2019: ¿Año de la Moderación para el Sahel?

Las Naciones Unidas aspiraban, a finales de 2017, a un futuro donde la inclusión y el respeto dictarían la dinámica de la política internacional. Por ello, 2019 pasaba a convertirse -entre otras tantas cosas- en el Año Internacional de la Moderación. Echando la vista atrás, posiblemente alguno de los presentes se sentirá actualmente decepcionado; especialmente en el caso del Sahel, dónde la idílica moderación parece desvanecerse.

La región, compuesta geográficamente por once países (Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Sudán, Eritrea y Etiopía), concentra crisis sempiternas que la convierten en el punto de mira de occidente. El impacto de la crisis libia en 2011 desencadenó una confluencia de inestabilidades que provocaron la reacción de los países europeos, en especial de Francia.

Para hacer frente a esta situación, la solución consensuada parece basarse en una aproximación binominal entre seguridad y desarrollo. Sin embargo, el diagnóstico de la realidad confirma la deriva hacia un síndrome de seguridad. El argumento de la amenaza contra la seguridad de Europa a causa de la situación en el Sahel bastó para armar la región y reducir así los efectos colindantes, como puede ser el fenómeno migratorio, puesto que el Sahel sería, según estimaciones del presidente nigerino, una de las principales regiones de origen de los doscientos cincuenta millones de migrantes esperados para 2050. [1].

A partir de febrero de 2014, la institucionalización del G5 Sahel permitió la coordinación en materia de seguridad -y de desarrollo en menor medida- en cinco países del Sahel Occidental (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad). El origen de esta institucionalización se remonta a cuando la insurrección tuareg en Malí ocupó la zona septentrional del país y fue posteriormente secuestrada por el extremismo islámico de Ansar Dine, del Movimiento por la Unidad de la Yihad del África Occidental. La propagación latente del terrorismo en la región y, sobre todo, la amenaza hacia el uranio francés, provocó la primera intervención francesa en enero de 2013 con la Operación Serval.

A partir de ese momento, aparecieron dispositivos internacionales y regionales que han supuesto una masiva movilización militar para restablecer la paz en la región. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y la sustituta (con ambición regional) de la Operación Serval, la Operación Barkhane, han movilizado alrededor de 13.000 cascos azules y 4.000 soldados franceses. Así, el mismo G5 Sahel que en primera instancia apareció como un dispositivo de coordinación regional para afrontar las crisis internas, priorizó a partir de 2017 la aproximación de seguridad. A través de un contingente regional de 5.000 a 10.000 soldados, el G5 Sahel coopera con la MINUSMA y la Operación Barkhane en sus intervenciones [2].

Sin embargo, cabe recordar que la situación actual en el Sahel Occidental se debe a la insuficiente moderación de las políticas mundiales, de las cuales Occidente es en gran parte responsable. Dos ejemplos bastan para ilustrar este propósito. En primer lugar, la región es una de las principales víctimas del cambio climático. Si profundizamos en los hechos, uno de cada seis árboles en el Sahel ha desaparecido desde los años cincuenta y, entre 1963 y 2013, el Lago Chad perdió el 90% de su superficie [3]. Por consiguiente, el presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, recuerda que el surgimiento y desarrollo de Boko Haram se debe a la pauperización de las poblaciones derivada en parte a la sequía del lago Chad. La falta de recursos agrícolas fue aprovechada a su vez por el grupo terrorista, generando así la situación de hambruna en la cual se encuentra inmersa la región. Recogiendo el propósito de Issoufou, los países del Sahel sufren las consecuencias de la relación directa entre clima e inseguridad, de las cuales están lejos de ser los responsables [4]. A su vez, merece la pena remarcar que mientras África emite únicamente el 4% de los gases de efecto invernadero del mundo, son sus habitantes quienes sufren las principales damnificaciones de éstos.

Por otra parte, el artículo de Iván Navarro en el Informe África 2019 de la Fundación Alternativas [5] concluye poniendo el foco en la necesidad de incluir todas las voces para alcanzar una paz sostenible. Por poner un ejemplo, el acuerdo de Argel firmado en 2015 que puso fin (formalmente, al menos) a la crisis maliense no deja de ser un acuerdo bajo presión internacional y sin la inclusión de los grupos armados y terroristas (debido al rechazo de su propia naturaleza). La prisa por una paz inmediata, apresurada por actores externos, ha impedido alcanzar una paz sostenible y real que permita concienciar a todos los actores involucrados en los beneficios del acuerdo. De hecho, la realidad en Malí demuestra que el país no ha podido recuperar su soberanía en la zona norte del país: la incapacidad de frenar la amenaza yihadista transciende la frontera, fomentando así una inseguridad generalizada en la región.

