Los acreedores de Argentina rechazan la propuesta del Gobierno y exigen negociar mejoras

Argentina parece más cerca que nunca del default. Los acreedores extranjeros rechazan la propuesta formulada el pasado 17 de abril por el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y exigen negociar para mejorar las condiciones. Pero Guzmán afirma que “no se puede ofrecer más”. El Gobierno argentino propone reducir en un 62% los intereses de su deuda y no empezar a pagarlos hasta 2023; en cuanto al principal, de 83.000 millones de dólares, quiere reducirlo un 5% e iniciar la devolución a partir de 2026. “Es una propuesta razonable y sostenible”, insiste el ministro.

En principio, hasta el 7 de mayo hay tiempo para alcanzar un acuerdo que evite el default oficial y deje a Argentina completamente al margen de los circuitos internacionales de crédito. Cuando expuso su plan, Guzmán dio 20 días de plazo a los tenedores de bonos argentinos emitidos en divisa extranjera, fundamentalmente en dólares. Pero desde el primer momento la reacción de los bonistas fue negativa. Como dieron por supuesto que acabaría produciéndose una negociación, los bonos que Argentina no puede pagar registraron subidas moderadas en Wall Street. Pero el martes recuperaron el nivel previo a la oferta: en promedio, se ofrecen a menos de 40 centavos por cada dólar nominal: son precios de default.

“Las expresiones de rechazo eran esperables”, dijo Martín Guzmán este martes, “son parte del proceso de negociación en el que la otra parte busca presionar”. “Pero esta es la oferta, el producto de lo que antes se conversó y negoció, no se puede pagar más”, añadió. Según él, Argentina “ya está en una situación de virtual default”.

El recorte de intereses y de principal que propone Guzmán supondría para los inversores una pérdida estimada en algo más de 41.000 millones de dólares. Traducida a porcentajes, esa cifra vendría a suponer que de un bono que ahora se vende a 35 centavos por dólar se recuperarían, finalmente, 38 centavos. Los incentivos de los bonistas para aceptar son muy reducidos, teniendo en cuenta, sobre todo, el largo período de carencia: tres años sin cobrar intereses y seis sin empezar a recuperar capital. Los acreedores consideran que, en esas circunstancias, les saldría más rentable rechazar, forzar el default y llevar a la República Argentina ante los tribunales de Nueva York para obligarla a devolver hasta el último centavo, aunque eso llevara mucho tiempo.

Los principales fondos de inversión afectados por la incapacidad argentina de afrontar el pago de su deuda, como Fidelity, Black Rock o Monarch, señalan que el Gobierno argentino ha adoptado “una vía unilateral” en lugar de aceptar un diálogo “de buena fe” y aseguran que, bajo las actuales condiciones, no existe ninguna posibilidad de que den su acuerdo a la reducción de deuda. Para la gran mayoría de las emisiones de bonos en cuestión, es necesario que un tercio de los acreedores acepten la propuesta gubernamental. Para las que proceden de la reconversión de la deuda más antigua, la que reagrupó en nuevos bonos los títulos impagados tras el default de 2001, sería necesaria la conformidad del 75% de los acreedores. Ambos niveles parecen inalcanzables en estos momentos.

Diversos analistas señalan que si el Gobierno argentino aceptara pagar un porcentaje de los intereses, por pequeño que fuera, antes de 2023, se abriría la posibilidad de un acuerdo. Pero el Gobierno argentino, que ha dedicado meses a elaborar su propuesta de reducción, indica que si había algún margen para hacerla más favorable a los acreedores, este se ha evaporado a causa de los estragos financieros causados por la pandemia.

En cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de 44.000 millones de dólares, Martín Guzmán asegura que es “imposible” empezar a pagarla antes de 2024. En caso de que finalmente se registrara un default, sería el noveno en la historia de la República Argentina.

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