165 millones por una obra paralizada
La Junta de Andalucía indemnizará a un promotor por el lucro cesante de un centro comercial en Granada
Con 165 millones, la Junta de Andalucía puede levantar 43 nuevos colegios, 82 centros de salud o tres hospitales. Sin embargo, en sus próximos presupuestos el Ejecutivo autonómico designará previsiblemente esa inmensa cantidad de dinero a pagar una indemnización al promotor Tomás Olivo. El empresario murciano, dueño de una decena de centros comerciales y con negocios en el Caribe, ha ganado un pleito al Gobierno andaluz tras demandarle por la paralización entre 2007 y 2014 de las obras del centro comercial Nevada Shopping, situado a las afueras de Granada.
El Supremo le dio la puntilla al Ejecutivo autonómico la semana pasada al rechazar su último recurso y confirmar la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Resultado: la millonaria indemnización parece inevitable y a la Junta solo le queda la carta del Tribunal Constitucional, pero las posibilidades de que los jueces acepten su recurso por vulneración de derechos fundamentales son casi nulas.
El periplo de este centro comercial de 60.000 metros cuadrados, hoy referencia de las compras en toda Andalucía oriental, empezó en 2005, cuando la Junta suspendió la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Armilla. Dos años más tarde se inició la vía penal: un juzgado de instrucción investigó la ocupación de zonas verdes en la construcción del centro comercial.
El Constitucional: misión casi imposible
La rendija del Tribunal Constitucional parece misión imposible para la Junta andaluza. “Si el Constitucional admite alrededor de un 5% de recursos de amparo de los ciudadanos, de los poderes públicos no pasa del 1% porque estos, en principio, no son titulares de derechos fundamentes. En este caso, podemos decir que la Junta tiene una posibilidad entre 100.000 porque la jurisprudencia considera que la admisión o no de los recursos que se pueden presentar contra las sentencias de lo contencioso-administrativo es una cuestión de legalidad, algo que tienen que decidir los tribunales ordinarios; por lo que no creo que el Constitucional admita que el Tribunal Supremo ha vulnerado la tutela judicial efectiva”, opina el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo.
El abogado que ha defendido al empresario es Joaquín García Bernaldo de Quirós, juez en excedencia que hasta 2011 presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, tribunal que ha dilucidado el litigio.
El juez instructor calificó entonces el edificio de “leviatán de hormigón y cemento” y censuró “la vulneración casi continua de las normas”. La vía penal finalizó en 2011 con condenas a penas leves al exalcalde de Armilla José Antonio Morales, el exconcejal de Urbanismo Gabriel Cañavate (ambos del PSOE) y el promotor Tomás Olivo por un delito contra la ordenación del territorio. Acabado el proceso penal, el empresario validó su licencia de obras y el Ayuntamiento legalizó el edificio para su apertura, que llegó en noviembre de 2016.
Con el proceso penal solventado, Olivo interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Junta por la suspensión de la licencia de obras decretada en 2005, proceso que ha ganado y que en 2019 le hará un poco más rico (su sociedad cotizada General de Galerías Comerciales tiene un valor de mercado de 2.547 millones). Es decir, la condena por vía penal del empresario no afecta a su reciente victoria en la vía contencioso-administrativa. “Ha sido un lío cuya última escena es esa indemnización que pagaremos todos los andaluces. Es una mala noticia”, resume el actual alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE).
El pleito contencioso-administrativo empezó mal para la Junta. El 6 de junio de 2016 se celebró la vista en el Juzgado Contencioso 3 de Granada, pero el abogado del Gobierno regional no acudió. El juicio se celebró, pero los argumentos de la Junta no se oyeron, solo los del empresario. La juez Isabel Moreno decretó que la indemnización por ganancia frustrada de Olivo durante siete años debía ascender a 157 millones. Un año después el PP denunció ante la fiscalía por esta incomparecencia a la presidenta, Susana Díaz, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios y al jefe de los servicios jurídicos, Jesús Jiménez, pero la denuncia se archivó.
En segunda instancia, el TSJA tomó como referencia el informe pericial del promotor y elevó la compensación hasta los 165 millones, ello a pesar de que restó del total un 17% al estimar uno de los argumentos de la Junta. “¿Por qué un tribunal premia y otro castiga [Contencioso y Penal]? La memoria es imprecisa y no tiene rigor”, critican fuentes del Ejecutivo autonómico sobre el sainete judicial que ha durado 12 años y aún le restan meses hasta que se pronuncie el Constitucional.
Nevada Shopping factura al año 41 millones, según Olivo, que alega haberse sentido “maltratado” por la Junta debido a las trabas legales de su negocio. “Si la Junta me llama, nos sentaremos dispuestos a negociar”, asegura.
En Armilla gracias al nuevo hospital, el metro —con cuatro estaciones en su término municipal— y el centro comercial se han creado alrededor de mil empleos. “Eso sí, empleo del sector servicio precario y mal pagado”, puntualiza el alcalde.
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