América Latina trata de aparcar las ideologías para priorizar los planes económicos

Para los Gobiernos en América Latina es mucho lo que está en juego y cada medida económica que imponen para contener la crisis por el coronavirus es una apuesta. Los resultados serán rápidos y las implicaciones profundas. Una región dividida en las últimas décadas por izquierdas y derechas y sacudida el año pasado, en gran parte, por las revueltas populares que clamaban contra la desigualdad se definirá, por ahora, por estilos de liderazgo más que por ideologías.

La región que comprende América Latina y el Caribe, en total más de 600 millones de personas, tuvo, en promedio, un decepcionante crecimiento económico en 2019 y se espera que este año se encoja entre un 4% y un 5%, es decir, vivirá su peor recesión en 50 años. En general, y con algunas excepciones, los países latinoamericanos comparten los mismos obstáculos, entre ellos una alta informalidad y desigualdad, así como una dependencia de la exportación de materias primas o de petróleo. En los últimos años, además, los precios de mercado no han estado de su lado.

La pandemia no ha alcanzado a todos los países en las mismas condiciones y es aquí en donde el espacio de maniobra de los Gobiernos empieza a variar. México, la economía que más sufrirá el golpe, según el FMI, estaba en recesión y Brasil crecía poco cuando el virus se instaló. Argentina debe el equivalente al 90% de su producto interno bruto (PIB). Ecuador estaba ya golpeado por una caída grande en el precio del petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos. Colombia y Perú, en cambio, venían creciendo a tasas muy por encima de países desarrollados y sus finanzas son tan sanas que pueden todavía endeudarse si así lo quisieran. Chile tiene un nivel de deuda muy bajo y Panamá goza de ambas cosas: alto crecimiento y buen nivel de deuda.

Esto explica por qué Perú, Chile y Brasil son los países que más gastarán en medidas para contener el choque económico: sus paquetes de estímulo económico son, incluso, comparables a los de economías desarrolladas. Brasil, a pesar de su bajo crecimiento el año pasado, será el país que más gaste para contener el choque, con medidas anunciadas que suman entre el 6% y el 7% de su PIB, según las estimaciones.

Todos los días se anuncian medidas nuevas, por lo que el panorama a buen seguro se verá muy diferente en unos meses. Estas van desde la restricción de reproducciones en video de alta definición para no saturar la conexión a Internet, hasta descuentos o suspensión de pagos de servicios básicos, o utilidades, como la electricidad, como hicieron Argentina, Colombia y El Salvador. Los programas de asistencia social en el sector informal, a través de depósitos, monederos electrónicos o hasta despensas, se ven en casi toda la región.

Una de las medidas que más ampliamente han puesto en marcha los Gobiernos en América Latina es el diferimiento o la reducción de los impuestos, a excepción de México, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Los créditos o el respaldo a créditos para pequeñas y medianas empresas también se han anunciado en la mayoría de los países. En algunos casos, como Costa Rica, se redujo la tasa de interés para préstamos a este tipo de empresas para evitar que se vean forzadas a cerrar por falta de liquidez.

Ya que los inversores en todo el mundo vendieron sus activos en mercados emergentes para refugiarse en la seguridad del dólar, los bancos centrales de Brasil, Chile, México, Perú y República Dominicana intervinieron en el tipo de cambio para disminuir las fuertes fluctuaciones, haciendo uso de sus reservas internacionales. Adicionalmente, Brasil y México aprovecharon una línea tipo swap de la Reserva Federal de Estados Unidos para garantizar liquidez en dólares por hasta seis meses.

La crisis ha expuesto que los Gobiernos no necesariamente están actuando de acuerdo con su autoproclamada ideología de izquierda o de derecha. Los ejemplos más notables, quizás, son México y Nicaragua. Pese a que se proclaman de izquierda, tanto el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador como el de Daniel Ortega se han resistido a incrementar su gasto público para subsanar el daño por la crisis global detonada por la pandemia del coronavirus. En Colombia, por otra parte, Iván Duque, que preside un Gobierno de centroderecha, no ha dudado en incrementar el gasto del gobierno en asistencia social y hará depósitos directos de más de 100 dólares a las familias más vulnerables.

“¡Se volvieron todos keynesianos!”, asegura desde Santiago de Chile Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, organismo intergubernamental que estudia y promueve la democracia, refiriéndose al economista John Maynard Keynes, principal teórico a favor del incremento del gasto gubernamental y de la deuda pública. "La ideología ha quedado de lado, por lo menos de momento. Acá lo que está prevaleciendo son los estilos de liderazgo”, añade en conversación telefónica.

