¿Qué retos educativos ha de afrontar el próximo Gobierno?

LGE, LODE, LOGSE, LOMCE... Hasta siete leyes educativas diferentes ha tenido (y sufrido) España en el último medio siglo, a menudo convertidas en un frecuente caballo de batalla ideológico en la arena de la confrontación política. La última de ellas, la LOMCE (popularmente conocida como Ley Wert), vio la luz en 2013 en medio de una fuerte oposición, cuando la vuelta a La Moncloa del Partido Popular puso freno al que posiblemente fuera el intento más serio de alcanzar un largamente demandado Pacto de Estado por la Educación, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación.

¿Se trata acaso de un pacto de imposible realización? Depende de la voluntad política, pero de seguro los representantes democráticamente elegidos pueden llevar a cabo una labor de diálogo mucho más efectiva que acerque posturas tradicionalmente antagónicas. Se necesitarían, en primer lugar, “expertos educativos de diferentes ideologías que realizasen un informe en el marco internacional de la Unión Europea, definiendo los puntos críticos del sistema educativo y sus soluciones”, sostiene Carlos Martínez, presidente de IMF Business School. Posteriormente, serían “las estrategias de priorización, intervención y dotación presupuestaria las que se llevarían al debate político, para establecer los acuerdos comunes que sellasen ese pacto educativo”. A punto de echar el telón a este 2019 tan hiperbólicamente electoral, y cuando los partidos aún negocian para evitar unas nuevas elecciones que nadie (o casi nadie) quiere, pasamos revista a algunas de las principales necesidades del sistema educativo español.

Potenciar la inversión

“No hay calidad sin financiación, y en este sentido la situación de España es lamentable”, afirma Andrés Arias, director de la Fundación Complutense de Madrid. “Es más importante asegurar la calidad y la igualdad en el acceso a la educación primaria y secundaria que en la superior”. Los datos demuestran, efectivamente, cómo la inversión educativa ha menguado considerablemente a lo largo de la última década: si en 2009 el gasto de educación con respecto al Producto Interior Bruto era del 4,99 %, este pasó al 4,09 en 2015 y al 3,81 % en 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los ministerios de Economía y Hacienda. Unas cifras que contrastan tanto con la media europea (4,9 %) como de la OCDE (con un 5,3 %, punto y medio más que el gasto español) y que se quedan en el 0,7 % de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años.

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Invertir más, sí, pero con el claro objetivo de reforzar prioritariamente la enseñanza pública, señala Arias, para quien esta cuenta en numerosas ocasiones “con profesionales estupendos pero con muy pocos recursos, con demasiados estudiantes en clase o con chavales de familias con dificultades socioeconómicas, que necesitan mayores apoyos para obtener los mismos resultados”: alumnos que no tengan el español como lengua materna, por ejemplo, o aquellos que llegan a casa tras las clases pero no cuentan con la ayuda de sus padres porque están trabajando. “Hay que ofrecer una escuela pública con calidad para todos. Solamente cuando tienes alimentación suficiente puedes preocuparte por qué tipo de platos quieres... No se invierte lo necesario y luego eso sirve de disculpa para derivar un buen número de estudiantes hacia la educación concertada”, asevera Arias. Para el director de la Fundación Complutense, lo que no tiene sentido es “que financiemos la escuela concertada a costa de la pública. Si tuviéramos recursos suficientes, no habría problema”.

¿Es necesario entonces revisar los conciertos educativos? Posiblemente, a juicio de Arias, aunque a la vez reconoce que tampoco se puede desmantelar este sistema de golpe, ya que construir una enseñanza pública de calidad lleva su tiempo. “Me consta que hay muchas familias que quieren ofrecer a sus hijos una educación religiosa, y me parece bien que se les apoye con fondos públicos, porque hay muchas sensibilidades diferentes que hay que tener en cuenta. Pero siempre que la educación pública esté lo suficientemente reforzada”.

