Consumo no ha presentado aún ninguna denuncia contra las aerolíneas

Los problemas legales y de competencias demoran la demanda contra 17 compañías que el Ministerio que dirige Alberto Garzón anunció hace un mes y medio

Alberto Garzón, en una sesión en el Congreso de los Diputados.
Alberto Garzón, en una sesión en el Congreso de los Diputados.Pool Efe / GTRES

El Ministerio de Consumo no ha presentado aún ninguna demanda contra las aerolíneas por una presunta práctica comercial desleal al omitir información sobre el derecho al reembolso en los vuelos cancelados por la pandemia del coronavirus. Pese a que el departamento que dirige Alberto Garzón anunció que demandaría a 17 aerolíneas el pasado 1 de junio, estas no han podido ser materializadas por problemas jurídicos y por las discrepancias con el Ministerio de Transportes, informaron a este diario fuentes conocedoras del expediente.

Las razones por las que aún no se ha llevado a cabo la denominada acción de cesación responde a problemas legales, fundamentalmente, porque al tratarse de una figura jurídica muy poco empleada por el Ejecutivo, debe estar bien fundamentada y contar con pruebas que acrediten la conducta desleal que quiere frenarse y prohibir su reiteración futura. Debido a ello, también podría variar el número de aerolíneas contra el que se dirige la demanda.

En principio, las 17 aerolíneas a la que el Ministerio de Consumo aseguró que iba a denunciar eran: Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair.

“La Abogacía del Estado está trabajando en su preparación y Consumo sigue recopilando pruebas para determinar ante qué compañías se interpone finalmente”, aseguró un portavoz del Ministerio de Consumo.

No obstante, otras fuentes apuntan a que la demora se debe a la presión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que apuesta por una solución negociada con las aerolíneas para solventar este problema que afecta a miles de viajeros que vieron cancelados sus vuelos durante el estado de alarma decretado el 14 de marzo y con vigencia hasta el 21 de junio, y no han podido recuperar el importe de sus billetes, porque las compañías solo les ofrecen bonos canjeables por otros vuelos.

Mediación de Transportes

Y es que el departamento que dirige José Luis Ábalos debe negociar con muchas de las aerolíneas inmersas en el conflicto como Air Europa o Iberia las ayudas con cargo al fondo de solvencia para empresas estratégicas, y desea que esas conversaciones se produzcan en un entorno cordial. Y es que el clima de enfrentamiento que se desató entre las compañías y el departamento del ministro Garzón, con acusaciones cruzadas entre ambas partes, no es el más apropiado para sentarse a hablar sobre unas ayudas millonarias y que, incluso pueden implicar la entrada del Estado en el capital de las aerolíneas rescatadas.

Consumo señaló que recurría a esta vía que al detectar que las compañías aéreas omitían información sobre el derecho al reembolso en un plazo de siete días desde la cancelación del vuelo al que obliga la normativa comunitaria europea y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

El Ministerio también solicitaba que sean declarados nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono sustitutorio del reembolso si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado. Es decir, cuando la compañía aérea no haya informado de este derecho al usuario y haya ofrecido el bono como única opción.

Además, en el caso de que el pasajero haya aceptado el bono sin que la compañía le haya ofrecido claramente la opción del reembolso como alternativa, ese consentimiento se considerará viciado, por no contar con toda la información relevante. En tal caso, el consumidor seguirá manteniendo su derecho al reembolso.

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) salió al paso de estas acusaciones informando que remitió una carta al Ministerio de Consumo, fechada el 27 de mayo, en la que afirmaba conocer la legislación vigente sobre los derechos de los consumidores y señalaba que las compañías están haciendo “todos los esfuerzos” para resolver “con la celeridad necesaria” las peticiones de los clientes, directamente o a través de intermediarios.

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