El viaje del kilowatt renovable en México, un sistema en zozobra

El complejo sistema eléctrico mexicano vive días de incertidumbre. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca vio con buenos ojos la reforma energética de 2015, emprendida por su antecesor y que abrió el sector a la iniciativa privada. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió el monopolio sobre la generación y fue retrocediendo ante el avance de las energías renovables, cuya electricidad es en promedio más barata que la producida por la empresa paraestatal. Desde la llegada al poder de López Obrador, se la ha buscado fortalecer mediante cambios regulatorios. Las autoridades los justifican por la necesidad de proteger la “confiabilidad” del sistema y, de paso, “rescatar” a una eléctrica en declive. Las privadas, en cambio, ven una violación del estado de derecho y advierten de un incremento de las tarifas eléctricas como resultado de este bamboleo normativo. Estos son, a grandes rasgos, los pasos de un kilowatt eólico producido en el Istmo de Tehuantepec, una zona del suroeste favorecida por los fuertes vientos.

Un laberinto de actores y escenarios

La liberalización del sector ha cambiado de manera sustancial la tarta eléctrica. Si se mira al tipo de energía, el ciclo combinado, que funciona con una mezcla de gas y vapor, es el que más aporta con casi un 39%, según datos del Gobierno hasta diciembre de 2019. Le siguen la hidroeléctrica y la térmica, antaño predominantes y que ahora se reparten alrededor de un 16% cada una. Después llegan las renovables. La eólica tiene un 7,5% de la capacidad instalada total y la solar, un 4,3%. Ambas han experimentado un crecimiento exponencial. Tan solo en 2019, un año récord, la eólica creció un 26% y la solar alrededor de un 70%.

Detrás de toda esta potencia instalada, hay un generador público, la CFE, y una variedad de privados que se rigen por tres tipos de esquemas. Antes de la reforma energética, existía un puñado de contratos de productores particulares para abastecer a la CFE y a empresas. Con la liberalización del sector en 2015, se añadieron dos formas más para intercambiar energía. La primera, a través de contratos por subastas, un mecanismo de licitación por el que los generadores se comprometían a vender a la CFE a una tarifa. Este sistema logró bajar el precio hasta los 20.6 $MWh, muy por debajo del coste promedio de las plantas en propiedad de la paraestatal. Además de las subastas, la reforma creó un segundo escenario: un mercado con precios variables.

Las renovables entran primero

Una de las patas del mercado eléctrico mayorista funciona como un tianguis por adelantado. Un día antes de que se despache la energía, la planta eólica estima su producción para el día siguiente en base a la previsión de viento y al estado del equipo. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo público descentralizado que se ocupa de vigilar el funcionamiento del sistema, recibe la oferta de esa central y calcula el precio que se pagará en función de la demanda.

El costo es clave porque determina quién despacha antes. Las primeras son las renovables por ofrecer los precios más baratos, mientras que las centrales térmicas, de mayor antigüedad y principalmente en manos de la CFE, quedan relegadas. En la semana del 10 al 16 de mayo, las térmicas representaron un 63% de la energía ofertada y las renovables apenas un 3,7%. Sin embargo, debido en parte a la diferencia de precios, las primeras acabaron despachando un 54%, casi diez puntos menos, y las renovables, un 6,4%, cerca del doble. El kilowatt eólico del Istmo de Tehuantepec, pues, se abre paso antes.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, considera este trato injusto. A finales de abril, las autoridades suspendieron la entrada en operación de nuevas plantas renovables con el argumento de que su carácter intermitente afectaba la confiabilidad del sistema. Para compensar, la medida apuntaba a la activación de plantas en reserva, probablemente centrales de la CFE que, en el mercado, son demasiado caras para operar de forma sostenida. “A la CFE no le gusta que las renovables le quiten mercado. El peligro es que no las dejen producir por un supuesto impacto en la confiabilidad. Eso dejaría fuera a las centrales con costos marginales más bajos y el precio de la electricidad subiría”, explica el director del Centro de Energía del Itam, Juan Carlos Belausteguigoitia. Por ahora, el acuerdo ha sido parado en los tribunales.

