Sánchez anuncia un plan de choque para garantizar la recuperación económica total en 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano para esbozar un plan que impulsará la recuperación económica que se iniciará ya este año, se acelerará durante 2021 y 2022, y se completará en 2023, superando incluso los niveles de antes de la pandemia de la covid-19, según las previsiones que maneja el Ejecutivo. La esperada reforma fiscal tendrá que esperar a esa recuperación del PIB.

Entre las medidas anunciadas por Sánchez, algunas de las cuales ya habían sido notificadas en anteriores reuniones del gabinete, se encuentran un impulso a la inversión en la red de Cercanías, la reorientación del Plan de Vivienda hacia alquileres "asequibles", la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, un nuevo plan para la internacionalización de la economía y la revisión de la fiscalidad de la alimentación, entre otras.

El jefe del Ejecutivo admitió que todavía quedan “meses muy difíciles” en el terreno económico, pero se mostró convencido de que la recuperación comenzará este año y el crecimiento del PIB se incrementará en 2021 para despegar con mayor velocidad en 2022 gracias a los fondos de reconstrucción que provendrán de la Unión Europea.

Para 2023, augura que el PIB puede rebasar incluso el de 2019 pero con un crecimiento “mejor, más competitivo y más productivo”, y un “salto en digitalización, sostenibilidad, cohesión social y territorial y competitividad”, que “no dejará a nadie por el camino”.

Sánchez ha detallado que la agenda de Gobierno que se pondrá en marcha en los próximos meses pasa por una “atención preferencial” a las medidas contempladas en el acuerdo de coalición con Unidas-Podemos, unas medidas que buscan la creación de empleo de calidad, para lo que se renovarán las políticas activas de empleo, se consolidarán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como alternativa al despido. Sobre la polémica derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, el jefe del Ejecutivo se limitó a señalar que se realizará dentro del diálogo social como garantía “necesaria e imprescindible” de la estabilidad que precisa España.

El presidente se refirió al préstamo de 20.000 millones que España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea los fondos del SURE para costear los ERTE y restó importancia a las críticas que los señalan como fondos de rescate. “Hay gente que cree que con esto se puede entrar en si a España se la ha rescatado o no. Pero es un juego que a mi me importa más bien poco. Vamos a acogernos al fondo de reaseguro de desempleo porque queremos proteger a los trabajadores de los ERTE. La oposición dirá que es un rescate. Efectivamente, es un rescate a los trabajadores que necesitan del apoyo de lo público”, recalcó.

Reforma fiscal

En materia fiscal, el presidente Sánchez reiteró la intención del Ejecutivo de emprender una reforma “estructural”, aunque la supeditó a “una vez que el PIB haya recuperado los niveles previos a la pandemia de coronavirus”, una recuperación que, según sus pronósticos, solo se completará en 2023.

“No podemos salir con un Estado del bienestar más endeble”, advirtió porque España necesita una recaudación “más estable” a lo largo del ciclo económico, especialmente en un momento en que se va a incurrir en un déficit y una deuda pública “enorme”. También descartó que, por ahora, se vaya a acudir a los préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar el gesto sanitario.

Ferrocarril y Alquileres

Respecto a la inversión pública, el plan de infraestructuras se centrará en mejorar la red de Cercanías y cerrar corredores ferroviarios en construcción como el Corredor Mediterráneo o el Atlántico, aunque no citó expresamente los propósitos sobre la extensión de la red del AVE, cuyo gasto fue recientemente criticado por la autoridad fiscal independiente (Airef).

En la misma línea, ratificó la ya anunciada reestructuración del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para derivarlo a la construcción de pisos para alquiler “asequibles” y el impulso de la rehabilitación. El Ministerio de Transporte ya anunció un plan que prevé la rehabilitación de viviendas a dos años que supondrá movilizar una inversión, pública y privada, de unos 2.000 millones de euros. Este plan aspira a multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman al año en España, de forma que ascienda a unos 120.000 anuales, con la generación de 221.000 empleos.

También ha adelantado que se acometerán acciones concretas que contribuyan al crecimiento, con una actividad ya avanzada en el programa del Gobierno, como la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo para evitar la fuga de las industrias de alto consumo eléctrico. También se abordará el tercer plan para la internacionalización de la economía 2021-2022 y una carta de derechos digitales ante las grandes corporaciones.

En el ámbito del empleo público, ha avanzado que se aprobará el proyecto de Ley de Función Pública en la Administración General del Estado (AGE) y se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, al tiempo que se elaborará un pacto de estado para la modernización de la administración de la Justicia.

Igualmente, ha apuntado que se aprobará un Plan estatal de I+D+i, la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027 y medidas en el ámbito de la igualdad. A su vez, se impulsarán acciones en defensa de los consumidores, como la aprobación de un real decreto sobre el juego y una revisión de la fiscalidad sobre los alimentos, así como la introducción de la figura del consumidor vulnerable.

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