Polémica interpretación por la ayuda a los autónomos

El padre de Eduardo, taxista en Marbella igual que él, recibió hace unos días un correo electrónico procedente de Mutua Universal en el que se cuestionaba que pudiera justificar la reducción del 75% de sus ingresos de marzo, condición indispensable para acceder a la prestación extraordinaria decretada por el Gobierno y dirigida a aquellos autónomos cuya actividad no estuviera por completo paralizada, pero sí se hubiera reducido a partir de la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.

Sin embargo, Eduardo y su padre, igual que otros miembros del colectivo del taxi, denuncian que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se basan para esta reclamación en, lo que llaman, una “reinterpretación” del artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020 del 18 de marzo, que fue modificado en abril. En él se establece que para cobrar la ayuda la facturación del autónomo “en el mes natural anterior al que se solicita” debe haber caído, al menos, en un 75% “en relación al promedio de facturación del semestre natural anterior”.

Eduardo y su padre sostienen que las mutuas —las encargadas de tramitar estas prestaciones—, han variado su comportamiento inicial y que ahora les exigen la justificación de esa reducción de ingresos durante todo marzo y no en el periodo comprendido entre el día 14 y el 31, bajo amenaza de perder también la ayuda correspondiente a los meses siguientes.

“Es un insulto a la inteligencia. Porque a mí la ayuda me la dan por esos días, y no tiene ningún sentido que tenga que justificar todo el mes, cuando en las dos primeras semanas estábamos operando con normalidad”, defiende por teléfono. “Además, te invitan a que modifiques el mes de inicio o que directamente renuncies a la ayuda”, añade.

La prestación recibida por el autónomo que recoge el decreto es la correspondiente al 70% de su base reguladora, de media unos 661 euros, y que en marzo sería del 50%. A ella se une la devolución de la mitad de la cuota de autónomos. “Por ese mes de marzo recibimos unos 500 euros que son los que quieren que devolvamos”, matiza.

Su queja llegó hasta asociaciones como UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), que apuntan a que un 30% de los 1.350.000 autónomos que han solicitado esta prestación podrían verse afectados. “Eso no era lo que habíamos hablado, ni lo que decía la ley, ni el propio ministro José Luis Escrivá, o cualquier miembro de la Seguridad Social”, sostiene María José Landaburu, secretaria general de UATAE. “Acordamos que no se tomaría todo el mes, porque así es imposible llegar a un porcentaje que de por sí ya es excesivo. Y además, como se trata de un pago único, que es como me lo reconocieron a mí, si no consiguen justificarlo perderían todas las ayudas de los siguientes meses porque así está concebida”, reconoce Landaburu.

Múltiples aclaraciones

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno se muestran “sorprendidos” por esta reacción, y aseguran que desde el primer momento se estableció “de forma clara” esta disposición, de igual manera que se atendieron “con voluntad pedagógica" todas las solicitudes de aclaración que les fueron requeridas por distintas organizaciones. De hecho, aseguran continúan resolviéndolas porque consideran importante “dar certidumbre en un momento como este”.

Afirman también que una hipotética regulación de marzo no afectaría a los meses restantes, y reconocen que en abril algunas mutuas elevaron una consulta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y que en ni en ese ni en ningún otro momento “se ha producido alteración alguna en la interpretación”. Desde AMAT (la asociación que agrupa a las 19 mutuas), aseguran que "las Mutuas, como asociaciones privadas de empresarios que son, colaboran en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela de la misma, y por tanto, a tenor de ello, las Mutuas han actuado conforme a lo dispuesto en la ley, así como a los diversos Oficios y Criterios interpretativos que han sido remitidos desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Todo ello con la finalidad de aclarar la interpretación que puede darse de la norma, tanto en lo que respecta a su gestión, como lo referente al proceso de abono de la prestación”.

Otras asociaciones de autónomos como UPTA y ATA no ponen el foco de las reclamaciones en esta reinterpretación temporal de la norma respecto del mes de marzo, sino en que muchos de los autónomos a los que se les está requiriendo más información no conocían qué tipo de documentación podían aportar para justificar la merma de sus ingresos más allá de la declaración jurada, que en el caso del sector del taxi, por tratarse de un colectivo cuya declaración se realiza por módulos, no cuenta con libros de registro de facturas emitidas y recibidas, o de ingresos y gastos diarios, como sí ocurre con otras actividades.

“Tras las 70.000 consultas recibidas también detectamos que muchas mutuas no conocían que los autónomos podían presentar cualquier documento admitido a derecho, como registros bancarios, por ejemplo”, señala Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. “Cuando salió el artículo 17 faltaban cosas por concretar, y las mutuas han tardado en tener el mecanismo en marcha en función de las distintas las modificaciones de un artículo originalmente muy exiguo. Es normal que sucedan estas incidencias pero está bien que se corrijan, aunque, es verdad, que mientras tanto metes mucha preocupación en un colectivo muy heterogéneo”, añade Ferrero.

Eduardo asegura que tanto él como la mayor parte del colectivo de taxis, ha decidido modificar la solicitud de la prestación y establecer el mes de abril como primer mes para reclamarla. “Es mejor ser pragmático que poner en riesgo una ayuda que nos viene muy bien teniendo en cuenta en la situación en la que estamos”, concluye.