban un déficit estructural del 3% del PIB. Ambos coinciden en que puede ser bueno traspasarlo porque da seguridad a los pensionistas y el Estado puede tener más palancas para ir absorbiéndolo con el tiempo. Pero en ningún caso consideran que sea una medida que solvente el agujero.

También quedaría sin arreglar una parte importante del incremento del gasto que habrá por la evolución demográfica. La Autoridad Fiscal calcula que de aquí a 2050 el desembolso en porcentaje del PIB aumentará entre 3 y 4 puntos tras haber suprimido las revalorizaciones del 0,25% que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Y de esos 3 ó 4 puntos de PIB de gasto, la reforma que planteó Escrivá estando en la Autoridad Fiscal corrige 1,2 puntos. A falta de otras medidas, quedarían al menos dos puntos de PIB por atajar.

Y ahora además entra en la ecuación el déficit que aumentará por la pandemia. Como explicó Cristina Herrero ante la Comisión del Pacto de Toledo, se trata de un problema manejable pero muy complicado y que se dificulta todavía más si la covid llegase a tener un efecto estructural en las cuentas.

La clave está en el aumento de la esperanza de vida

Otro de los asuntos sobre la mesa es si se suprime o no el factor de sostenibilidad, una de las patas de la reforma que aprobó en 2013 el Gobierno del PP. Este instrumento estaba diseñado para ajustar la cantidad percibida si aumentaba la esperanza de vida del sujeto. La lógica es que si el beneficiario va a vivir más años, entonces se le reduzca algo la prestación porque estaría ingresando más en el total. Hasta ahora su entrada en vigor se había aplazado sine die. Y el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo no lo menciona.

Dicho esto, según ha señalado el ministro Escrivá, el factor de sostenibilidad tiene un impacto poco significativo. Es decir, ha abierto la puerta a deshacerse de él. Sin embargo, los expertos consultados señalan que este factor es una suerte de seguro del sistema. La esperanza de vida siempre ha crecido más de lo que se esperaba. Si nos hemos equivocado en algo, ha sido en eso, señaló el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al Pacto de Toledo. De ahí que les pidiese que tengan una perspectiva conservadora y no fiasen las soluciones a previsiones optimistas. Los expertos siempre dicen que la clave reside en que la esperanza de vida ha subido mucho. Por ejemplo, Alemania ya estableció hace tiempo un factor de sostenibilidad similar.

Cuando estaba en la Autoridad Fiscal, Escrivá calculaba que el factor de sostenibilidad suponía un ahorro de 0,6 puntos de PIB de gasto en pensiones. Pero el organismo ha actualizado ahora sus previsiones y estima que estaría en casi un punto de PIB. También ha empeorado un poco sus cifras de natalidad. Como consecuencia de esas dos modificaciones, el gasto en 2050 podría elevarse hasta un máximo de 4 puntos de PIB, según los nuevos cálculos de la Autoridad Fiscal.