México asfixia el crecimiento de las energías renovables

La tensión entre el Gobierno mexicano y el sector de las renovables sube de peldaño. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado del buen funcionamiento de la red eléctrica, ha suspendido esta semana de forma temporal la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares para “garantizar la calidad” del sistema tras la repentina caída de la demanda. La acción se da en el marco de la crisis del coronavirus y responde a instrucciones de la Secretaría de Energía, empeñada en reflotar la industria petrolera y la producción eléctrica estatal. El empresariado ha acusado al Gobierno de utilizar la crisis como pretexto y alertado del impacto que puede tener la medida sobre el crecimiento de la energía verde en uno de los países con mayor potencial del planeta.

El freno operativo afecta a 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar, según un recuento de la iniciativa privada. Las centrales aglutinan una capacidad de 3.270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. Es una cantidad similar a la que entró en vigor en 2019, cuando las renovables batieron récords de generación. Otros 16 proyectos en construcción con una potencia de 2.067 MW tampoco podrán conectarse a la red si la suspensión se alarga. En suma, estas plantas representan el 50% de la capacidad prevista para este año y 6.400 millones de dólares en inversión directa. Entre las empresas afectadas están los gigantes Enel e Iberdrola. Ambas contaban con varios proyectos en periodo de pruebas antes de la suspensión.

El portavoz de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, califica la medida de “grave”. “Hay un deterioro en la certidumbre del cumplimiento de la legalidad, del respeto a los contratos”, dice. Fuentes de una de las líderes del sector consideran la acción del Cenace como un “ataque” aunque, aseguran, ya lo veían venir tras una serie de cambios emprendidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la producción energética del sector privado. Paradójicamente, parte de este suministro va destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía paraestatal con quien muchas privadas tienen contratos.

El sector está afilando los recursos legales. Será la segunda vez en medio año que las compañías renovables acuden a los tribunales para disputar un cambio regulatorio. En noviembre, lograron que varios jueces suspendieran de forma provisional otra medida. Esta vez, la iniciativa privada va argumentar que el Cenace no tiene las competencias para la suspensión y que esta afecta negativamente inversiones ya hechas. La Comisión Federal de Competencia Económica parece darles la razón. El organismo autónomo advirtió este jueves al Gobierno que el acuerdo puede generar un incremento de las tarifas eléctricas y atentar contra la competencia al favorecer las centrales de la CFE.

La falta de claridad sobre la duración de la suspensión ha aumentado el nerviosismo. El documento menciona que las medidas se aplicarán “durante” la contingencia sanitaria frente a la covid-19, decretada por las autoridades hasta el 30 de mayo. Sin embargo, el sector teme que la suspensión se prolongue de forma indefinida. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha evitado dar una fecha. “No ponemos plazo porque no sabemos cuánto vaya a durar esto. Puede durar un mes, dos meses, quince días...”, afirmó el martes en una entrevista con Grupo Fórmula. “Puedo entender a los empresarios (....), pero yo les he dicho que nosotros tenemos que garantizar la distribución de combustible y de electricidad”.

Intermitencia y fallos de red, argumentos bajo lupa

El Cenace y la Secretaría de Energía defienden la suspensión por la “intermitencia” de las renovables y su impacto en la “confiabilidad” del sistema, tocado por una caída del consumo de alrededor del 30% a raíz del freno de la actividad económica. “[La eólica y la solar] pueden empezar a producir a las 9.00 o a las 10.00 y a las 17.00 o 18.00 ya no y tenemos altos y bajos en el sistema cuando el consumo disminuyó”, explicó Nahle. “Nos ha comprometido tanto redes de transmisión como redes de contingencia que no se cuentan con respaldo”. El documento oficial enumera una veintena de fallos de distinto tipo en la red. Algunos son de 2019 y otros de los últimos días de abril. No siempre se hace una conexión explícita entre el fallo y la operación de una planta renovable.

El sector y los expertos consultados cuestionan ambos argumentos. El ingeniero Daniel Chacón, de la ONG Iniciativa Climática, reconoce que la entrada en operación de una planta puede ocasionar problemas, pero matiza el impacto. “De cualquier planta, de cualquier tecnología, siempre existe la posibilidad de originar fallas. Es inherente en todo sistema eléctrico, pero el porcentaje de renovables en la generación está entre el 6% y el 7%. Eso no significa ningún riesgo, cuando tenemos una región como California con casi un 30%”, explica. El problema de fondo, asegura el consultor Severo López-Mestre, es la falta de inversión en líneas de transmisión para llevar la electricidad de las plantas a los centros de consumo. “El sistema no se está cayendo por la centrales renovables, sino porque no se está invirtiendo en él”, dice. Este déficit se arrastra desde la Administración anterior pero continúa con la actual. No hay anuncios de nueva infraestructura a la vista.

