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El despido más polémico del Banco de España

Jorge Pérez, ex jefe de contabilidad, expulsado por filtrar datos, se cree víctima por discrepar sobre el fiasco de Bankia

Íñigo de Barrón
Sede del Banco de España en Madrid.
Sede del Banco de España en Madrid.C. Rosillo

Las salidas de los empleados del Banco de España, muy escasas, suelen ser discretas y sin publicidad. Ahora se han roto todos los esquemas con Jorge Pérez Ramírez, que entró en la institución en 1986 y fue despedido el 31 de julio de 2019. La marcha del responsable de Regulación Contable —un tercer nivel jerárquico—, que ha sido crítico con la jefatura sobre cómo se fusionaron las cajas que dieron lugar a Bankia (y lo manifestó en el juicio en la Audiencia Nacional), ha acabado en el juzgado de lo Social, con el consiguiente escándalo público.

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El 12 de diciembre quedó visto para sentencia el juicio por su despido, tras cinco horas de declaraciones de testigos. Este miércoles, la defensa del Banco de España, representado por el despacho Uría, y la de Jorge Pérez, cuyo abogado es Antonio Bernal, dieron las conclusiones donde refuerzan sus posiciones, absolutamente antagónicas.

La defensa de Pérez cree que se trata de una represalia y un gran montaje por su polémica declaración en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en mayo pasado, cuando dijo que las cuentas no reflejaban las pérdidas del banco. También se opuso, en 2010, a que las cajas de Bankia pudieran cargar sus grandes pérdidas contra reservas, ya que él creía que debían hacerlo contra resultados (lo que les hubiera colocado en números rojos). La cúpula supervisora del gobernador Miguel Fernández Ordóñez no admitió la posición de su jefe de contabilidad.

El entorno de la defensa de Pérez apoya su teoría de la venganza diciendo que fue despedido dos meses después de declarar y que su expediente se abrió cuando el Banco de España supo que iba a ser testigo del caso Bankia. Este punto lo niega la defensa del supervisor, que dice que se abrió expediente en noviembre de 2018 y que fue llamado posteriormente como testigo del juicio. Su defensa alega que desde junio de 2018 el juez aceptó que Pérez declarara y el Banco de España lo sabía.

Sin embargo, las conclusiones presentadas por la defensa del supervisor niegan cualquier vendetta y recuerdan que más de una docena de inspectores del Banco de España han sido críticos en sus declaraciones en la Audiencia y aún trabajan en la institución. Además, creen que Pérez ha cometido un error de forma al presentar la demanda con retraso sobre el plazo legal. Yendo al fondo, le acusan de incumplir la normativa del Banco de España del deber de secreto con faltas “graves, continuas y persistentes”, como enviar correos a su buzón personal y a terceras personas con información confidencial.

Todo empezó en noviembre pasado, cuando el Banco de España abrió una investigación interna después de que el periodista Ernesto Ekaizer publicase un tuit con una cita de un correo electrónico interno y un enlace a una carta en la que el director general de supervisión, Julio Durán, comunicaba su decisión de dimitir. Según el supervisor, se ha determinado que el tuit se había publicado minutos después de que Pérez se lo reenviase a Ekaizer. La defensa del despedido asegura haber demostrado que Durán envió el tuit a 500 empleados que lo reenviaron a 100 personas más. La carta consta de unas ocho líneas sin información trascendente, según ha podido saber este periódico.

Correos investigados

Tras la filtración, se inició un rastreo los 47.000 correos que Pérez envío entre 2016 y 2019. La empresa que investigó los emails fue una filial de Deloitte, auditora de Bankia y acusada en la causa. El supervisor afirma que Deloitte ganó el concurso público. La empresa investigó los correos que Pérez había enviado a la dirección personal, del ICAC y del Ministerio de Economía de Ana Martínez-Pina, ahora consejera del Banco de España y vicepresidenta de la CNMV. Este hecho levanta sospechas en la defensa sobre el verdadero interés del rastreo del ordenador del despedido.

También se acusa a Pérez de haber escrito en su horario de trabajo 170 páginas de El Libro Negro, La crisis de Bankia y las Cajas, de Ernesto Ekaizer. Tanto el despedido como el autor lo niegan rotundamente. “Solo tuvimos una relación entre autores. Envié a Pérez algunos capítulos para conocer su opinión técnica y me facilitó un borrador con datos públicos”, dijo Ekaizer en el juicio.

También se acusa a Pérez de haber participado en un peritaje sobre el Popular para Aristóbulo de Juan, consultor y exdirector general del Banco de España, que pleitea contra la Junta Única de Resolución (JUR) por intervenir el banco. La defensa del Banco de España considera este hecho “muy grave”, ya que un alto empleado del supervisor ayudó a alguien que pleiteaba con una institución que está dentro del Eurosistema, es decir, contra su propia casa. De Juan declaró que Pérez no hizo el peritaje ni cobró por “unos comentarios en los que solo utilizó información pública”. La defensa de Pérez insiste en que la JUR no es parte del Banco de España y se le está acusando de ir contra esa institución. Todo está en manos de la juez. Un caso muy difícil.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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