Bruselas planea rearmarse para frenar a las empresas chinas respaldadas por capital público

Bruselas quiere rearmarse para poner freno al desembarco de compañías foráneas respaldadas por capital público. La Comisión Europea quiere dotarse de nuevas herramientas para poder bloquear, e incluso vetar, adquisiciones de empresas que pueden estar controladas por los Gobiernos. Las medidas propuestas en el libro blanco que este miércoles presentará la Comisión, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, tratan de evitar que China pueda volver a desplegar su músculo financiero para hacerse con activos estratégicos del continente, como ya hizo tras la última crisis. De momento, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen lanza una consulta para poner en marcha el proceso para dotarse de esos nuevos instrumentos.

La pujanza de China en el continente ha sido una de las máximas preocupaciones de Alemania y Francia. Ambos países han impulsado alianzas industriales y tecnológicas para frenar la abrumadora potencia del gigante asiático. La última crisis hizo que China se hiciera con infraestructuras estratégicas en Grecia, España o Portugal, que requerían de inversión internacional. Pero incluso Italia se añadió a la nueva Ruta de la Seda, con la que el país asiático quiere desplegar su influencia en el mundo. La canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que poner coto al apetito chino incluso vetando compras sobre empresas estratégicas del país.

A pesar de los recelos de la periferia, Bruselas pondrá en marcha en octubre de 2020 un mecanismo para escrutar las inversiones extranjeras en la UE. Pero no es suficiente. “Las herramientas políticas de la UE no abordan todos los efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras”, afirma el documento. La Comisión Europea quiere abordar los efectos negativos de las empresas que reciben grandes inyecciones de capital público en dos grandes ámbitos: la ventaja que adquieren al competir con compañías europeas y la capacidad de comprar compañías europeas. “Este libro blanco pide nuevas herramientas para abordar la brecha regulatoria existente y para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interno”, advierte.

La Comisión Europea propone una batería de medidas para hacer frente a esas compañías que, en última instancia, puede llevar a la “prohibición” de una adquisición de una compañía o infraestructura europea. A ese veto se podría llegar por cualquiera de las dos vías que abre el libro blanco de Bruselas. El primer canal que pide abrir Bruselas trata de afrontar las distorsiones que implica tener empresas dopadas, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública. Una firma con respaldo público puede tener como misión, subraya el documento, la de presentarse a un concurso público con precios que están “significativamente por debajo del mercado o incluso por debajo de coste”, advierte.

Fuera de concursos públicos

La segunda vía trata de enderezar distorsiones que provocan las empresas subsidiadas al hacerse con “objetivos” de la UE. El borrador no tiene cerrados aún los umbrales, pero propone que se observen las adquisiciones que supongan, de forma directa o indirecta, el control de una sociedad o bien el 35% (todavía por acabar de determinar) de las acciones o los derechos de voto de una empresa que facture al menos 100 millones de euros, aunque ese límite está sujeto a modificaciones y a incorporar otras variables, como el negocio futuro previsto de la compañía. Para ello se ponen sobre la mesa dos opciones: un sistema para examinar todas las compras, con independencia de si reciben o no ayudas públicas, o bien otro que solo examine las segundas.

La Comisión cree que esos mecanismos podrían ser puestos en marcha de forma conjunta por la Comisión y los países, si bien aboga por que el Ejecutivo comunitario se encargue de su ejecución. Bruselas haría una investigación a fondo en el caso de distorsiones del mercado y de una evaluación de posibles adquisiciones. En el caso de que concluyera que se requiere de una actuación para asegurar la igualdad de oportunidades, se podrían pedir concesiones como desinversiones o pagos a las capitales. Pero entre las opciones que se barajan también está la prohibición de una inversión o una compra, incluso revirtiéndola si ésta se hubiera materializado.

Bruselas vuelve a recuperar en su propuesta la posibilidad de que las empresas subsidiadas puedan ser incluso excluidas de los concursos públicos. Esa posibilidad se ha puesto encima de la mesa con anterioridad. Aunque contaba con profundas discrepancias entre los Veintisiete, varios países –entre ellos los nórdicos, reacios a los obstáculos al libre comercio— han empezado a asumir que deben poder usar esa arma. En especial, ante la posibilidad de que tras la pandemia China pueda regresar a Europa y comprar empresas e infraestructuras clave a precios de derribo. Sin embargo, Bruselas lanza la consulta habiéndose quitado de encima la presión de la cumbre entre la UE y China que tenía que haber tenido lugar en Alemania y que fue cancelada por la pandemia.