Para compensar el supuesto problema de la intermitencia, el Cenace ha dado “de alta” centrales de energía en reserva, que no estaban en operación continua por su antigüedad y altos costos de producción. Aunque el documento no especifica qué tipo de plantas son y a quién pertenecen, las centrales térmicas de la CFE están seguramente entre las beneficiadas. En un momento en que la demanda ha caído debido a la suspensión de actividades no esenciales, Julio Valle, de AMDEE, señala que la incorporación de nuevas plantas reduce aún más el tamaño del mercado. “Al introducir más unidades lo que está haciendo es desplazar la demanda”, afirma. “En un escenario donde hay plantas que van a traer energía más barata, ¿por qué tratar de alocar una capacidad adicional en el sistema? Sobre todo, cuando no se ha detectado ni confirmado ninguna emergencia energética”, lanza.

La iniciativa privada cree que la razón de fondo no es técnica, sino política y responde a la agenda nacionalista de López Obrador. El presidente se ha comprometido a no revocar la reforma energética que liberalizó el sector, pero su Gobierno ha buscado la forma de reforzar el papel de la CFE a través de cambios regulatorios. “El margen de maniobra es relativamente estrecho. No puedes mover las leyes federales ni la Constitución, pero sí puedes moverte en el espacio administrativo”, dice el consultor Severo López-Mestre. “Te permite empujar la idea de que la soberanía reside en tener empresas del Estado proveyendo los servicios”. La cancelación de las subastas eléctricas a largo plazo es un ejemplo. Este mecanismo permitía a los generadores de energía vender su producción a la CFE a un precio fijo, lo que incrementó el atractivo de México como destino inversor. Nada más llegar al poder a finales de 2018, la Administración anuló las rondas. Parte de los nuevos proyectos paralizados por la suspensión se licitaron en la tercera y última subasta, celebrada en 2017.

Preguntado por la suspensión, López Obrador no mencionó el problema de intermitencia, principal justificación de la medida. Sí insistió en el “rescate” de la CFE, que ha perdido terreno ante el empuje de la generación privada. “Se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la Comisión Federal de Electricidad, y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos, si es posible, que ellos nunca lo hicieron; al contrario, se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica”, declaró durante la conferencia matutina. La producción renovable es, estiman los expertos consultados, alrededor de cuatro veces más barata que la de la empresa paraestatal. Sobre el acuerdo del Cenace, un portavoz de la eléctrica ha afirmado a este periódico que “se trata de beneficiar a la CFE, que es el mandato presidencial”.

Si bien el Gobierno se declara a favor de la reducción de emisiones contaminantes, la posibilidad de cumplir con las metas es cada vez más más lejana. La ley de Transición Energética, aprobada en 2015, establece el objetivo del 35% de energías limpias para 2024. Esta etiqueta incluye renovables y otros tipos de centrales como las nucleares. López Obrador ya recibió un toque de atención de parte de Naciones Unidas en noviembre pasado debido a los cambios en el mercado eléctrico y a su apuesta por incrementar la producción petrolera. El Informe sobre la Brecha de Emisiones de la organización internacional advertía que el Gobierno “había detenido años de progreso en el sector que amenazan con revertir el progreso logrado”.

Una salida para el combustóleo de Pemex

Algunas de las centrales que previsiblemente se beneficiarán de la decisión del Cenace funcionan con combustóleo. Es un producto con un alto contenido de azufre que la petrolera estatal produce en sus refinerías y que tiene una escasa salida comercial por su carga contaminante. “No tiene mercado. Antes se utilizaba en las calderas de los barcos y ahora lo quieren volver a quemar en las plantas de generación eléctrica”, explica Daniel Chacón, de Iniciativa Climática. La CFE se ha mostrado dispuesta a comprar el producto para las plantas que está rehabilitando y así echar una mano a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Un portavoz de la eléctrica asegura a este periódico que “quizás hay un acercamiento” pero niega que haya un acuerdo todavía en ese sentido. Al mismo tiempo, apunta que la empresa paraestatal tiene un portafolio diversificado donde no solo entran las plantas de combustóleo.