La supresión de licencias urbanísticas choca con las dudas de arquitectos y juristas

Retrasos injustificados, un calvario de papeles para los profesionales y sobrecostes que repercuten en los ciudadanos. La mala fama precede a las licencias urbanísticas, caballo de batalla del sector promotor y constructor desde hace años. Con la crisis del coronavirus, y dentro de las medidas para dinamizar la economía, algunas Administraciones autonómicas han anunciado la supresión de muchos de estos trámites. Pero a los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos no acaba de convencerles la medida porque puede provocar “inseguridad jurídica”, especialmente si se legisla en caliente. Los expertos señalan que la eliminación de licencias no es nueva, aunque sí creen que algunos territorios están “dando una vuelta de tuerca”.

“En el derecho español, las licencias urbanísticas siempre fueron un control previo”, indica Alfredo Cerezales, abogado de Ejaso ETL Global especializado en Urbanismo. “En el año 2006, la directiva de servicios de la Unión Europea ya empezó a plantear que las autorizaciones previas deben ser proporcionales”, explica el jurista, y por eso “se ha abierto la mano a otros instrumentos como comunicaciones previas y declaraciones responsables”. Desde hace años, por ejemplo, comunidades de distinto signo político como Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias o Cataluña han agilizado mediante estas figuras las licencias de primera ocupación. Pero la mayoría han ido poco más allá.

“¿Ahora qué ocurre?”, pregunta retóricamente Cerezales, “que se quiere dar una vuelta de tuerca mayor”. De manera similar a una normativa que aprobó en 2015 Murcia, el territorio que ha llegado más lejos, Madrid tiene lista una nueva ley de suelo que suprimirá gran número de licencias. “Se van a quedar aquellas que la propia legislación básica estatal exige: movimientos de tierra, excavaciones, actos de edificación, usos de suelo y vuelo que precisan de proyecto…”, describe Raimundo Herraiz, director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. “No es una medida que omita el control municipal, lo que pasa que ese control que se hacía antes, ahora se hará tras la declaración responsable”, añade.

En resumen, lo que tradicionalmente se conocía como “obra mayor” se mantendrá con licencia. Para lo demás, bastará con una declaración responsable, lo que para el Ejecutivo madrileño aportará beneficios económicos y ayudará a dinamizar la recuperación de la crisis. Pero es precisamente la aparente precipitación de algunos órganos legislativos para sacar adelante medidas de este tipo -la Asamblea de Madrid prevé aprobarlo en septiembre de forma urgente, como hizo Andalucía con el decreto por el que antes de verano modificó sus normas de suelo y urbanismo- lo que ha levantado suspicacias.

“Parece que se invoca la urgencia para problemas que no son de esta temporada, que son sistémicos”, asegura Moisés Castro, coordinador del grupo de trabajo sobre agilización de licencias del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Ese organismo y su homólogo de arquitectos técnicos emitieron en junio un comunicado conjunto que alertaba de que “la generalización de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas (…) provocará inseguridad jurídica”. “No se trata de posiciones corporativas, se trata de dar al ciudadano el mejor servicio posible y decirle que si no cuenta con una documentación técnica que diga lo que se puede y lo que no se puede hacer, puede encontrarse con un problema después”, explica Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Ambos organismos coinciden en la necesidad de agilizar los trámites, pero ponen en duda que eso implique acabar con las licencias.

El Gobierno balear aprobó en mayo un decreto para agilizar la recuperación económica. Una de las medidas, sustituir temporalmente licencias por declaraciones responsables en ampliaciones de instalaciones hoteleras para adaptarse a la covid y en otras obras de reforma o remodelación. Marta Vall-Llosera, decana del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares y vicepresidenta del CSCAE, no esconde su preocupación: “A veces el alcance de estas intervenciones puede ser mayor que el de una obra nueva”. “La declaración responsable no es la solución al problema”, sostiene la arquitecta, quien se pregunta qué pasará cuando la Administración descubra incumplimientos de la normativa en un trabajo ya iniciado: “Pensar que esas deficiencias que son fáciles de arreglar en el proyecto de papel se pueden arreglar luego en obra finalizada va a conllevar sobrecostes importantes”, afirma.

Los constructores, que desde hace años se quejan de los retrasos que provocan las licencias y citan pérdidas millonarias para todas las partes, replican que en el actual sistema también pueden aflorar deficiencias durante la obra. “Hay que confiar en que los profesionales que tenemos en este país realizan su trabajo en base a la normativa aplicable en cada municipio y para eso están los visados de los colegios profesionales”, indica Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Cuervo pide “ser una sociedad madura como otros países europeos que tienen superado este debate” y defiende que “no se cambia el control sobre las actuaciones urbanísticas, sino el modelo de control”.

“En España se lleva demasiado lejos eso de pedir licencia urbanística porque incluso cada Ayuntamiento con sus planes de urbanismo somete a licencia previa casi cualquier acto”, opina Manuel Rebollo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. Rebollo ve recomendable la sustitución de ciertas licencias por declaraciones, pero recuerda que debe encontrarse “un punto intermedio que garantice cierta agilidad sin poner en peligro los intereses generales”. Además, el catedrático destaca que “muchas comunidades autónomas están haciendo demasiado complicada la declaración responsable” y eso, advierte, “es casi tan gravoso como las licencias”.