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EE UU y China negocian aplazar la entrada en vigor de los nuevos aranceles prevista el domingo

Las potencias no tienen previsto ninguna cita de alto nivel que indique una rápida solución del pacto comercial

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Representante de Comercio de EE UU, Robert Lighthizer, junto al presidente Donald Trump. REUTERS

Estados Unidos y China siguen sin tener un calendario fijo para cerrar la primera fase de la negociación comercial. Hasta el punto de que el presidente Donald Trump afirma que estaría preparado incluso para esperar otro año, hasta pasadas las elecciones. Pese a la falta de acuerdo, los negociadores de los dos países se están planteando retrasar la extensión de los aranceles que deben entrar en vigor este próximo 15 de diciembre.

Inversores y empresarios tienen la esperanza de que EE UU y China sean capaces de evitar una escalada en el conflicto comercial que lastre aún más la economía global. Es uno de los factores que llevó a la Reserva Federal a rebajar los tipos de interés tres veces consecutivas este año. El pasado octubre se anunció ya un principio de acuerdo para cerrar la primera fase de la negociación.

Se esperaba que EE UU y China lo hubieran cerrado un mes después, coincidiendo con la celebración del G7. Esa cita se canceló por las protestas en Chile, el país que iba a hacer de anfitrión. Los negociadores, sin embargo, siguen tratando de finalizar como se plasmará el pacto. Pekín se comprometió a adquirir productos agrícolas y pidió al mismo tiempo que se empezaran a rebajar los aranceles.

Trump, por su parte, mantuvo su intención de ampliar los aranceles a productos chinos por valor de 165.000 millones de dólares a partir de este domingo. Los negociadores de ambos países, sin embargo, están dado a entender que podrían retrasarse para así dar más margen a la negociación. Es lo que sucedió en ocasiones anteriores cuando se estaba a las puertas de un acuerdo pese a que los aranceles siguieron subiendo.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, recordaba en todo caso que al presidente “le gustan los aranceles” y que no dará su aprobado hasta estar convencido de que el acuerdo “funciona para todos”. Si los progresos en la negociación, Donald Trump está dispuesto a seguir ejerciendo presión como hizo el pasado verano. El republicano está convencido de que los chinos quien un acuerdo.

En este momento no hay previsto ningún evento de alto nivel que indique que el pacto para cerrar la primera fase de la negociación estaría cerca. Los negociadores de las dos partes, sin embargo, están en contacto constate. Trump sugirió incluso la semana pasada que no le importaría esperar hasta pasadas las elecciones presidenciales. Si gana, como dice Ross, “tendrá más munición”.

Washington utiliza como argumento para mantener las espadas en alto la solidez de la economía, frente a los problemas que acusa China. El déficit comercial, además, le da más margen para recurrir a los aranceles como arma proteccionistas mientras que la respuesta de Pekín es más limitada. El conflicto comercial, además, está provocando que la cadena de suministro se mueva a otros países.

El momento de la negociación, en boca de Trump, es “crítico”. La extensión de los aranceles tiene, sin embargo, un elevado riesgo político para el presidente y los legisladores republicanos. Hasta ahora el impacto de la batalla comercial fue bien absorbido por las empresas y se movilizaron ayudas a los agricultores para responder a las medidas de retorsión chinas. Pero si llega al consumidor, la ecuación cambia.

El último tramo de los aranceles afecta a productos importados como teléfonos móviles y televisiones, por lo que las ramificaciones pueden ser mayores. Ni EE UU ni China muestran, en todo caso, prisa para llegar a un acuerdo. La primera fase de la negociación, además, se concentra en los aspectos menos complejos que deben resolverse para que se produzca un cambio estructural en la relación comercial.

Los analistas en Wall Street confían en todo caso en que se deberá llegar a algún tipo de acuerdo antes del ciclo electoral en EE UU. La batalla arancelaria, pese a tener un impacto limitado en el conjunto de la economía, si se estaría comiendo buena parte del beneficio derivado de la rebaja fiscal y eleva la incertidumbre. La pérdida de confianza del consumidor tendría consecuencias mayores.

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