El Gobierno eleva del 21% al 23% la reducción de emisiones previstas para 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el envío a Bruselas del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que persigue una reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, lo que supone un ligero aumento sobre el 21% anterior. Por lo demás, el texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado enero.

El documento se modificará —y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas— en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas. La fase de información pública debía haber concluido el pasado 25 de marzo y se encuentra suspendida debido al estado de alarma.

El plan refuerza los objetivos y los resultados. También incluye un análisis, con participación de Red Eléctrica Española (REE), que avala la seguridad del suministro eléctrico del mix energético que se fija el plan para 2030. Además de la reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero, prevé que el uso final de renovables en la energía sea del 42% y del 74% en el sector eléctrico en 2050.

El PNIEC viene acompañado de un análisis de los efectos macroeconómicos y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, posibilitará que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en un 1,8% en 2030 respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

El plan estima una movilización de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que se destinarán fundamentalmente al impulso de las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante serán inversiones de las distintas administraciones públicas, incluyendo financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal, fundamentalmente.

La menor importación de combustibles fósiles — en especial, petróleo y carbón— y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior que pasa del 74%, según el dato de 2017, al 61% en 2030.

El empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas. Se trata de un aumento del 1,7% respecto a un panorama sin las medidas del PNIEC. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de trabajo adicionales y no acumulables que se crean cada año desde 2021 a 2030.

Las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 millones netos en 2030; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000 puestos de trabajo; y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Indirectamente, el cambio energético creará hasta 118.000 empleos en 2030.

Entre otras cuestiones, el PNIEC incorpora medidas en materia de transición justa y pobreza energética, en línea con la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que establece indicadores y objetivos de reducción de al menos un 25% en 2025. En este sentido, se incluye la participación local en proyectos renovables, el fomento de la energía renovable a partir de biomasa o la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial.

De igual modo, se proponen instrumentos para garantizar a los consumidores el derecho a consumir, producir, almacenar y vender su propia energía renovable mediante la generación distribuida, la gestión de la demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales, así como medidas específicas destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización. Al respecto, el PNIEC hace hincapié en el potencial de la rehabilitación energética de edificios y del autoconsumo.