Las firmas de infraestructuras demandan la colaboración público-privada

Las empresas de infraestructuras que han participado este jueves en la cumbre empresarial organizada por CEOE han coincidido en reclamar la colaboración público-privada para afrontar la reconstrucción del país. Las firmas han subrayado que en esa tarea el papel de las empresas debe ser central, por lo que plantean que deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en todos los acuerdos, para los que exigen consensos lo más amplios posible.

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En ese sentido, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, ha manifestado que no se dispone de mucho tiempo, por lo que es necesario actuar con rapidez. Según el empresario madrileño, la reconstrucción pasa inapelablemente por el sector de infraestructuras de transporte y rehabilitación de viviendas, pero también se requiere eliminar las restricciones a la movilidad y planes de ayudas para los sectores más afectados como turismo, hostelería y construcción. “Nos va a resultar difícil competir fuera si en España cae la actividad”, ha advertido, al tiempo que incidía en las bondades de la colaboración público-privada.

Durante su intervención, Manuel Manrique, presidente de Sacyr, ha insistido en la conjunción de la inversión público-privada como uno de los ejes de actuación para abordar el futuro junto a la lucha contra el cambio climático y la atracción de inversión extranjera. “Es imprescindible en un tiempo de escasez de recursos públicos y para trazar proyectos a largo plazo”, ha afirmado. “Es preciso poner el foco en infraestructuras que mejoren la calidad, pero no son solo carreteras, son transporte, ciclo integral del agua, aprovechamiento de residuos, nodos logísticos, sanidad, educación...”, ha completado.

También Ángel Simón, presidente de Agbar, encuentra en la colaboración público-privada una de las bases de la reconstrucción, pidiendo además consenso amplio en el que la empresa sea el centro para la protección del Estado de bienestar y actor esencial para establecer un pacto social que garantice la recuperación sostenible. Simón ha reseñado la necesidad de que haya cooperación entre las empresas para desarrollar la inversión conjunta, que según sus datos podría suponer generar 18.300 millones anuales durante 10 ejercicios, más de 500.000 empleos y un crecimiento del PIB del 3%.

Las diversas patronales sectoriales ligadas al sector de la construcción también redundaron en la colaboración público-privada. Juan Lazcano, veterano presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha hecho hincapié en la capacidad de respuesta del sector de infraestructuras y el impacto directo e indirecto que tiene el sector en la economía y el empleo (por cada 1.000 millones invertidos se generan 10.000 empleos directos y 5.000 indirectos y se revierten vía fiscal el 49% a la Administración).

Lazcano, que explicó un plan de carreteras que crearía un millón de empleos, ha lanzado una serie de peticiones: reducir costes fiscales, establecer desgravaciones, subvencionar las actuaciones en función de la capacidad y flexibilizar los parámetros de regulación. El empresario también ha pedido consenso para abordar todas las medidas y alcanzar acuerdo para unos Presupuestos que “refuercen la inversión”, así como mejorar el sistema de financiación con la colaboración público-privada como bandera.

Por su parte, Maurici Lucena, presidente de Aena, empresa con mayoría de capital estatal, se ha centrado en la función dual que tiene el gestor aeroportuario. Es decir, defender el interés social pero siendo conscientes de que es un eslabón en la economía como función tractora. “Existe margen para compaginar ambas cosas”, ha comentado Lucena, quien ha subrayado que la empresa ha decidido reducir las tasas para ayudar a las aerolíneas, a las que a su vez ha pedido que pongan más aviones. El ejecutivo barcelonés ha radiografiado los cambios que ha sufrido el sector en los meses de pandemia en los que se ha producido restricciones a la movilidad, caída del poder adquisitivo y aumento del ahorro que, junto al efecto psicológico, han repercutido en las caídas del tráfico aéreo de forma radical.

Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la asociación de promotores Apce, ha planteado la problemática de la vivienda para los jóvenes y la necesidad de tomar medidas eficaces para solucionar el acceso a los menores de 35 años. En ese sentido, propone la colaboración público-privada para que se pueda alcanzar un compromiso de aval por parte de la Administración que permita elevar al 95% los créditos. También ha remarcado la urgencia de promulgar una ley de Seguridad Jurídica de Urbanismo e instado a la Administración a tomar medidas adecuadas para solventar los problemas y ayudar al sector de la construcción a ser motor de la economía.

El responsable de Oficemen, la patronal del sector cementero, Víctor García Brosa, ha reclamado impulso de las infraestructuras relacionadas con la agenda 20-30 (agua, movilidad, sanidad, cambio climático, energías renovables...) y de la demanda de la vivienda residencial en obra nueva y rehabilitada. Al tiempo, se ha quejado del alto precio de la energía, cuestión que también ha abordado el presidente de la patronal de fabricantes de productos de construcción (Cepco), Luis Rodulfo Zabala, que ha demandado “medidas más técnicas que políticas”.