Encuentro cumbre para lograr la paz energética

Están las aguas muy revueltas en el entorno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el curso que han tomado las propuestas de circulares para los sectores de gas y electricidad que debe aprobar el organismo para el próximo periodo regulatorio de cinco años, que empieza el próximo 1 de enero para la electricidad y en enero de 2021 para el gas. En este sector, precisamente, el asunto ha alcanzado cotas que, si acaban cumpliéndose las medidas recogidas en las propuestas, las empresas implicadas ya han adelantado que reclamarán declaración de zona catastrófica.

Según la ley, la CNMC debe aprobar las circulares antes del 31 de diciembre de 2019. Si se incumple el plazo, se renovaría la actual reglamentación con las remuneraciones actuales por el uso de la red y en los peajes. Ahora, la CNMC se encuentra en el proceso de análisis de las alegaciones presentadas por las empresas y el Ministerio para la Transición Ecológica. Posteriormente, deben pasar por el Consejo de Estado para que la CNMC apruebe la nueva regulación.

Las dos partes negociarán para “llevar las cosas a un término razonable”

La decisión debe tomarse en las próximas semanas. Sin embargo, la permanencia de un Gobierno en funciones, que tiene atadas las manos para tomar decisiones, enturbia más la situación. A ello hay que añadir que, como consecuencia de que no haya un nuevo Gobierno ni Parlamento, no se ha podido llevar a cabo el relevo de cinco de los diez miembros del consejo de la CNMC (entre ellos, el presidente y la vicepresidenta), prevista para estas fechas. Esta circunstancia ha permitido que la eterna pelea entre uno y otra haya vuelto a aflorar, con filtraciones de divergencias dentro del pleno por las circulares. En todo caso, será este consejo el que apruebe las circulares.

El Gobierno teme que una regulación extrema perjudique los proyectos de las empresas

Pero la cuestión es que las aguas han subido de nivel de manera alarmante y las alegaciones que presentó el ministerio que dirige Teresa Ribera han contribuido a ello. Estas se centran en siete de las 14 propuestas de circulares, relativas al acceso y conexión de las redes eléctricas y las metodologías de peajes. El ministerio considera, además, que ha habido invasión de competencias y que no ha tenido en cuenta las orientaciones de política energética del Gobierno, tal como impone la ley.

Para arreglar el entuerto, se han creado comisiones de cooperación, al tiempo que se ha establecido “una comunicación constante” entre la CNMC y el ministerio. Al frente de las delegaciones figuran el presidente de la CNMC, José María Marín, y el secretario de Estado de la Energía, José Domínguez Abascal. Ya se ha tenido alguna reunión, pero se espera una cumbre para esta semana “llevar las cosas a un término razonable”, según fuentes implicadas.

Aunque en la CNMC se asegura que las diferencias son más bien técnicas, en el departamento se considera que algunas propuestas, sobre todo del gas, son demasiado duras y pueden llevar, incluso, a la desaparición de empresas de distribución por la caída de las retribuciones. Las dos partes persiguen el mismo fin: defender la “necesaria competencia y el interés general y asegurar el suministro”. El problema es que si la regulación es extrema, se puede dar al traste con los proyectos de las compañías, como han denunciado Naturgy, Madrileña de Gas o Redexis, que se han buscado el apoyo de la CEOE para atizar al Ejecutivo (Garamendi calificó de “barbaridad” el recorte propuesto); así como Enagás y Red Eléctrica, cuyo presidente, Jordi Sevilla, cargó sin piedad: “Introduce un elevado nivel de incertidumbre sobre las inversiones, incorpora una elevada discrecionalidad sobre la política energética y es discriminatoria con la actividad de transporte”.

Es decir, la labor de componedores de Marín Quemada y Domínguez Abascal tiene futuro. Tendrán que buscar un equilibrio. “No va a haber más remedio que dulcificar algunos aspectos; se puede plantear un abaratamiento de la tarifa, pero puede que no haya empresas para el suministro”, dicen las fuentes consultadas. Y añaden que, además, “puede provocar problemas jurídicos y plantearse como un caso temerario”.

La CNMC propone que la retribución de las eléctricas se reduzca un 7% y la de las gasistas, un 17,8%. Y que el transporte de electricidad y gas, que hacen Red Eléctrica y Enagás, se recorte un 8,2% y un 21,8% para el periodo 2020-2025. En otras circulares plantea reducir un 6,8% los peajes eléctricos para el consumo doméstico y un 13,4%, el industrial. Para el gas, el recorte es del 26% para los hogares y un 6,7% para los industriales. La medida bajaría en torno a un 13% el recibo del gas y un 3% el de la luz, según los cálculos de la CNMC.