¿Juicio a Bankia o al Banco de España?

Solo quedan dos semanas para que se cumplan los seis meses de juicio del caso Bankia. A los 34 acusados, entre directivos del banco, consejeros, Deloitte, BFA y Bankia, se les acusa de falsear las cuentas y engañar a los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad.

Tras cinco años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, eximió a los directivos de Banco de España y de la CNMV de responsabilidad en el caso tras seguir los informes de dos peritos que aseguraron que se maquillaron las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa. Se juzgan los estados financieros de marzo de 2011, no las cuentas de diciembre de ese año, que son de las que más se habla ante el tribunal, ya que generaron escándalo al ser entregadas a la CNMV sin auditoría. Tampoco se juzga la reformulación de las cuentas de 2011. Y también se habla mucho de ellas.

La mayor parte de las declaraciones de los 26 testigos que han pasado por la sala se han centrado en la actuación de la cúpula del supervisor y de los inspectores que vigilaban Bankia, un asunto que tampoco se juzga. El enfrentamiento entre la infantería del Banco de España y los mandos ha protagonizado las más duras sesiones del juicio.

En la Audiencia Nacional, con sede en San Fernando de Henares, se han escuchado graves acusaciones: el inspector José Antonio Delgado dijo que los jefes falseaban informes, que nadie revisaba las cuentas de la entidad, que se “perdían” los documentos críticos con la salud de Bankia, entidad que definió como “un muerto que se quería maquillar”. Su compañero José Antonio Casaus, añadió que se dieron cuenta de que Bankia era inviable en abril de 2011, tres meses antes de salir a Bolsa ya que necesitaba más provisiones y era incapaz de generar beneficios. La respuesta de los coroneles del Banco de España, a través de Pedro González, ex director de inspección, fue recordar que Casaus afirmó en marzo de 2011, que Bankia tenía recursos suficientes para funcionar dos años más. González, aportó documentos que corroboran, en su opinión, el apoyo de los inspectores a la creación de Bankia.

Estos enfrentamientos solo son la punta del iceberg de lo que se ha vivido ante el tribunal, en parte gracias al empeño de la fiscal, Carmen Launa, en abundar en estas cuestiones que no están en el caso penal. El tribunal, presidido por Ángela Murillo, no juzga el funcionamiento del supervisor, para el que este proceso se ha convertido en una nueva hemorragia de pérdida de reputación.

El juicio llega siete años después del fiasco del banco público, que supuso el mayor escándalo de la crisis financiera porque afectó a cientos de miles de ciudadanos, de los que 225.000 accionistas y 170.000 preferentistas recuperaron su inversión. El estrato social de muchos de los afectados añadió dramatismo a la tragedia, cuyo relato ha estado más controlado por los inspectores que por la cúpula del Banco de España, poco dada a dar explicaciones, salvo por exigencia legal. El supervisor perdió un tiempo precioso para explicar a la sociedad las razones de sus errores, por qué sus diagnósticos fueron equivocados, la enorme presión ambiental con la que se trabajó y hacer una autocrítica más que necesaria cuando la factura para los ciudadanos puede superar los 50.000 millones. Quizá debían haber abandonado el organismo todos los directivos implicados en la crisis, aunque no tuvieran responsabilidad penal.

El hecho de que Bankia decidiera devolver el dinero a los inversores puede hacer pensar que los gestores y la cúpula supervisora eran responsables del fiasco. Pero el trabajo del tribunal es más complejo. Lo que se está juzgando es si los directivos cometieron una ilegalidad al confeccionar las cuentas, es decir, si lo hicieron de manera diferente de la establecido por el Banco de España. No se juzga el resultado de la salida a Bolsa de Bankia ni que todo acabara en un desastre, como nadie duda.