Vinculación con la realidad social

Quizá el mayor reto de todos sea dar respuesta a las principales demandas de la sociedad, como aumentar la oferta de plazas para niños de 0 a 3 años, cuya escolarización no es obligatoria en España, o la lucha contra las desigualdades sociales. En Madrid, la corporación municipal dirigida por Manuela Carmena aprobó la gratuidad de las escuelas infantiles a principios de 2019. Aunque la OCDE recomienda la escolarización temprana (de 0 a 6) por sus efectos beneficiosos en el futuro rendimiento del niño, en España solo el 37,9 % de los niños menores de tres años acude a una escuela infantil, frente al 97 % de los de 3 a 6. Para Carlos Martínez, además, “el sistema educativo, en lugar de romper con las desigualdades sociales, está consolidando esas diferencias y aumentando la brecha social, con altos porcentajes de fracaso escolar y abandono, haciendo más mella en los grupos más vulnerables”.

Un factor que, añade, está asociado con la existencia de un profesorado “que carece de la motivación necesaria para responder de forma más eficaz a este reto de la desigualdad social, y que precisa una formación más especializada en estrategias y recursos para hacer frente a las demandas socioeducativas del alumnado y de su entorno familiar, requiriendo un mayor apoyo de educadores sociales, psicólogos o pedagogos”. En países como Estados Unidos, la presencia de un equipo de orientadores y profesores de educación especial, entre otros profesionales, es la norma en cualquier distrito público del país, independientemente de su nivel socioeconómico o de su presupuesto. Los recursos materiales tampoco faltan, con laboratorios de informática y pizarras inteligentes en un número considerable de aulas.

“La clase social de origen es un predictor, en ocasiones, mucho más potente del éxito educativo de un chico o chica que la escuela a la que vaya, y eso tendría que hacernos reflexionar”, señala Arias, a la vez que recuerda que la precariedad social es mucho más elevada de lo que la gente se piensa. “Invertir en igualdad suele ser más rentable, pero en términos muy diferentes a lo que algunos entienden. No solo es rentabilidad económica, sino una sociedad más integrada, más respetuosa, más culta y solidaria”.

El profesorado y la colaboración con empresas, claves

Uno de los aspectos que los expertos consultados señalan como mejorables es la formación inicial que recibe el profesorado, que se forma para superar una oposición demasiado teórica basada en los contenidos y alejada de unos contextos reales de aprendizaje que midan sus capacidades y competencias. Un modelo de oposiciones (y de formación continua posterior) con el que conviene romper, asegurándose de que esta “responderá a la idiosincrasia y problemática de cada alumnado, aula y centro”. También es sin duda mejorable el sistema de promoción, de manera que se recompensen la formación continua, la implicación y el compromiso con su desempeño docente, en vez de un sistema centrado en méritos burocráticos.

En educación superior, se suponía que la instauración del plan Bolonia traería consigo la convergencia con Europa, tanto en lo que respecta a modelos pedagógicos como en la estructura de los ciclos. Sin embargo, “en la mayoría de los Estados europeos, los grados son de tres años y los másteres de dos, mientras que aquí pasamos de licenciaturas (5) y diplomaturas (3) a un modelo de 4+1 (grados de 4 y másteres de uno, lo que además no tiene mucho sentido porque en un año no hay tiempo suficiente). Eso quiere decir que, en la práctica, nos alejamos más de lo que estábamos antes; hemos divergido en un proceso de convergencia”, puntualiza Arias.

Un reto que también lo es en lo que respecta a la movilidad e internacionalización de los estudiantes, ya que los años no coinciden con los ciclos de las universidades europeas. Un cambio de modelo a estas alturas, no obstante, se antoja altamente improbable, ante el temor generalizado de que ello pueda provocar un aumento de las tasas académicas.

¿Y cuál debe ser el papel de la empresa en la formación de los futuros profesionales? Tanto Martínez como Arias señalan que esta debería de involucrarse más, si bien este último puntualiza que hay que hacerlo “con criterios académicos y pedagógicos, siempre primando el interés de los estudiantes. La universidad no puede convertirse únicamente en una fábrica de empleados de las empresas, ya que también tiene otras funciones relacionadas con la construcción de la ciudadanía”. Martínez finaliza con una reflexión: “No solo en la universidad, sino también en la Formación Profesional y en Secundaria. Pero para ello el sistema educativo, y la universidad especialmente, debería replantearse las estructuras, haciéndolas más abiertas y permeables al sistema socio-productivo e identificando así las posibilidades de colaboración”.