Respuestas abruptas a la crisis climática

Una afirmación tal la han formulado los proponentes de la IPR (Inevitable Policy Response), un proyecto que trata de preparar a los inversores para los riesgos asociados a la emergencia climática. Se define como el proponente mundial que lidera la inversión responsable. La integran 500 gestores de carteras y está apoyada por Naciones Unidas.

En su último informe, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación, entre otros el Financial Times, advierten de esas posibles reacciones. Otros, como los reseñados en el New York Times y en Truthout particularizan algunos efectos más concretos, en el mercado hipotecario.

El fundamento para asumir esa premonición de reacciones bruscas en los precios de los activos financieros no es otro que la insuficiencia de las acciones adoptadas hasta ahora por los gobiernos para neutralizar los efectos ya visibles en la crisis climática. Vamos por detrás claramente de los compromisos adoptados cuando se suscribieron los Acuerdos de París en diciembre de 2015, y la suposición de los mercados hoy es que no se van a adoptar decisiones importantes en el corto plazo. Pero como las realidades asociadas a esa emergencia climática son suficientemente explícitas, será inevitable que los gobiernos se vean forzados a actuar de forma decisiva, abrupta, a última hora. Será en torno a 2025, estiman esos expertos, cuando las reacciones de los gobiernos tengan lugar, y no precisamente de forma ordenada, estima el IPR. La sugerencia a los inversores que se deduce de esa estimación no puede ser otra que la adopción de decisiones, desde ya, con el fin de proteger el valor de sus carteras y los riesgos latentes en algunos activos, asumiendo que cuanto más se tarde mayores serán los costes potenciales en las mismas.

La realidad ya es suficientemente explícita, pero a partir de ahora ejercerá una mayor presión. Lo hará a través de la alimentación de temores derivados de las catástrofes naturales, de la presión social y electoral, pero también de las inquietudes sobre la seguridad nacional. Entre las reacciones que pueden adoptar los gobiernos se encuentran la prohibición del uso de carbón, de los motores de combustión interna, el aumento de la capacidad nuclear y de la bioenergía, la intensificación de esfuerzos para la consecución de mayor eficiencia energética, reforestación, mecanismos para elevar el precio de las emisiones de CO2, etc. Son decisiones que pueden impactar en varios ámbitos, desde la macroeconomía hasta el uso de la tierra y, desde luego, el sector energético.

Con independencia de que se asuman a pie juntillas todas esas conclusiones del IPR, lo que sí es una sugerencia sensata es la actuación previsora, estratégica, en cada empresa, para preparar la transición, especialmente las industriales, pero también las financieras. En este último caso, los comités de inversiones están llamados a jugar un papel relevante, en la medida en que deberán llevar a cabo la calificación de las inversiones con arreglo a las nuevas restricciones.

Más allá de estas razonables advertencias, estos días también se han difundido trabajos específicos que afectan a mercados tan significativos como el hipotecario. Las referencias antes señaladas aportan información suficiente. Los riesgos de que viviendas cercanas a los litorales queden depreciadas por la elevación del nivel marino o por otras catástrofes naturales, han empezado a tener impacto sobre los precios de las hipotecas. Las compañías de seguros también tienen motivos para estar alerta.

El informe referido que comenta el New York Times da cuenta de cómo los bancos están tratando de desplazar las hipotecas de mayor riesgo climático a las instituciones hipotecarias públicas, estableciendo analogías con lo que ocurrió en los años precedentes a la crisis de las hipotecas subprime. La experiencia de huracanes entre 2004 y 2012 estarían apoyando esos movimientos. Los prestamistas habrían incrementado por esas razones en un 10% las hipotecas vendidas a Fannie Mae y Freddie Mac, las agencias estatales, ante el mayor riesgo de insolvencia.