“Trabajamos en lo que vosotros, los españoles, no queréis hacer”

Altos, alegres, con un pie saliendo aún de la adolescencia, Ahmed, Rida y Osama están esperando para poder trabajar en el campo. Tienen entre 18 y 19 años, llegaron a España como menores no acompañados. Uno lo hizo en los bajos de un camión, los otros hacen un gesto como diciendo que ya es agua pasada. Quieren trabajar, tienen ofertas de empresarios para recoger frutas y verdura, pero no pueden hacerlo, pese a la gran necesidad de jornaleros en el campo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, cifra en unos 80.000 y fuentes del sector elevan a casi 200.000 en toda España.

“Lo único que falta es que se les asigne por fin un número de la Seguridad Social. Nos dicen que es solo un problema informático que se va a solucionar, porque la voluntad política y el BOE lo permiten”, explicaba el lunes Julián Salazar, educador social de la Fundación Amigó, en su sede fundacional de Godella (Valencia) y con delegaciones en distintas ciudades españolas. El problema radica en que, si bien el decreto del 7 de abril del Gobierno concede autorizaciones para los jóvenes migrantes entre 18 y 21 años que cuentan con permiso de residencia pero no de trabajo, a la hora de la verdad, la Seguridad Social no les asigna un número, pese a contar con la petición del empleador (empresario), una de las condiciones necesarias, y todo lo demás en regla. Desde la Seguridad Social aseguran que el problema se ha limitado a unas provincias y que su solución es inmediata. El educador calcula que en España podría haber entre 2.000 y 3.000 jóvenes como los citados a la espera de poder trabajar y unos 250 en la Comunidad Valenciana.

Mientras tanto, los migrantes esperan en su residencia eventual en virtud del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Amigó. “En cuanto se decretó el confinamiento, buscamos soluciones para los migrantes pensando en la inserción o reinserción laboral de la gente mediante un contrato. Y cuando lo conseguimos todo, nos encontramos con este problema burocrático”, señalaba la pasada semana María José Iranzo, responsable del servicio de Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento de Valencia. Con el estallido de la pandemia del coronavirus, la Concejalía que dirige Maite Ibáñez ha llegado a acuerdos con entidades para reubicar a los inmigrantes y buscar salidas sociolaborales. Un grupo de unos 40 vive ahora eventualmente en el colegio de las instalaciones de Godella, junto al seminario de los Terciarios Capuchinos. Algunos, los mayores, con todos los permisos en regla y el número de la Seguridad Social, ya han estado recogiendo cebolla o lo que sea en los campos de Valencia.

“Es duro y hay gente que no aguanta, pero lo peor no es eso, sino que no se pague bien”, apunta el marroquí Abd Fatah, un veterano del campo. Ibu, de Ghana, se ha buscado la vida por diversos países europeos en los últimos ocho años y solo pide que le dejen trabajar. El joven Rida no teme la dureza de la faena: “Yo he trabajado en el campo en Marruecos todo el día; es muy duro, pero resisto muy bien”. Tampoco Ahmed, que dice haber hecho de todo, de ocho a ocho, en sus apenas 19 años de vida.

A los mayores los contrató Dani, un rumano que trabaja con migrantes, con el que contactó la Fundación Amigó. “Nosotros trabajamos en lo que vosotros, los españoles, no queréis hacer”, comentaba este lunes en tono entre jocoso y reivindicativo el agricultor, junto a un campo de enormes coles. “Solo los agricultores valencianos más ancianos trabajan ellos la tierra y aguantan, pero el resto somos inmigrantes y hacen falta muchos más en el campo. Sin extranjeros, el campo estaría muerto. Hay que dar menos ayudas y más papeles para que puedan trabajar”, dice Dani, que lleva 20 años viviendo en Valencia y trabajando en el campo.

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