México avanza a trompicones hacia un nuevo modelo energético ante la oposición del empresariado

Si el sector energético mexicano fuera un estadio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le habría colgado el cartel de “aforo completo”. “Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos: México no es tierra de conquista”, lanzó a finales de junio sobre los inversores extranjeros. El Gobierno mexicano lleva un año y medio esculpiendo un modelo en el que las energéticas paraestatales vuelven a detentar la batuta y se limita la participación empresarial. Lo ha hecho sin cambiar la ley, estrategia que ha provocado múltiples demandas judiciales y ha abierto una profunda brecha con el sector privado en plena crisis económica por el coronavirus.

En la marcha hacia ese nuevo modelo, el discurso da más peso al pasado del que se huye que al futuro al que se aspira. La reforma energética, emprendida por la anterior Administración para abrir el sector a la competencia privada, no ha cumplido sus objetivos, de acuerdo al actual Gobierno. A diferencia de lo que se prometió, el precio de la luz no ha bajado y la producción petrolera no ha aumentado pese al impulso privado. Mientras, dos empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han perdido relumbre. La primera está inmersa en una grave crisis de endeudamiento con la producción en declive y la segunda ha cedido cuota de mercado en favor de los privados.

La producción privada petrolera continúa siendo minúscula respecto a la de Pemex, aunque ha crecido. En abril fueron 55.000 barriles diarios, un incremento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior. La impaciencia de López Obrador ante lo que considera un volumen insuficiente contrasta con los tiempos de una industria que puede tardar hasta 10 años en desarrollar un campo petrolero. Lourdes Melgar, subsecretaria de Energía durante la reforma, defiende que se buscaba alcanzar un beneficio en el “mediano y largo plazo”. “Hoy en día, los yacimientos fáciles México los ha agotado. El presidente está pidiendo un resultado que técnicamente y geológicamente no es factible. Esa es la barra que le ha puesto a la reforma”.

En cuanto al mercado eléctrico, la promesa de una caída drástica en los precios de la luz, fuertemente subsidiados, no se ha dado. La consultora Miriam Gurnstein ve una “falla táctica” del PRI. “Deberían haber prometido crecimiento del empleo y de la inversión, no un abaratamiento de los insumos”, sostiene. “La reforma fue un modelo de vanguardia, pero otra cosa es la implementación. Todavía no hay un mercado de generación competitivo”, explica. Lourdes Melgar apunta a factores externos a la reforma: “En 2014 hubo un desplome del precio de petróleo y gas natural y los precios cayeron. Cuando volvieron a subir impactaron en la tarifa eléctrica”. La reforma sí ha conseguido, en cambio, dar un impulso a las energías renovables, más baratas que las centrales de la CFE.

Pero la postura del Gobierno actual va más allá de lo técnico y hunde sus raíces en la historia mexicana y en la biografía de dos hombres. La nacionalización de la industria petrolera en 1938 y la de la eléctrica en 1960 están grabadas en la conciencia del presidente, politólogo de formación, y su mano derecha, el director de la CFE, Manuel Bartlett. Durante las discusiones por la reforma energética, no dudaron en tildar al expresidente Enrique Peña Nieto de “traidor a la patria” por abrir el sector a la inversión privada. Sin la alianza entre estos dos políticos es difícil entender el momento actual.

Tabasco, el principal Estado petrolero durante los años dorados de Pemex, fue el biberón que alimentó el pensamiento de López Obrador. El presidente ve a su tierra natal como una trinchera centenaria frente a la ambición del empresario extranjero. En su libro El poder en el Trópico, publicado en 2015, menciona a un tal James de Rothschild, representante de petroleras a principios del siglo XX. “Hacía gala de prepotencia”, escribe López Obrador, y “cometía toda clase de atropellos contra los campesinos”. Harto de las tropelías, el gobernador del Estado lo envía en mula hacia Guatemala hecho “un giñapo humano”.

La tierra del presidente, ansiada en el exterior por sus riquezas, tocó la gloria con el apogeo de la industria petrolera. En 1977 llegó a producir el 60% del total de barriles. Empezó a declinar, según López Obrador, con el inicio de lo que él llama “el periodo neoliberal”, momento en que él se cuece como activista. A mediados de los noventa, el político participó en los plantones para protestar contra los planes de privatización de la industria petroquímica. De esa época recuerda que helicópteros sobrevolaban muy cerca del techo de su casa y que detuvieron a muchos de sus compañeros. “Giraron 12 órdenes de aprehensión en mi contra por todos los delitos habidos y por haber, pero no se atrevieron a encarcelarme”, escribe.

