La Administración toma la delantera en el teletrabajo

“El presencialismo está muy instaurado en la empresa pública. Parece que si no te ven no estás trabajando, cuando es todo lo contrario. Desde casa le dedicas más tiempo al trabajo, porque tienes la vida familiar tan bien estructurada que puedes ser más productiva”, asegura desde su casa de Madrid Begoña Gil, madre de dos niñas de 9 y 11 años. Gil, funcionaria en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, teletrabaja desde marzo. Y es una de los 230.000 trabajadores públicos estatales que podrán beneficiarse de nuevas condiciones de teletrabajo.

En tiempos de confinamiento forzoso por el estado de alarma, el teletrabajo se ha hecho imprescindible para que muchas empresas continúen con su actividad. A pesar de que la desescalada culminará el próximo lunes con la entrada en la “nueva normalidad”, este formato no presencial de trabajo se antoja ahora irrenunciable para sindicatos y empleados, que han encontrado en la Administración Pública del Estado un socio predispuesto a ejercer de avanzadilla. Una línea de actuación en sintonía con la que ya adoptó en tiempos precovid-19 Cataluña para sus Administraciones. La Generalitat acordó en febrero que los 2.600 trabajadores públicos que se trasladarán al complejo de oficinas del Distrito Administrativo de la Zona Franca de Barcelona puedan teletrabajar un máximo de tres días a la semana, informa Josep Catà. Con estos pasos, las administraciones públicas toman la delantera al sector privado en nuevas formas de trabajo a distancia.

Trabajo ultima un texto legal sobre el teletrabajo y sus garantías

Los más de 231.000 funcionarios que componen las Administraciones reguladas por el Ministerio de Función Pública podrán acceder a un plan de teletrabajo de hasta cuatro días, si cuentan con hijos menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, según el acuerdo alcanzado este miércoles por CSIF, UGT y CIG y el ministerio que dirige Carolina Darias. Este plan, voluntario y reversible, recoge la posibilidad de acudir tan solo un día a la semana a la oficina para los funcionarios que cumplan esos criterios. Aquellos que no cumplan con los requisitos de tener menores o mayores a su cargo, podrán teletrabajar un día a la semana. “Era algo que veníamos demandando desde hace tiempo y que nos va a ayudar a estructurar mejor la vida personal y laboral”, dice Begoña Gil.

Rechazo de CC OO

El acuerdo alcanzado por los sindicatos a excepción de CC OO, que no ha firmado el documento por entender que con él “se suprimen derechos a las personas trabajadoras”, resulta un primer paso a la hora de gestionar el regreso a los centros de trabajo de la mayoría de los funcionarios una vez levantado el estado de alarma, y hasta la regulación final del teletrabajo que se llevará a cabo el 1 de julio. “Es un acuerdo innovador y que nos va a servir de banco de pruebas hasta que se efectúe la regulación del estatuto básico del empleado público”, valora Carlos Álvarez, de UGT.

En el reverso de esta primera piedra regulatoria no se contemplan por el momento los aspectos fundamentales a la hora de determinar las condiciones en las que esas jornadas de trabajo se llevarán a cabo, como la delimitación del horario o la adecuación de los espacios de trabajo, que se desarrollarán más adelante. Sí se establecen, sin embargo, las limitaciones para regresar al trabajo. Dejan fuera del recinto laboral a aquellas personas que “presenten síntomas compatibles con la covid-19, estén en aislamiento domiciliario o se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona infectada”.

“Estoy encantada con el trabajo a distancia pero también creo que es necesaria una regulación que no cargue todo el peso en el empleado. Me parece estupendo que sea voluntario y reversible. Creo que lo importante es tener la opción, no como antes que ni siquiera te la daban”, concluye Gil.

“Un teletrabajo sin cambio cultural funcionará mal”

Para Eva Rimbau, profesora agregada de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, la implantación de un sistema de teletrabajo sin una readaptación del esquema organizativo de la empresa está destinado a fracasar. “El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo que puede resultar muy eficiente y que tiene que implantarse de modo general para todos los empleados. No es un buenismo”, opina en conversación telefónica. “El teletrabajo puede funcionar muy bien pero hay que planificarlo, requiere de un cambio cultural. Si restringimos quien puede acogerse a ello ese cambio irá mal”, sostiene. Además, incide en que la concepción de esta modalidad como una opción para la conciliación puede derivar en una brecha de género. “Si se observa solo desde este punto de vista el problema es que al final acabarán cogiéndolo solo las mujeres, que son las que tradicionalmente siguen ocupándose de las tareas de cuidados, y reforzará esquemas que querríamos ver superados”, advierte.

Sí que valora Rimbau el paso adelante realizado por las administraciones públicas para implantar los primeros planes preliminares de teletrabajo: “El sector público tiene que dar ejemplo, y es donde primero deberían darse acuerdos modélicos con el acompañamiento que corresponde”. Sin embargo, cuestiona frontalmente que el trabajo llevado a cabo durante el periodo de confinamiento pueda ser catalogado como teletrabajo. “Aunque ha estado bien porque ha generado un caldo de cultivo, no basta con mandar a todo el mundo a casa, darles un portátil, pagarles el wifi y controlar los registros de jornada. Las organizaciones tienen que tener un plan que vaya evolucionando con la tecnología y la madurez de la empresa”, sostiene. ”Esto nos tiene que servir también para darnos cuenta de qué tipo de tareas requieren de una presencialidad y cuales no”, concluye.

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