Prestaciones sociales e incentivos laborales

La implantación del ingreso mínimo vital ha vuelto a traer al debate la crítica tradicional de que las prestaciones de garantía de ingresos generan desincentivos laborales. Persiste un estereotipo arraigado en una parte importante de la sociedad en el que el cobro de un subsidio parece dar lugar automáticamente a una reducción del esfuerzo en la búsqueda de trabajo. Algún responsable autonómico ha llegado a afirmar recientemente que “estas ayudas no pueden perpetuar a las personas esperando y a depender eternamente del Estado”. Uno de los elementos que han sustentado buena parte de las reformas de estos programas en distintos países es, de hecho, la sospecha de que su diseño ha podido favorecer cierta cronificación de las situaciones de dependencia de la prestación. El resultado ha sido la introducción, en varios casos, de límites temporales más estrictos en el tiempo de disfrute y la imposición de mayores obligaciones a las personas beneficiarias.

El viraje desde el énfasis en los problemas de adecuación de las prestaciones o su eficacia en la reducción y prevención de la pobreza a la cuestión de la dependencia parece más impulsado por motivaciones ideológicas que por la evidencia empírica disponible. Existe una profunda asimetría entre la crítica de esos hipotéticos desincentivos y el conocimiento real tanto de los datos sobre la dinámica de participación en estos programas sociales como de los procesos que podrían dar lugar a períodos largos de cobro de estas prestaciones.

Algunos trabajos han tratado de resumir la evidencia empírica internacional sobre el efecto de este tipo de prestaciones sociales en la participación laboral. Aunque la referencia es, habitualmente, el ámbito anglosajón, existe también información comparada sobre esta realidad en varios países europeos. Una primera conclusión es que el aumento en las cuantías de las prestaciones produce una reducción en el número de horas trabajadas que es poco relevante en términos cuantitativos. En segundo lugar, las diferencias son notables por grupos demográficos. Uno de los colectivos más sensibles es el de las mujeres con hijos a cargo de corta edad. Sin embargo, cuando hay una oferta suficiente de servicios públicos para el cuidado de los menores, como en los países nórdicos, el problema disminuye sustancialmente. En tercer lugar, todos estos resultados no siempre son extrapolables universalmente y con la información actual no puede hablarse de una experiencia común a todos los países.

En el caso de España, la evidencia es muy limitada. Las reformas de la protección asistencial durante las tres últimas décadas han ido incorporando instrumentos orientados a que las personas beneficiarias aumenten su participación laboral y dejen de cobrar las prestaciones, siguiendo la senda de reorganización de los Estados de bienestar occidentales. Su acceso se ha ido vinculando a la realización de actividades que trataban de impulsar la inserción laboral, como la orientación, la formación y la recualificación profesional, distintos tipos de incentivos para la contratación o el apoyo al autoempleo. Paradójicamente, este acento en la activación no parece haberse traducido en un aumento sustancial del peso de estas medidas en el gasto total ejecutado en políticas de empleo. Paralelamente, como en otros países, tales actuaciones se han ido acompañando de condiciones más estrictas de elegibilidad, la redefinición de las poblaciones potencialmente beneficiarias, el acortamiento de la duración máxima permitida y el refuerzo de las obligaciones de sus perceptores.

Valorar el impacto de estas estrategias sobre el tiempo que se pasa en los programas sociales en nuestro país es una tarea compleja, principalmente por la ausencia de la información necesaria. Existen, sin embargo, algunos estudios que a través de la explotación de datos administrativos permiten situar el verdadero alcance de esa hipotética dependencia, entendida como un período excesivamente prolongado de cobro de la prestación. Los registros de las Comunidades Autónomas nos permiten contar con un retrato ajustado de la duración real de los tiempos de participación en los programas regionales de renta mínima. El dato más destacado es que la gran mayoría de estos episodios son de corta duración: casi dos tercios de las personas que en algún momento pasaron por estos programas durante la última crisis estuvieron menos de un año.

Estas duraciones son inferiores a las estimadas para otros países, lo que invita a relativizar las posibles críticas de generación de dependencia. No obstante, hay que tener en cuenta que las cuantías que ofrecen los programas autonómicos son, en promedio, bajas en el contexto comparado. Hay que destacar también que el porcentaje de reincorporaciones suele ser elevado. Conocemos algunas de las características que explican que esas duraciones se prolonguen, como el desempleo del hogar y tener serias dificultades para hacer frente a los gastos de mantenimiento y financiación de la vivienda. Las duraciones son más cortas en un segmento de los hogares de mayor dimensión, en los que el uso de estos programas suele ser más transitorio y donde son también más rápidas las salidas hacia otras formas de obtención de ingresos que den una mejor cobertura a sus necesidades.

Estas evidencias nos ayudan a interpretar que el verdadero problema de estos programas en cuanto a los incentivos laborales no es tanto que haya una renta garantizada que pudiera ser elevada respecto al salario potencial, sino la incompatibilidad de la prestación con otros posibles ingresos del trabajo. La clave, por tanto, para evitar posibles desincentivos no es fijar unas cuantías bajas respecto al salario mínimo, sino favorecer la compatibilidad entre la percepción de rentas del trabajo y el cobro de la prestación, a la vez que se impide el abuso o el fraude en la contratación.

La experiencia acumulada por algunos programas autonómicos, junto a la de otros países que han introducido fórmulas más flexibles, ya sea permitiendo esta compatibilidad durante un tiempo, dejando una cantidad exenta o estableciendo un descuento progresivo sobre las rentas salariales, confirma la importancia de estos mecanismos para que estas prestaciones puedan ser una palanca hacia la ocupación.

Luis Ayala es Catedrático de Economía en la UNED.

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