Durante este relato de apogeo y caída, Manuel Bartlett era un peso pesado del PRI, el eterno partido oficialista contra el que se manifestaba López Obrador. Partidario de un Estado fuerte en lo económico, empezó a alejarse del PRI a medida que este adoptaba los postulados liberales. En 2006, llamó a los priistas a ejercer el voto útil en favor de López Obrador frente a Felipe Calderón, candidato del PAN. Dejó el partido en 2012 poco antes de llegar al poder Enrique Peña Nieto. En marzo de 2013, durante las discusiones sobre la reforma energética en el Senado, Bartlett se montó en el caballo de batalla: “Las potencias no han aceptado que México sea primero el propietario de sus reservas y de su petróleo, de su energía, y que al mismo tiempo sea el exclusivo explotador de las mismas; la guerra sigue”.

Después de años en la oposición, López Obrador, el historiador aficionado, y Manuel Bartlett, el expriista, han llevado la bandera de la “soberanía energética” hasta Palacio Nacional. “Lo que hicieron en los últimos tiempos fue privatizar. Entonces tenemos que cambiar ya esas condiciones”, dijo a finales de junio el mandatario. Como se comprometió a no derogar la reforma energética, su Gobierno ha impulsado un cambio de modelo por la puerta de atrás para reforzar a las paraestatales. Las rondas petroleras, que licitaban la exploración y explotación de campos a empresas privadas, se cancelaron. Además, la Comisión Reguladora de Energía eliminó parte de las regulaciones asimétricas que limitaban el poder de Pemex en la venta de gasolina.

Del lado eléctrico, las subastas a largo plazo también se suspendieron. Este mecanismo de venta de electricidad a la CFE atrajo inversiones por 8.600 millones de dólares, una parte importante procedente de multinacionales extranjeras, y redujo el costo a mínimos históricos. A través de actos de carácter administrativo, se ha buscado cambiar las reglas del mercado eléctrico. En lugar de que el despacho a la red se haga en función de los costos de producción, la prioridad se dará a las plantas que garanticen la “confiabilidad”, una forma de dar preferencia a las plantas de la CFE, más antiguas y caras que las centrales privadas de energía renovable.

Una camisa de fuerza legal y presupuestaria

Aunque la voluntad es fortalecer a las paraestatales, el presupuesto federal está bajo presión para hacer frente a la pandemia. La política de austeridad ha llevado a un recorte del 75% el gasto operativo de la mayoría de dependencias y la situación financiera de ambas compañías es poco prometedora. En 2019 Pemex registró pérdidas netas récord de 18.000 millones de dólares y durante el primer trimestre de este año la CFE perdió unos 5.000 millones, debido principalmente a las variaciones en el tipo de cambio.

En este marco, el consultor Severo López Mestre apunta, paradójicamente, a un posible debilitamiento de los entes que se quieren reforzar: “Aunque no cambies la ley, las acciones generan un ambiente de poca certidumbre. Eso va a regresar al Estado mexicano las presiones de la inversión y es algo para lo que no está preparado”. Lourdes Melgar apunta a la insuficiente capacidad del Estado para desarrollar infraestructura: “CFE hace 10 años que no construye una red de transmisión”, dice la académica y ex alto cargo. “El presupuesto de la Federación no da abasto para los requerimientos del sector energético”.

El intento del Gobierno por deshacer partes de la reforma se ha topado con un muro legal. Los cambios administrativos, sostienen las empresas, contradicen la ley y la Constitución, cuyo texto fue modificado para dar cabida a la reforma energética. Las empresas afectadas han presentado decenas de amparos ante los tribunales y han conseguido suspender, temporal o permanentemente, cada uno de los cambios. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por considerar que se está vulnerando el principio de competencia, establecido en la Constitución. La Suprema Corte ha suspendido la nueva política por tiempo indefinido.

El presidente se ha reafirmado en su estrategia pese a los tropiezos y, en una nueva escalada de retórica contra las energéticas privadas, ha insinuado que el Gobierno interpondrá demandas contra presuntos contratos “fraudulentos”. “Es legal y legítima la controversia pero nosotros vamos a defender lo que sea justo”, declaró a finales de junio. “Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden porque sentimos que hubo excesos”.

Severo López Mestre prevé una parálisis en el corto plazo: “Va a ser una batalla campal en donde no se va a poder mover ni para atrás ni para adelante. El presidente quiere fortalecer las empresas públicas, pero su equipo le plantea un camino complicadísimo”. La generación eléctrica privada ya supone alrededor del 46% del total, lo que hace improbable una vuelta a los monopolios públicos anteriores a la reforma. La Secretaría de Energía no respondió a una solicitud de entrevista de este diario.

Superar el escollo judicial modificando la ley y la Constitución es un camino resbaladizo. El Gobierno necesita dos tercios de los parlamentarios y el apoyo de una mayoría de Estados. El presidente no cuenta con esa fuerza, si bien las elecciones intermedias de 2021 en la Cámara de Diputados y en 15 entidades puede inclinar la balanza en su favor. Aún así, el costo puede ser grande. El Consejo Coordinador Empresarial, la principal patronal del país, ha advertido del impacto sobre la certidumbre en un momento crítico. México atraviesa la peor crisis económica en décadas, con la confianza empresarial por los suelos tras 11 meses de caídas consecutivas.