El Gobierno y los empresarios escenifican un acercamiento con la reforma a las pensiones

El Gobierno mexicano vuelve al terreno donde se siente más cómodo: la agenda de reformas sociales. El Ejecutivo ha presentado este miércoles un plan de reforma al sistema de pensiones con el fin de aumentar su cobertura y monto. Consensuado con los sindicatos, el anuncio ha servido para escenificar, además, un acercamiento entre el empresariado y el Gobierno tras meses de encontronazos por el plan de respuesta a la crisis económica y los cambios en el mercado energético. Paradójicamente, la fotografía del abrazo se hace sobre una propuesta que, de forma gradual, casi triplica la aportación patronal.

La reforma, que debe ser aprobada por el Congreso en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre, mantiene la edad de jubilación a los 60 años y plantea una expansión importante de la cobertura. Los trabajadores con derecho a pensión pasan del 56% al 97% y aquellos con la jubilación básica, del 34% al 82%, según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

Esto se logra gracias a una rebaja de los años de cotización requeridos de 25 a 15. “Se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro”, ha declarado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Podíamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal, 15 años en el sector formal (...) y que, aun así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión”. Uno de los sectores más beneficiados por este cambio son los que laboran en actividades con una alta rotación como la construcción.

El monto de la jubilación, la segunda pata del proyecto, también sube. La pensión básica garantizada, de 3.289 pesos en la actualidad, aumentará a una media de 4.345 pesos. La tasa de reemplazo, el porcentaje que representa la pensión respecto al salario anterior, se eleva un 40% en promedio. En el caso de los trabajadores con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos y 1.250 semanas cotizadas, esta sube del 64% al 102%. Para aquellos con sueldos de hasta cinco salarios mínimos, la jubilación pasa de representar el 31% al 54% de los ingresos previos.

El economista Fausto Hernández, profesor del Tec de Monterrey, ve en ese cambio un incentivo para salir de la informalidad, que hoy ocupa a más de la mitad de la población mexicana. “La tasa de reemplazo era tan baja que no les alcanzaba para nada y no había incentivo para cotizar. Eso se soluciona”, explica. Los fondos de ahorro se han convertido en un importante salvavidas frente a la crisis actual. Más de un millón de personas se ha quedado sin trabajo formal entre marzo y junio y, ante la falta de un seguro de desempleo, en junio se retiraron 1.856 millones de pesos, el doble que en el mismo mes del año pasado.

El incremento del monto de la pensión se obtiene a partir de una mayor aportación patronal, que pasa del 5,15% a 13,87% en un periodo de ocho años, mientras la contribución de los trabajadores y del Estado se mantiene igual. Este salto supone una concesión significativa de parte del sector privado tan solo medio año después de aceptar una subida del salario mínimo del 20%. Además, se da en la peor crisis del país en más de dos décadas. “El empresario grande va a sacrificar algo de tasa de ganancia que era muy amplia respecto a estándares internacionales. Las Pymes seguramente van a tener que subir precios porque no tienen mucho margen para disminuir sus ganancias”, prevé Hernández. El economista señala, además, la posibilidad de que los patrones devuelvan a la informalidad a algunos de sus trabajadores para ahorrarse la contribución.

En la misma línea, Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, considera que el plan “encarece la pertenencia a la formalidad” y puede reducir los salarios. “Los empresarios van a intentar reducir el salario líquido sabiendo que están pagando más a través de contribuciones a la seguridad social”. Según este economista, asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por financiarlo a través de impuestos generales, una posibilidad que soslaya el plan presentado.

Más allá del fondo de la reforma, la foto es noticia en sí misma. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comparecido junto al líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, tras meses de distanciamiento. “Incluso hemos tenido diferencias, nos distanciamos. Sin embargo, él continuó trabajando, hablando con los representantes del sector empresarial y siguió abierta la comunicación con el Secretario de Hacienda”, ha bromeado el mandatario. “Esto es una muestra fehaciente y clara de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano”, ha apuntado Salazar, el único con cubrebocas en la comparecencia. “Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia”.

El intercambio de gentilezas se da después de que la iniciativa privada, con Salazar a la cabeza, haya criticado en reiteradas ocasiones lo que considera son apoyos insuficientes del Ejecutivo para capear la crisis. Los intentos del Gobierno para modificar el mercado energético, en el que el sector privado tiene importantes inversiones, ha añadido un elemento de tensión a una relación que solo respiró recientemente con la entrada en vigor del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Quien parece salir reforzado con la propuesta de reforma es el responsable de Hacienda, Arturo Herrera. En los últimos meses, el funcionario ha sido criticado por una falta de protagonismo y de acción durante la respuesta a la crisis provocada por el coronavirus. Desde marzo su presencia en las conferencias matutinas ha sido rara pese a la lluvia de proyecciones que auguran un bache económico histórico. Con el anuncio de este miércoles, Herrera ha vuelto a ocupar una silla cercana al púlpito presidencial.