Los empresarios mexicanos reclaman al Gobierno oxígeno para afrontar la crisis

México se prepara para entrar nuevamente en un terreno de crisis. Hacienda reconoció el miércoles, por primera vez desde la emergencia generada por la epidemia, que el país puede sufrir una caída de hasta un 3.9% del PIB. El cálculo sigue siendo optimista comparado a las previsiones de bancos e instituciones. Sin embargo, ya existe un consenso claro: la economía se va a detener casi por completo. Está en manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suavizar el duro golpe. Los empresarios han reclamado, hasta ahora sin éxito, medidas de apoyo fiscal. Por ello, el anuncio que el presidente hará el domingo, donde revelará las medidas de reactivación económica, ha despertado una gran expectación.

El país llegará a la fecha con un antecedente poco esperanzador. La iniciativa privada esperó esta semana señales de oxígeno en el arranque de una crisis que comienza a tomar forma y que sin duda afectará a la generación de ingresos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las principales organizaciones patronales, había pedido al Gobierno una moratoria de seis meses en la presentación de las declaraciones anuales, que vencían su plazo el 31 de marzo. Proponían, en su lugar, pagarlos en 12 parcialidades y sin recargos. López Obrador dijo no en lo que considera una postura congruente con su política de evitar la condonación de impuestos. “Así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa la crisis. El no pago de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero ¿qué sucedió durante el periodo neoliberal? No hubo pago de impuestos y no hubo crecimiento”, afirmó el miércoles. México recauda en impuestos solo el 16% del PIB, el monto más bajo de todos los países de la OCDE.

El desaire del presidente al empresariado llegó horas después de que la Administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a lo largo del mes que dura la declaratoria de emergencia emitida el lunes. La noche de ese día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi cuatro millones de empresas pequeñas y medianas que concentran más del 70% del empleo. “A la mayoría les será muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir”, comenta Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las pequeñas empresas ya sufren el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Los empresarios subrayan la significancia de que el Gobierno haya declarado la “emergencia” sanitaria y no la “contingencia”. El segundo término, previsto en la Ley Federal del Trabajo, permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. “Se tienen todos los efectos de la contingencia, pero sin el nombre”, explica José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). “Es deseable mantener la planta laboral, la pregunta es si lo deseable es posible”. La confederación estima en 243.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria.

Santiago Levy, investigador del Brookings Institution, considera que el principal objetivo del Gobierno debe ser ese: cero despidos y cero cierre de empresas. Procurar esto haría viable una recuperación económica para 2021, donde el país estaría de vuelta a un camino de crecimiento, mínimo pero crecimiento al fin. El experto alerta de que las particularidades de la crisis de la coronavirus obligan al Gobierno a evitar las socorridas medidas contracíclicas como son el aumento de la inversión pública o expandir los programas sociales. “Nada de eso ayuda a preservar empleos formales y que las empresas formales no quiebren en tres meses. Los programas sociales no son parte de la solución para esta crisis”, asegura.

Levy ha propuesto un agresivo plan de subsidios a las empresas. Este incluiría la suspensión durante meses de las aportaciones patronales a las cuentas de retiro y prestaciones de vivienda, lo que reduciría un 25% los costos. También propone una negociación de rebaja temporal de salarios para evitar despidos y que el Gobierno ofrezca pagar hasta un 10% de la nómina. Todo esto representaría una reducción en torno al 50% de los costos de las empresas en los duros meses por venir. “Mientras más cueste subsidiar a las empresas, mejor. Hay que innovar rápidamente y romper tabúes”, añade desde Washington.

Viridiana Ríos, analista y académica, propone combinar este tipo de ayudas con una futura reforma fiscal que aumente la presión impositiva sobre las grandes empresas y condonar impuestos hasta un nivel que permita el pago de las nóminas de los trabajadores. No obstante, como el resto de expertos consultados, cree que el Gobierno está obligado a adquirir deuda para evitar que la gigantesca fuerza laboral que vive en la informal se pauperice aún más. “No es suficiente el presupuesto de los programas prioritarios del Gobierno. Llegan a solo 20 millones de personas, en un país con 50 millones de pobres”, sostiene. La profesora asistente de Harvard ve con escepticismo el anuncio del domingo porque cree que le faltará fuerza ante las circunstancias. “En las previsiones de deuda para 2020, no hay adquisiciones importantes”, añade.

Proteger a los trabajadores formales

La crisis que viene subrayará la dualidad de la economía mexicana, donde la informalidad, un 56% del mercado laboral, convive con los trabajadores formales. “En esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores”, señala Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Este think tank se ha sumado a las propuestas recientes con un documento respaldado por expertos y economistas de todos los polos ideológicos que coinciden en la urgencia de preservar los empleos formales. “La manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleados formales se conviertan en informales o pobres”, añade. De lo contrario, la base de informales corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro.

El centro de estudios, especializado en movilidad social, asegura que México llega poco preparado para la contingencia. Sin embargo, tiene un espacio fiscal cercano al 2.2% del PIB para endeudarse. La deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, como son la cobertura de cuotas obrero patronales, el otorgamiento de créditos fiscales y otras herramientas para subsidiar a las compañías en apuros. “El Gobierno cuenta con esta capacidad. Esto no mata la economía, sino amortigua la caída”, añade Vélez.

El endeudamiento, sin embargo, es uno de los enemigos de la ortodoxa política económica de López Obrador, marcada por la austeridad. Para evitar que salten las alarmas, Santiago Levy propone que la deuda venga acompañada de señales a los mercados de que no se perderá el control de las finanzas públicas. “Puede ser mediante la emisión de bonos para la emergencia sanitaria y de una sobretasa transitoria a los impuestos que será cubierta en 2021”, explica.

Los empresarios han reclamado la falta de claridad de la declaratoria de emergencia, que supuestamente servirá de hoja de ruta durante la emergencia. Las patronales confesaron su confusión por la ambigüedad del mensaje gubernamental y las restricciones a las actividades no esenciales. Los industriales de Nuevo León, uno de los motores económicos del país, sugirieron a sus socios una negociación con empleados y sindicatos para modificar las condiciones laborales durante la contingencia. Otras cámaras aseguran estar negociando con el Gobierno la ampliación de la lista de actividades esenciales para permitirles seguir en marcha.

El empresariado espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región. Chile, por ejemplo, ha destinado recursos que equivalen al 4.7% de su PIB para atender la emergencia. Los esfuerzos de Brasil y Perú rondan en torno al 2%.

El Gobierno mexicano, de momento, ha anunciado una ampliación de un programa existente de microcréditos de 25.000 pesos, unos mil dólares al disparado tipo de cambio de hoy, para un millón de empresas, un volumen que se queda corto según el sector privado. “Les va a servir solo a los autoempleados. Se necesitan créditos de mayor cuantía”, señala José Manuel López, de Concanaco. A eso se suma el objetivo de la Banca de Desarrollo de destinar más de 60.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares, para apoyar la liquidez de las empresas y renegociar los plazos de pago de los créditos. La relación del empresariado con López Obrador para el resto del sexenio está por definirse. El domingo será clave para lo que ha sido una tirante asociación.

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