Dimite el presidente de Mercasa tras la detención de Ignacio González
La SEPI destituye de la empresa pública al hermano del expresidente madrileño y a otra directiva


El presidente de la empresa pública Mercasa, Eduardo Ameijide, ha presentado hoy su dimisión a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dos días después de que se iniciase la operación Lezo por la que han sido detenidos el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su hermano, Pablo, que ha sido además destituido de su cargo por la dirección de SEPI. Además, la sociedad que gestiona las empresas públicas ha destituído a la secretaria del consejo, María Jesús Prieto.
Pablo González fue detenido el pasado miércoles, el mismo día que su hermano, cuando la Guardia Civil desencadenó la operación contra supuestos delitos de corrupción en el entorno del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid, que Ignacio presidió entre 2003 y 2012.
SEPI ha informado en un comunicado de que Ameijide ha entregado esta misma mañana su carta de dimisión, que tendrá efectos en la reunión del Consejo de Administración de la compañía convocado para el próximo 25 de abril. Al mismo tiempo, Mercasa, la empresa pública que gestiona los mercados centrales del país, ha procedido al cese de los directivos María Jesús Prieto Jiménez y Pablo González. Además de su detención por el desvío de fondos en el Canal, Pablo González, como directivo de Mercasa, también se había visto salpicado por otro escándalo, toda vez que la UCO de la Guardia Civil investiga a la empresa en una pieza separada del caso Defex sobre el supuesto desvío de decenas de millones de euros en una venta de armamento a Angola.
La decisión de renovar parte de la dirección de Mercasa, asegura SEPI, deriva de la investigación abierta a estos directivos y del compromiso de ofrecer "la máxima colaboración, sin ningún tipo de trabas", a la Adminsitración de Justicia. SEPI "espera que los responsables de Mercasa afectados por esta investigación puedan acreditar una actuación ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho", añade el comunicado.
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