Límites públicos ante el clima y el coronavirus

Las dificultades para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la epidemia del coronavirus son del mismo tenor que las que se registran para afrontar el cambio climático. En ambos casos resulta evidente la falta de recursos públicos para adoptar medidas que protejan a toda la población.

Los Gobiernos tienen que actuar ahora con un sistema sanitario reducido en recursos y equipos humanos por las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis. Solo entre 2011 y 2014, el gasto sanitario se redujo un 10%, según Fedea.

En el caso del cambio climático vemos la ineficacia de las recomendaciones de los organismos internacionales. El informe de Rainforest Action Network, que cuenta con el respaldo de 163 organizaciones, ha puesto de relieve cómo ha seguido aumentando año tras año, entre 2016 y 2018, la financiación bancaria a las energías fósiles contaminantes. Durante este trienio, la financiación de los 33 mayores bancos globales a la industria de combustibles fósiles ha ascendido a 1,9 billones de dólares, (1,7 billones de euros) de los que 654.000 millones de dólares (587.000 millones de euros) corresponden a 2018. Los principales financiadores son los cuatro mayores bancos estadounidenses. A pesar de los acuerdos internacionales, las malas prácticas bancarias siguen en aumento, elevando la contaminación y los daños a la salud.

Para Rainforest Action Network, de acuerdo con las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y la Task Force on Climate – Related Financial Disclosures, los bancos deberían detener inmediatamente toda la financiación para la expansión de combustibles fósiles así como para las empresas y proyectos que no respeten los derechos humanos.

Sobre el trasfondo de la crisis climática son ilustrativas las manifestaciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, del pasado 25 de febrero: “El origen de los problemas asociados al cambio climático parece claro: los agentes económicos estarían desarrollando su actividad teniendo en cuenta exclusivamente su beneficio o coste privado, pero obviando el coste social [en este caso medioambiental] que generan. Como consecuencia la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero sería superior al óptimo social”.

En su opinión, la receta de la teoría económica ante estos fallos de mercado son los impuestos que igualarían los costes marginales privados y sociales y harían que las emisiones se redujeran hasta el óptimo social. Para el gobernador “la política fiscal debe desempeñar un papel preponderante en la gestión del cambio climático, tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medioambiente como para impulsar las inversiones que serán necesarias para desarrollar tecnologías más limpias y, también, para paliar los costes sociales de la transición”.

Con la actual organización del capitalismo, dominada por los intereses de los poderes económicos de una minoría, difícilmente se podrá dar una respuesta que asegure la protección de todos los ciudadanos. Urge reforzar el poder real de los representantes públicos y autoridades elegidas por los ciudadanos para evitar que de nuevo los más vulnerables sean los más perjudicados.