Llegados a finales de 2019, el enfoque estratégico hacia el Sahel sigue siendo el mismo. La moderación implica incluir todas las voces en los procesos de decisión a la vez que asumir responsabilidades. La radicalización no deja de ser una consecuencia de la ineficiencia del Estado de Bienestar: lo que empezó siendo una denuncia de la corrupción del Estado nigeriano acabó con la formación del grupo más violento de la región, Boko Haram. Este mismo ejemplo muestra la necesidad de adoptar perspectivas inclusivas, basadas en la educación, que permitan dar una alternativa a la migración y la violencia.

Los proyectos orientados a la gobernanza, resiliencia, desarrollo humano o infraestructuras pasan a un segundo plano en detrimento de las mediatizadas acciones militares

Por ello, cabe mencionar que la omnipresencia francesa en el territorio se traslada también en materia de cooperación. La Alianza del Sahel impulsada en julio de 2017 por Francia y Alemania aparece como una iniciativa de cooperación dirigida a las poblaciones y zonas más vulnerables. Esta última cuenta con 680 proyectos financiados con 9.000 millones de euros. Pese al ambicioso proyecto, el responsable de coordinación de la Alianza del Sahel, Jean-Marc Gravellini, constata su modesta puesta en marcha. El balance de 2018 muestra que se ha invertido únicamente un 11% de la financiación [6].

A su vez, el G5 Sahel ha establecido un Programa de Inversiones Prioritarias para el periodo 2019-2021. Sin embargo, los proyectos orientados a la gobernanza, resiliencia, desarrollo humano o infraestructuras pasan a un segundo plano en detrimento de sus mediatizadas acciones militares. Así pues, es necesario recordar el deber de los propios países del Sahel en querer asumir otra perspectiva para enfrentar su situación y querer superar su dependencia con respecto a occidente.

En efecto, el esfuerzo de adoptar otra perspectiva distinta es innegable pero insuficiente en un contexto de crisis y pobreza que, como bien afirma Gravellini, necesita una actuación urgente. La ambición de este año en términos de moderación se ha visto frustrada en el Sahel hasta el punto de generar externalidades negativas a nivel global. No podemos dejar pasar el rol esencial de la mujer [7] y de la juventud en los procesos de decisión para fomentar la paz y la prevención de los extremismos violentos, como bien estipulan las resoluciones 1325 y 2250 de las Naciones Unidas. En efecto, tanto mujeres como jóvenes siguen siendo las principales víctimas de la inacabada moderación.

Por otra parte, la vaguedad de la definición de moderación en la resolución de las Naciones Unidas ha permitido la abundancia de interpretaciones. En este artículo se entiende la moderación como un sinónimo de prevención. Con ello, no se pretende negar la evidente necesidad de la seguridad frente a un fenómeno ya existente. Sin embargo, en el caso del Sahel, mientras que la presencia francesa modera los actos violentos, la estabilidad no está garantizada: el balance de la MINUSMA cuenta con pérdidas de al menos 150 militares y la amenaza terrorista está lejos de desaparecer. Por ello, estas medidas enfocadas en torno a la seguridad deben, imperativamente, verse acompañadas con medidas preventivas centradas en la educación. Así, la necesidad de políticas en materia de seguridad se verá reducida en detrimento del aumento de las políticas de desarrollo sostenible.

* Júlia Mulà Olmos es analista política de la Fundación Alternativas

[1] [4] Le Monde y AFP. (2019, 26 de febrero). Sahel : un plan de plus de 350 milliards d’euros contre le réchauffement climatique . Le Monde. Recuperado de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/26/sahel-un-plan-de-plus-de-350-milliards-d-euros-contre-le-rechauffement-climatique_5428390_3212.html

[2] Grégoire, E. (2019). Le Sahel et le Sahara entre crises et résiliences. Hérodote, 172(1), 5-22.

[3] Ángel Losada Fernández. (2018). El Sahel: un enfoque geoestratégico. Real Instituto Elcano. Recuperado de. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari95-2018-losada-sahel-enfoque-estrategico

[5] Fundación Alternativas. (2019). Informe África 2019. Dinámicas transfronterizas en un contexto globalizado.

[6] Caramel, L. (2019, 5 de febrero). « Nous devons aider plus rapidement et mieux le Sahel ». Le Monde. Recuperado de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/05/nous-devons-aider-plus-rapidement-et-mieux-le-sahel_5419637_3212.html

[7] Iñiguez de Heredia, M., & Ndiaye, A. (2019). Empoderamiento de las mujeres en zonas de conflicto: enfoque en el Sahel. (Documento de Trabajo Opex Nº 101/2019). Observatorio de Política Exterior de Fundación Alternativas.