Los incentivos al empleo del Ingreso Mínimo costarán 100 millones y estarán listos en el último trimestre

El ingreso mínimo vital tendrá un coste cercano a los 3.000 millones y llegará a unas 850.000 familias. La mayor parte de este dinero corresponderá al pago de la ayuda que complemente la renta garantizada en los hogares que lo reciban, pero en 2020 también hay un parte de 100 millones que se destinará a estimular a los beneficiarios de la ayuda para que trabajen y no se queden atrapados en lo que se llama trampa de la pobreza.

Hay otros costes del ingreso mínimo, según la memoria de impacto normativo y presupuestario que el Ministerio de Seguridad Social ha remitido al Congreso de los Diputado. Son los 117 millones que supondrá la exención en el pago de medicamentos de los beneficiarios y los casi 650.000 euros por la exención del pago de tasas universitarias. para el curso académico 2020/2021. Si a esas cantidades se añaden los 2.890 millones del coste directo de la ayuda, la cifra total se acerca a los 3.250 millones. No obstante, hay que restar los 290 millones que conlleva la absorción de la ayuda por hijo a cargo, una prestación actual de la Seguridad Social, que pasa a quedar absorbida por el ingreso mínimo.

Los incentivos al empleo ha sido uno de los temas más debatidos por los expertos desde que se aprobó el ingreso mínimo. Con la redacción del decreto, que ahora se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso, los solicitantes deben estar dados de alta en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo y se deja a un futuro reglamento la configuración de los incentivos. Ese reglamento estará listo, dice la Seguridad Social en su documento, en el último trimestre del año. Como el dinero no empezará a pagarse hasta que los incentivos estén listos, esos 100 millones corresponden solo al desembolso de los últimos tres meses del año. Por tanto, se puede concluir que en los próximos años, esta partida será más alta.

Además de los pronósticos presupuestario, el departamento que dirige José Luis Escrivá tambien calcula que este año va a recibir entre 750.000 y un millón de solicitudes. Pero esta cifra solo se daría en el primer año, después menguaría hasta las 250.000 peticiones cada año.

La memoria del Ejecutivo justifica que se haya tramitado como proyecto de ley y lo explica así: “Parece evidente que la magnitud de la tragedia por la pérdida de vidas humana y las devastadoras consecuencias sociales y económicas derivadas de la necesaria adopción de medidas para la contención de la pandemia justifican suficientemente la actuación normativa de urgencia”.

Otro punto que cuantifica el documento es el gasto que va a suponer para las entidades locales el desarrollo de las funciones que prevé el real decreto-ley: 77 millones al año: 77 millones de euros.

El documento oficial también contiene datos sobre el impacto que se espera que tenga la medida sobre la sociedad. Apunta que en torno a 1,6 millones de personas de unos 600.000 hogares van a salir de la pobreza severa y que esto beneficiará sobre todo a los hogares monoparentales. “Se estima que en torno a 92.000 hogares monoparentales saldrán de la pobreza extrema y muy alta gracias al ingreso mínimo vital”, continúa.

Otros datos que sobre las beneficiarias potenciales es que todos están entre el 17% más pobre de la sociedad, en el que la renta mediana es de 357 euros mensuales. También señala que el 68% de las personas a las que se dirige el ingreso mínimo vital no tiene vivienda habitual en propiedad, un porcentaje muy superior al conjunto de la población española, el 27%.

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