Los baches de la carretera eléctrica

Una vez vendido, el kilowatt eólico del Istmo tiene que viajar a los grandes núcleos de consumo del centro del país, a unos 500 kilómetros en línea recta. El sistema enfrenta el problema de la falta de inversión en líneas de transmisión, un auténtico cuello de botella para la expansión de la eólica en esa región. Sin carreteras en condiciones de poco sirve el carro deportivo. “En la región oriental, donde está el Istmo, se sitúa el 26% de la capacidad instalada total, pero allí solo se consume el 16%”, explica el economista Alejandro Limón, especializado en energía. “La inversión ha venido disminuyendo año tras año y si la reduces, pones en riesgo el sistema”. Se trata de un déficit, apunta Limón, que se arrastra de la anterior Administración y que continúa en la actual. En 2020, el presupuesto para la inversión fue un 9% menor a 2019, año en que ya hubo un recorte del 24% respecto a 2018.

El Cenace identificó 14 corredores que tuvieron saturación en 2018, especialmente en épocas de alta demanda. Entre los que corren ese riesgo, está la línea de transmisión de Ixtepec, el camino que toma el kilowatt eólico del Istmo para llegar a un domicilio de Ciudad de México. Al poco de llegar al poder, el Gobierno canceló la licitación de otra línea que iba a transportar energía desde esa región, una de las de mayor concentración de parques eólicos. El Gobierno ha utilizado el mal estado de la red y el carácter intermitente de las renovables para lanzar un nuevo marco de electricidad que pone el énfasis en la “confiabilidad del sistema” y cuyas implicaciones teme el sector.

El rifirrafe de los precios de transmisión

A diferencia de la generación, la reforma energética no liberalizó la transmisión. Esta sigue estando por ley en poder de la paraestatal. Los roces entre empresas renovables y la CFE por los costos de transporte han sido una constante. La semana pasada Manuel Bartlett sostuvo que “las empresas deberían empezar a pagar por los costes de transmisión”. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) lo tachó de mentiroso y afirmó que el pago se realiza “mensualmente de acuerdo a la tarifa regularidad que determina la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”. Al comunicado de la Concamin, la CFE respondió: “Falso, no lo pagan; sólo en algunos casos, la CRE le impone a la CFE cobrar a estos privados tarifas muy por debajo de los costos de transmisión en grave deterioro de sus finanzas”.

La CRE publica cada mes el costo de transmisión que deben pagar las renovables. Este pago se aplica a los contratos de autoabastecimiento entre privados y al mercado eléctrico mayorista. Hay excepciones, algunos contratos firmados entre la CFE y centrales particulares antes de la reforma energética están excluidos. Los contratos de la primera y segunda subasta eléctrica también, ya que la CRE no había establecido una tarifa cuando se licitaron. La suficiencia o no del precio que pagan las renovables por el transporte es un tema a debate. “Ambas partes tienen cierta razón, se ha de encontrar un balance”, dice el abogado especializado en energía Rodolfo Rueda, de Thompson&Knight. “Hay tarifas de alguna manera inferiores a los costos de transmisión. El racional cuando se diseñó el sistema era incentivar el desarrollo de las renovables”.

Recta final: la tarifa eléctrica

El kilowatt eólico, mezclado con los demás tipos de energía más caras, llega finalmente al hogar. El suministro, como la generación, está abierto a la participación privada, pero la CFE tiene un papel predominante. La electricidad está fuertemente subsidiada. Si un hogar paga 94 pesos al mes por su recibo de la luz, el apoyo gubernamental puede rondar los 240 pesos. El gasto en el subsidio es sustancial; representa el 0.8% del PIB y cubre a aproximadamente el 98% de los hogares. Ese carácter de sábana, por el que se benefician tanto pobres como ricos, ha sido criticado por aquellos que abogan por una reducción del mismo. “Es indiscriminado”, dice Belausteguigoitia. Como el presidente López Obrador ha insistido en que no se va a incrementar el precio de la luz, el economista predice un aumento del subsidio en caso de que las renovables queden apartadas en favor de fuentes de energía más caras.