Las medidas adoptadas por cada Gobierno tendrán, forzosamente, un impacto directo en las elecciones -presidenciales o regionales- programadas para este año — en Brasil, Bolivia y República Dominicana — y el próximo año, en Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras. En juego está, no solo la vida de los habitantes, sino su sustento. La comisión de la ONU para el desarrollo en América Latina estima que el número de pobres en la región pudiera subir de 185 a 220 millones como consecuencia de esta crisis.

En esta coyuntura, los desafíos para los mandatarios serán mayúsculos en una época en la que, por lo general, y a excepción del mexicano López Obrador, todos los líderes cuentan con una popularidad por los suelos, que tiende a remontar ante un buen manejo de la crisis. El caso más evidente es el de Sebastián Piñera, presidente de Chile. Hace seis meses el mandatario enfrentaba el descontento social más duro en la región, con violenta represión a protestas directas a su gobierno. Cuando pegó la pandemia, el país se preparaba para celebrar un referéndum para una nueva Constitución, que ha quedado aplazado. La tasa de aprobación de Piñera tocó un mínimo histórico del 12% en noviembre y hoy, y por su manejo de la crisis del coronavirus, es nueve puntos más alta. En el extremo opuesto se encuentra Brasil. Los ciudadanos juzgarán, por ejemplo, la actuación de Jair Bolsonaro, quien prefirió despedir a su Ministro de Salud que aceptar las medidas de asilamiento social que este recetaba por miedo a la parálisis económica.

Ecuador y Colombia fueron los otros dos países que sintieron con fuerza las revueltas populares. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció que, tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario International (FMI) y el Banco Mundial (BM), eliminaría los subsidios a los combustibles y recortaría la nómina de servidores públicos. Esto llevó a miles de personas a protestar a las calles. En Colombia, y a pesar de las acciones tomadas por el Gobierno de Iván Duque en torno a la pandemia, los reclamos permanecen, desde un avance en la implementación de los acuerdos de paz y la exigencia de mayores recursos para la educación pública hasta la necesidad de reducir la desigualdad y el cuidado al medio ambiente.

"La ideología va a reaparecer en su debido momento, y lo vamos a ver en las próximas elecciones, pero lo que se va a jugar va a ser, con mucho pragmatismo, ¿qué tan buen capitán de tormenta tenemos como para renovarle la confianza o no?", plantea Zovatto.

Caso aparte es Venezuela. El colapso de la economía, de la seguridad ciudadana y del sistema de salud, entre otros, ha sacudido al país en los últimos años. Sus indicadores económicos, como la inflación, el tipo de cambio, PIB, han sido descalificados como opacos. El banco central, incluso, había dejado de publicar estadísticas desde 2015 hasta que el año pasado admitió que la economía se desplomó un 52%.

El mes pasado, una semana después de que el FMI negó a Maduro un préstamo de 5.000 millones de dólares que el Gobierno pedía para hacer frente a esta crisis económica (argumentando que “el Fondo no está en condiciones de considerar” la solicitud), el Gobierno de Venezuela anunció un paquete de prohibiciones para hacer frente a la crisis económica desatada por el coronavirus. Prohibió a las compañías de telefonía suspender servicios por falta de paga, extendió una prórroga que prohíbe a empresas despedir empleados y suspendió cobros de créditos.

“Venimos de un año pasado en que hubo mucho descontento social en América Latina y como se manejan estas medidas en la próxima fase es una parte que, mejor por las dudas, pensarlo desde ahora,” asegura desde Washington Martín Rama, economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, refiriéndose a los líderes en la región.

Es muy probable que la ola de apoyos gubernamentales que vemos ahora sea solo la primera, añade el analista. A lo largo de los meses, prosigue, habrá sectores y empresas que no se recuperarán con el resto de la economía, como pueden ser el del petróleo, la aviación o el turismo, por ejemplo, que tardarán más en que su demanda se recupere por completo. “Eso va a poner una nueva ola de presión sobre el gobierno de demandas de apoyo para empleo, para empresas, para sectores estratégicos. Si esta segunda fase de la crisis se materializa, habrá muchos países que pueden no tener los recursos para enfrentar todo lo que va a venir.”

Para Rama, “eso va a plantear un problema que es diferente, que es más institucional, que es: ¿Dónde está la prioridad? ¿Es la prioridad mantener la estabilidad del sector financiero? ¿Es la prioridad mantener a flote empresas que son importantes para el país porque tienen gran competencia o buenos empleos? ¿Es importante concentrarse en la parte social? “.

“Va a haber que tomar decisiones difíciles”, concluye Rama, “y tomar esas decisiones de una manera que sea percibida como transparente, como justificada económicamente.”