Tomás Olivo, el polémico rey de los centros comerciales

En una de sus reuniones, varios miembros de la gestora que trataba de poner orden al desmadre de 15 años de poder de Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella tras su disolución por el caso Malaya vieron entrar a alguien que no conocían. Lo hizo con familiaridad y costumbre. “¿Quién es usted? ¿qué hace aquí?”, le preguntaron. Detrás entró su secretaria. “Es Tomás Olivo”, respondió. Apenas sabían quién era entonces, pero llevaba años realizando negocios con Gil y Juan Antonio Roca. Olivo pescó en río revuelto durante los años del gilismo y empezaba entonces a asentar un negocio de construcción y obras públicas que no ha parado de crecer. Hoy es la séptima fortuna de España, según los últimos datos de Forbes, y acaba de entrar con fuerza en el accionariado de Unicaja. Fuentes de la entidad explican con satisfacción que su llegada se debe a la “seguridad y garantías” que ofrece el banco andaluz, cuyas acciones tienen un valor tres veces menor que en mayo de 2018.

Natural de un pequeño pueblo de Murcia, Olivo no da puntada sin hilo. Con más de un 99% de sus acciones, es propietario de General de Galerías Comerciales, sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) que tiene activos tasados en más de 2.500 millones de euros y un valor bursátil de 3.740 millones. Quienes lo conocen aseguran que cuenta con “muy buenos contactos” y gran influencia en la Costa del Sol. Casi nadie quiere opinar sobre él con nombre y apellidos, pero quienes le han tratado lo califican como una persona seria, muy lista, de trato complejo y que no da su brazo a torcer en ninguna negociación. “Para él no existe opinión contraria a la suya y lo quiere conseguir todo”, afirma un residente en Marbella que lo conoce desde hace años, y dice que “no cuida demasiado” a sus trabajadores y es capaz de hablar mal de su familia delante de extraños.

En 2012 fue condenado a cinco años de prisión por maltrato a su exesposa, con la que mantuvo un trato “de humillación, agresión y control” entre 2003 y 2006, según el relato judicial de los hechos. La vigiló incluso con un sistema de grabación en la casa donde ella residía. La Audiencia Provincial de Málaga redujo la pena a siete meses de cárcel tiempo después.

La sentencia de aquel caso recogía que su exesposa tardó en denunciarle porque Olivo “era un reputado y rico empresario con gran poder económico en Marbella” y que de ahí surgía “el temor” que ella tenía “a enfrentarse a él y revelar los hechos”. Quienes lo vieron trabajar durante la etapa de Jesús Gil y las posteriores de Marisol Yagüe y Julián Muñoz lo confirman. “Entraba por la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Marbella como Pedro por su casa”, destaca un antiguo político marbellí. Olivo había trabajado ya para Gil en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y conocía a Roca, exgerente de Urbanismo en la localidad malagueña, desde que lo tuvo de empleado en los años setenta en Murcia. Hoy, el también titular de la constructora Emasa es el mayor poseedor de suelo en Marbella, donde ha residido habitualmente. También tiene negocios en República Dominicana.

“Es alguien que ha hecho su capital especulando con suelo”, explican fuentes ecologistas, base también de muchas fortunas en la Costa del Sol. Su especialidad, más que viviendas u hoteles, es destinar los terrenos a uso comercial. “Compra suelos y siempre acaba obteniendo la calificación que necesita”, afirman las mismas fuentes. A partir de ahí, “lo acapara todo”. “Es de esos empresarios que no quieren competencia: prefieren dejar al resto sin posibilidades”, relata otra persona que le conoce. “Yo no doy pelotazos. Me he pasado toda mi vida trabajando”, explicaba Olivo en el diario La Verdad el año pasado.

Los orígenes del centro comercial La Cañada, inaugurado en 1997 y valorado en 730 millones, fueron la causa de su imputación en el caso Malaya. Llegó a ser detenido —arresto que más tarde fue anulado por el Tribunal Constitucional— y se sentó en el banquillo de los acusados, pero fue absuelto. Su abogado era entonces Antonio Ruiz Villén, antiguo juez en Marbella. Ante la sorpresa de los investigadores, fue uno de los pocos empresarios que consiguieron salir indemnes de un proceso que investigó a un centenar de personas. Aún tiene cuentas pendientes: la Fiscalía Anticorrupción de Málaga pide 18 años de cárcel, porque considera que el empresario sobornó a Roca para obtener los terrenos que dieron origen a La Cañada. El fiscal le acusa de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque el caso está atascado en los tribunales. El Ayuntamiento de Marbella ejercía también la acusación en el caso, pero se retiró el año pasado tras un polémico acuerdo con el empresario. Miguel Díaz, coordinador local de Izquierda Unida, criticó entonces que el municipio debía plantar cara en los juzgados y no “arrodillarse” ante Olivo.

Gran equipo legal

“Es un ciudadano ejemplar con un gran equipo legal a sus espaldas y gran habilidad para salir indemne de cualquier proceso judicial”, afirman fuentes policiales. El empresario ha salido casi siempre airoso de los juzgados. El ejemplo más sonado es de 2018. Arrancó años antes, en 2006, cuando la Junta de Andalucía impugnó la licencia que el Ayuntamiento de Armilla (Granada) le había otorgado para levantar el centro comercial Nevada. Las obras fueron paradas cautelarmente hasta que, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argumentó que la Administración autónoma había recurrido la licencia fuera de plazo y se acordó una indemnización para Olivo.

Los servicios jurídicos de la Junta no comparecieron en una sesión clave en la que debían haber expuesto sus argumentos y, finalmente, la indemnización alcanzó los 165 millones, a los que hubo que sumar 2,5 millones de intereses. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo de la Junta a mediados de 2019. Para entonces, la Administración ya había ejecutado el pago. El mismo caso, por la vía penal, costó a Olivo una sentencia de 15 meses de cárcel por la ocupación de zonas verdes.

Ha realizado recientemente numerosas operaciones en ciudades como Granada, Málaga o Huelva. También en Marbella, donde adquirió en 2019 un suelo de dos millones de metros cuadrados valorado en 25 millones de euros al norte de La Cañada. En 2020 ha comprado suelo en Parque de Valdebebas (Madrid) por 55 millones para construir el que será su noveno centro comercial tras los que ya tiene en Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias. Con 145.000 metros cuadrados, se convertirá en la joya de la corona de un imperio cuyo crecimiento parece no tener fin.