El juez pide juzgar a la empresa pública Mercasa y a 20 directivos por pagar mordidas en Angola

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a 20 personas y a ocho empresas como personas jurídicas, entre ellas la pública Mercasa, que gestiona los mercados centrales del país, por el pago de comisiones para conseguir contratos en Angola entre 2006 y 2016. Mercasa es la segunda empresa pública imputada en un caso de corrupción después de que el juez De la Mata mandara a juicio en mayo pasado a la compañía de venta de armas Defex, también por pagar sobornos y comisiones para conseguir negocio en Angola.

Con el auto de pase a procedimiento abreviado conocido este lunes, De la Mata finaliza la instrucción de una de las piezas del llamado caso Mercasa, en el que se investigan delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales. En esta pieza, la Audiencia Nacional ha indagado las irregularidades cometidas en los contratos para construir un mercado mayorista en la capital angoleña, Luanda.

Los investigados (antigua figura del imputado), entre los que hay varios directivos de Mercasa y del consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), emplearon el mismo modus operandi en Angola y en otros países como República Dominicana, Panamá y Argentina, según el escrito del juez. Para canalizar el pago de comisiones a autoridades de esos países, concertaron acuerdos de consultoría y agencia con terceras personas, a las que pagaban una comisión que consistía en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido.

Estos trabajos eran ficticios: “No existe en el procedimiento ningún documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces, como resulta acreditado de las comunicaciones intervenidas judicialmente a los investigados”, señala De la Mata. Las comisiones se pagaban a medida que las empresas españolas iban recibiendo los contratos y se abonaban en cuentas bancarias de sociedades instrumentales o pantalla. 

"Estas dádivas eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas", señala el escrito, que añade: “Su única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario, como a "terceras entidades que proporcionaron el éxito de esta operación", que no eran sino autoridades y funcionarios públicos".

Los sobreprecios también se destinaban al lucro propio de algunos de los investigados que trabajaban para Mercasa, Incatema, Ibadesa y otras de las empresas. Entre las personas que el juez considera que deben ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Egaña López del Hierro. 

El comisionista prófugo de la justicia

El magistrado explica en el auto el papel del comisionista Guillerme de Oliveira Taveira Pinto, al que considera prófugo de la justicia. Taveira fue también el intermediario de la pública Defex en Angola. Según el auto, el consorcio de empresas CMIC obtuvo contratos con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio angoleño, para construir un mercado mayorista en Luanda (Angola). Varias de las sociedades de Taveira y personas relacionadas con el se embolsaron más de 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes. 

Taveira era, según el auto, el destinatario inicial de las transferencias efectuadas por CMIC y una vez recibidas distribuía parte del importe a sus verdaderos beneficiarios finales. Los compromisos con esas “terceras partes” alcanzaban el 8% del valor total de los contratos. En el caso de los Pardo de Santayana, el juez concluye que consiguieron apoderarse del 2% de todos los contratos del proyecto de mercado central de Luanda, compinchándose para ello con Taveira. En el caso de Herrero de Egaña sería receptor de comisiones del 1% de los contratos y podría, según el juez, haber recibido otro 1% adicional.

Comportamiento "insoportable" en una empresa pública

El juez aprecia una ausencia de cultura de respeto al derecho en las compañías investigadas. "Actuaban con un absoluto desprecio al Derecho, y a las más elementales normas legales y éticas, impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio”. Algo que, si resulta inadmisible en compañías familiares privadas, añade De la Mata, “resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente pública como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses públicos y CMIC, que tenía participación pública”.

El magistrado argumenta que procede también atribuir a los investigados el delito de organización criminal, constituida para conseguir contratos en países extranjeros (en este caso Angola) mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios de ese país. En otros casos, los miembros de la organización criminal consiguieron “enriquecerse ilícitamente de forma sistémica con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de casi 20 millones de euros”.

Según De la Mata Las compañías investigadas en este procedimiento, Mercada y CMIC, carecían de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y, en relación con los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, asegura “eran simplemente inexistentes”. Su actuación en Angola no fue aislada y seguía un patrón delictivo, añade el juez. "Correspondía a un patrón sistémico de funcionamiento, que procedía desde el comienzo de sus actividades internacionales y, en concreto, desde que se constituyó el CMIC”. De la Mata añade también que Incatema y CMIC han tratado de obstruir la investigación. Con este auto, el juez da traslado al fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento.