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Los abogados de la excúpula de Pescanova piden suspender el juicio por la quiebra de la empresa

La Fiscalía acusa de ocho delitos al expresidente, Manuel Fernández de Sousa

El antiguo presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa (d), junto a los máximos responsables de la empresa entre 2009 y 2013, en la Audiencia Nacional
El antiguo presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa (d), junto a los máximos responsables de la empresa entre 2009 y 2013, en la Audiencia Nacional Pool

El juicio por la quiebra de Pescanova arrancó este lunes en la Audiencia Nacional con 19 acusados y numerosos testigos y peritos llamados a declarar ante el tribunal durante los cuatro meses que está previsto que dure. La defensa del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al que la Fiscalía considera el cabecilla de una trama que pretendía ocultar la millonaria deuda del grupo, solicitó durante las cuestiones previas la suspensión del juicio y la vuelta a la fase de instrucción.

El abogado argumentó que los bancos que concedieron créditos a la empresa a partir de 2010 deberían estar en el procedimiento por haberse lucrado con los intereses que cobraron durante esos años. También señaló que, como los bancos no sufrieron perjuicio y no figuran como acusación, no puede haber estafa, uno de los ocho delitos que se imputan a Fernández de Sousa: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

Los máximos responsables de la entidad entre 2009 y 2013 se sientan en el banquillo casi siete años después de la quiebra de la empresa acusados de ocultar la deuda para engañar a inversores, acreedores y organismos reguladores. Entonces Pescanova era la cabeza visible de un grupo de 151 empresas con presencia en 25 países y 11.000 empleados. La deuda real de la empresa llegó a ser 2.000 millones de euros superior a la declarada oficialmente. Pescanova se financiaba emitiendo facturas falsas, según declararon algunos directivos durante la instrucción y cree la Fiscalía. Además de los 19 exdirectivos, hay siete empresas acusadas como persona jurídica. Entre ellas, la auditora, BDO.

El fiscal anticorrupción Juan Pavía rechazó la petición del abogado de Fernández de Sousa de suspender el juicio e imputar a los bancos que concedieron créditos a la compañía. Aseguró, durante la sesión de tarde del juicio, que Pescanova les “engañó” sobre su situación financiera, según recoge Europa Press. Y añadió que precisamente por eso, por engañar a los bancos, está acusada la empresa de estafa. En sus conclusiones provisionales el fiscal recoge que los bancos no conocían la situación de insolvencia de Pescanova.

Las defensas de varios acusados también pidieron la nulidad del auto de apertura de juicio oral porque este incluye un delito, el de insolvencia punible, que, según aseguraron, no se atribuyó a sus clientes durante la fase de instrucción. Varios abogados, como el de Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente, argumentaron que esa acusación vulnera su derecho a la tutela judicial. Este abogado alegó también que su cliente estaba fuera de España en la época que se investiga.

La caída de Pescanova ha provocado que buena parte de la familia Fernández de Sousa desfile ante el juez. La Audiencia Nacional abrió hace unos días juicio oral contra la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova, a quienes reclama más de 14,2 millones de euros de fianza. Les acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. 

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